Madres de 5 víctimas de falsos positivos escuchan en JEP a 14 militares vinculados en homicidios

Si los dos oficiales, el suboficial y los once soldados cumplen con las exigencias de la Jurisdicción, sus penas de 50 y 37 años podrían ser rebajadas a 5 años.
Los militares acudieron a la JEP para responder los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir, tras la muerte de los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá.
Durante la audiencia, Pedro Díaz, magistrado de la sala de definición de situaciones jurídicas, recordó a los uniformados que deben “reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión”.
De no hacerlo no recibirían beneficios.
Los hechos por los que comparecen ocurrieron en los municipios de Soacha, Cundinamarca, y Ocaña, Norte de Santander, en los meses de enero y agosto de 2008.
Los cinco jóvenes murieron luego de una “promesa engañosa y con expectativa de lograr excelente remuneración económica”, por lo que emprendieron un viaje “por vía terrestre hasta el municipio de Ocaña, donde fueron entregados a miembros del Ejército Nacional adscritos a la brigada móvil número 15 acantonada en esa ciudad”, precisó Mercedes Patiño, secretaría de la sala de definición de situaciones jurídicas.
Algunos de los citados pidieron perdón a las madres de Soacha.
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