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Empresario es señalado de secar humedales y venderlos como lotes

Fiscalía General

Carlos Enrique Kléber Obregón deberá responder por los daños ambientales ocasionados a la Ciénaga Grande de Magdalena. Por esto han sido condenadas 39 personas.
Gracias a pruebas obtenidas en inspecciones realizadas en el área, se identificó una modalidad ilícita de loteo que ha acelerado la desaparición de especies indispensables para el equilibrio del ecosistema y el deterioro de los cuerpos de agua en el corregimiento de Palermo, en Sitio Nuevo, Magdalena, informó la Fiscalía.
Las evidencias dan cuenta que un grupo de personas habría invadido el lugar, secó los humedales, fragmentó el terreno para vender lotes a proyectos urbanísticos, agropecuarios y recreativos y, en algunos de los casos, levantó edificaciones.
Por estos hechos, a comienzos de enero un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos solicitó audiencia de imputación contra el empresario Kléber Obregón como presunto responsable del loteo irregular en la Ciénaga Grande de Magdalena, declarada zona de especial protección y conservación ecológica.
La diligencia fue programada para el próximo martes 19 de febrero en Barranquilla.
Kléber Obregón será imputado por daño a los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica.
La Fiscalía prepara más imputaciones y solicitará las respectivas audiencias contra otros empresarios que estarían vinculados a la comercialización ilegal de terrenos de la ciénaga.
Asimismo, el ente ha descubierto varias actividades que estarían acabando con la Ciénaga Grande de Magdalena como la extracción de carbón, pesca ilegal, tala indiscriminada de vegetación, quemas indiscriminadas, contaminación con plomo y aprovechamiento de especies.
Desde 2013, han sido condenadas 39 personas por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial protección, entre otros delitos.
Los procesados aceptaron cargos y las penas impuestas oscilan entre los tres y cinco años de prisión, y el pago de multas de hasta 60 millones de pesos. Parte de los sentenciados son propietarios de haciendas, empresarios, ganaderos y habitantes de la región.

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