El ataque con papa bomba contra el policía John Freddys Rodríguez Sandoval frente a la Universidad Nacional reportado este 8 de junio trajo a la memoria la tragedia que ocurrió el 30 de agosto de 2000, hace 23 años, en esa misma zona.
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Ese día, el patrullero Mauricio Andrés Soto Londoño, de la Policía Antimotines, murió tras ser impactado por una papa bomba arrojada durante unas protestas en la Universidad Nacional, que se realizaron en medio de la visita a Colombia del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
El uniformado y varios de sus compañeros habían ingresado al campus para intentar controlar a los encapuchados que estaban provocando desmanes, según informaron medios nacionales en esa época.
Sin embargo, no pudieron contenerlos y en su intento por huir de la Universidad Nacional, el uniformado fue impactado en la parte de atrás de la cabeza por una papa bomba, lo que le causó la muerte.
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El alcalde de Bogotá de ese momento, Enrique Peñalosa, ofreció una recompensa de $50 millones para quien brindara información que permitiera la captura del responsable del homicidio del uniformado, oriundo del municipio de La Merced, en Caldas.
La Universidad Nacional, entretanto, decretó un cese de actividades y envió un comunicado: “A la familia del patrullero Soto y a la Policía Nacional les manifestamos nuestras más profundas condolencias. La Universidad repudia las acciones que una vez más nos convierten en objetivo de la violencia, valiéndose de nuestra identidad y de nuestros espacios. Amparados bajo el anonimato que provee la capucha, sus protagonistas atentan contra la vida, la Universidad y su misión académica”.
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Doce años después, en mayo de 2012, la Fiscalía General de la Nación informó que había capturado Carlos Andrés Arango Duarte, señalado de ser el encapuchado que “le lanzó, a poca distancia, una papa bomba al patrullero” Soto.
El 25 de enero de 2013 fue acusado como presunto responsable del homicidio agravado del uniformado, “por tratarse de un servidor público y que además murió con ocasión del servicio”, indicó el ente judicial.
Según la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá “avaló la prueba aportada por un testigo presencial que reconoció y denunció en 2000 a Arango Duarte, versión que reiteró sin asomo de duda en 2011 cuando volvió a rendir declaración en calidad de testigo”.
Sin embargo, un juzgado de Bogotá consideró que dicho testigo no describía al detenido, quien estuvo recluido en La Picota y fue liberado tres años después, en el 2015.
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