Presidenta de Parlamento catalán declara en Tribunal Supremo de Madrid

Carme Forcadell y otros cinco legisladores son acusados de rebelión, sedición y malversación por armar "una estrategia concertada a declarar la independencia".
Un día después de una huelga en Cataluña para pedir la libertad de estos dirigentes, Forcadell y los otros cinco diputados eran interrogados por el juez Pablo Llarena sobre su papel en el proceso independentista lanzado en esta región.
Aun así, la cámara regional aprobó el 27 de octubre una declaración de independencia que supuso el punto álgido de una crisis sin precedentes en la historia moderna del país.
En su declaración, Forcadell defendió que como presidenta del parlamento no tiene "libertad para impedir votaciones" y que el TC no puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo.
La defensa intentó restar importancia a dicha declaración, señalando que no tuvo "efectos jurídicos", informaron fuentes presentes en el interrogatorio.
El magistrado Pablo Llarena podría decretar prisión preventiva para ellos, como ocurrió con gran parte de los dirigentes que organizaron el 1 de octubre el referéndum inconstitucional.
Juncker: el nacionalismo "es un veneno"
El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, evitó ir a la cárcel al viajar a Bélgica hace diez días junto a cuatro de sus ministros, y ahora están pendientes de la decisión de la justicia belga de extraditarlos a España.
El objetivo de este viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándole la espalda, como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la Universidad de Salamanca (centro de España).
"El nacionalismo es un veneno que impide que Europa viva junta", afirmó Juncker, que fue investido doctor honoris causa, en un acto al que acudió el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.
Después del referéndum, que aseguraron haber ganado con un 90% de los votos y una participación del 43%, los independentistas proclamaron una república catalana que no fue reconocida por ningún país.
A las horas, la declaración quedó en papel mojado. El gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas destinadas a tomar el control de Cataluña.
Sus impulsores se exponen ahora a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición y ocho de ellos ya están entre rejas.
Sus militantes los consideran "presos políticos", pero desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional descartaron por ahora esta etiqueta, señalando que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito. La juez tiene derecho a investigarlo".
Inestabilidad económica
Las encarcelaciones provocaron una huelga general el miércoles en Cataluña, con un seguimiento muy minoritario pero graves perturbaciones en el tráfico por los cortes de carreteras y vías férreas de diferentes piquetes.
Las principales autopistas fueron cortadas dejando atrapados a cientos de camiones y los manifestantes ocuparon las vías de las estaciones de Barcelona y Girona, que conectan con Francia y Madrid, afectando a más de 150.000 pasajeros.
Se trata de la segunda huelga general en un mes y medio de inestabilidad en Cataluña, que ha visto cómo 2.200 empresas trasladaban su sede a otras regiones.
La Comisión Europea alertó que la crisis puede afectar el vigoroso crecimiento español y el organizador del Congreso Mundial del Móvil, el más importante de la telefonía móvil, recordó "la necesidad de un ambiente seguro y estable" para seguir celebrando la feria en Barcelona, informó una portavoz.
Aun así, los independentistas prometen seguir con sus protestas mientras preparan las elecciones regionales del 21 de diciembre convocadas por Rajoy, en las que esperan retomar el poder.
El gobierno español espera una amplia movilización de los no independentistas en estos comicios, cuyo resultado se prevé muy ajustado, y una vuelta a cierta normalidad.
"Sería importante que hubiera una participación masiva (...) Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad", afirmó Rajoy desde Salamanca.
Pero Puigdemont no da su mano a torcer y desde Bruselas sigue reclamando sin éxito un frente unitario del independentismo contra la intervención de Madrid.
"Hay que echar democráticamente de nuestras instituciones a quienes las han querido hacer suyas con un golpe de Estado", dijo en una carta.
Vea también:
Protestas en Cataluña para exigir liberación de políticos...