La sanción de 18 años para ejercer cargos públicos había sido impuesta por la Procuraduría en 2010 alegando nexos con la guerrilla de las FARC, en uno de los casos conocidos como la ‘Farcpolítica’.
Los documentos y archivos hallados en el computador de ‘Raúl Reyes’ en el operativo que dio con su muerte fueron las pruebas aportadas contra la dirigente política.
Sin embargo, la sala plena del Consejo de Estado halló que la actuación del Ministerio Público no se ajustaba a la ley, por cuanto las pruebas habían sido declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia, al haberse roto la cadena de custodia.
Por esto aceptó la nulidad de la sanción contra la exsenadora.
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Esto no implica que Córdoba pueda volver a la vida política, ya que sobre ella pesa otra sanción de 14 años por aportes de dinero a una campaña política.