El Gobierno colombiano a través de la Superintendencia de Sociedades tomó control de todos los activos de la firma, implicada a través de onerosos contratos, en el escándalo de los sobrecostos en la refinería de Cartagena.
La Contraloría General calcula que estos gastos adicionales estuvieron por el orden de los USD$4.500 millones.
La Superintendencia, a partir de la fecha, vigilará y controlará todas aquellas decisiones de la compañía. Es decir, los representantes legales de la firma deberán consultar cualquier decisión de orden operativo y/o financiero.
Según el Gobierno, esto permitirá un control y evitará que dichos directivos borren o saquen información de la compañía, un tema clave en momentos en que entidades como la Fiscalía y la Contraloría estudian su responsabilidad en el descalabro financiero de la refinería.
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