La Procuraduría General de la Nación tiene en su poder las denuncias de algunos miembros de la comunidad de Bocas de Manso, en el municipio de Tierralta, Córdoba, en las que relatan que fueron víctimas de todo tipo de agresiones y saqueos. Entre lo narrado, dijeron que una mujer embera fue abusada sexualmente.
En las declaraciones de las víctimas, estas señalan que el lunes 11 de septiembre, hacia las 12:40 del día, llegaron diez hombres fuertemente armados diciendo que eran disidentes de las FARC. Cuentan que solo tres de ellos tenían las caras tapadas con pasamontañas y por esa razón pudieron identificar a algunos de ellos como integrantes del Ejército Nacional.
Los ciudadanos afirmaron que los uniformados llegaron a la casa de una mujer embera, de la que abusaron sexualmente mientras amenazaban a un hombre de la tercera edad que estaba en el sitio.
Luego se dirigieron a la casa comunal de la vereda en Tierralta y les ordenaron a quienes estaban ahí, aproximadamente diez personas, que se tiraran al suelo. Después forzaron a todos los habitantes a salir de sus casas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, quienes también tuvieron que lanzarse al piso. Allí permanecieron durante tres horas mientras recolectaban los datos de toda la población.
Para intimidarlos, según las víctimas, los uniformados dispararon en varias oportunidades. A cinco de los ciudadanos los apartaron del grupo para golpearlos y maltratarlos, y se llevaron al presidente de la junta de acción comunal, al que también lastimaron.
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La comunidad denuncia que los militares les robaron ropa, elementos de aseo y dinero y que, al marcharse, se dirigieron a un lugar donde estaba acantonado el Ejército.
Algunos líderes comunales de Tierralta habrían abandonado el territorio por miedo.
El procurador delegado de Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se dirige a la vereda de Bocas de Manso en Tierralta con una delegación de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para “verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar” de los hechos ocurridos con la comunidad étnica.
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“Aún no hemos podido hablar con la comunidad de manera directa. Sin embargo, a través de los videos lo que se puede apreciar es que hay unas palabras soeces, hay unas amenazas, hay una intimidación”, manifestó.
El procurador delegado también espera “establecer si existen, adicional a las amenazas e intimidaciones que generaron zozobra y temor, algunos actos sexuales, como se ha indicado de manera extraoficial”.
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