Contralor delegado que dirigió investigación sobre terrenos baldíos denunció amenazas

Luis Higuera explica que desde hace 24 horas está recibiendo llamadas, pese a que los procesos no han concluido y a nadie se ha encontrado culpable.
Higuera, el experto que desde su cargo del contralor para el Sector Agrario dirigió la investigación sobre la ocupación de tierras baldías en Colombia, dice que está en peligro.
"Quiero llamar la atención de la opinión sobre la necesidad de que la investigación, que no ha señalado responsables, transcurra tranquilamente. Y lo digo porque en las últimas 24 horas he recibido varias llamadas con amenazas contra mi vida", señala.
A su juicio, esta investigación que no ha señalado culpables de una presunta acumulación ilegal de tierras baldías en manos de funcionarios, políticos y empresarios fue manejada desde 2013 con la prudencia y la cautela debidas.
Y agrega que "la Contraloría entregó en su momento al presidente Santos un informe en el que se mencionaban los nombres de altos funcionarios que podrían estar comprometidos en la adquisición de terrenos que eran baldíos y en posibles violación del régimen de las unidades agrícolas familiares".
El expresidente Uribe -a quien algunos congresistas denunciantes lo relacionaban directamente con presuntas anomalías- permitió la visita de una comisión de investigación a sus predios de El Ubérrimo.
"Es importante aclarar que la Contraloría no encontró al expresidente Uribe responsable fiscalmente, pero en cumplimiento de sus funciones dio traslado a otras autoridades para investigar la compra de algunos terrenos con los que, posteriormente a la visita, fueron ampliados los predios”.
Sobre ese tema el senador indicó ayer que "las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal por cuanto el estado adjudicó los predios antes  de la ley 160 de 1994. Así se desprenden claramente de los informes de la Superintendencia de Notariado y Registro en su instrucción administrativa 09 de 2017".
Los hallazgos más concretos se refieren a exfuncionarios como el exministro Rubén Darío Lizarralde.
El expresidente muestra que en el caso del exministro Lizarralde se pudieron haber presentado adquisición irregular de predios en beneficio del gremio de palmicultores que él representó. Algunos de ellos fueron adquiridos por intermedio de su exesposa, la exministra de Educación María Fernanda Campo.
Ahora el caso queda en manos de la Agencia de Tierras, de la Procuraduría y de la Fiscalía para que determinen si deben ser anuladas las compras de tierras y si fueron vulnerados los códigos penal y disciplinario.