La historia de José Benjamín Sánchez y María Felisa Mosquera, ambos de 82 años, representa uno de los matices más crueles del desamparo en la vejez: el abuso económico por parte de parientes cercanos. Tras compartir casi medio siglo de vida, esta pareja regresó a Colombia buscando tranquilidad, pero terminó enfrentando la indigencia. Séptimo Día los conoció.Su unión comenzó en 1980, cuando se conocieron y decidieron, según palabras de María Felisa, unirse "para siempre". Durante décadas, la pareja se estableció en Venezuela, donde construyeron un patrimonio fruto de su trabajo. Él se desempeñó como conductor y ella como costurera, logrando adquirir una vivienda y vehículos. Sin embargo, en 2019, la combinación de una crisis económica profunda y el deterioro en la salud de ambos, ella sufrió una trombosis que le quitó la vista y él enfrentó dos infartos, los obligó a venderlo todo para buscar refugio en Bogotá.El robo de su sobrina que los dejó en la calleAl llegar al barrio Venecia, en el sur de Bogotá, José Benjamín portaba el capital de toda su vida, una suma cercana a los 90.000 dólares. Con la intención de no estar solos y contar con apoyo familiar, invitaron a una sobrina de María Felisa a vivir con ellos. Lo que esperaban que fuera un acto de acompañamiento se transformó en el inicio de una pesadilla.José Benjamín relata con amargura el momento del robo: "Alquilé un apartamento ahí, pues había un familiar de ella por allá y nos lo trajimos para que nos acompañara, pero resulta que la señora nos robó, se llevó la platica, quedamos pues prácticamente sin nada"Esta traición no solo les arrebató su seguridad financiera, sino que los dejó en una situación de vulnerabilidad extrema. Según sus propias palabras, la decisión de confiar en su pariente fue "una perdición más grande" que los dejó "con una mano adelante y otra atrás".El dolor del desamparo durante su vejezA diferencia de otros casos de abandono donde existen hijos que se desentienden de sus padres, José Benjamín y María Felisa enfrentan la soledad de no haber tenido hijos. Esta ausencia de una red de apoyo hizo que, tras el robo, no hubiera nadie que pudiera responder por sus necesidades básicas.Al ser consultado sobre si existían otros familiares que pudieran auxiliarlos, José Benjamín explicó la distancia y la imposibilidad de sus otros parientes: "Somos muy, muy distantes, ya los hermanos míos pues son más viejos que yo, entonces ya ellos viven de los hijos, de los nietos. Yo pienso que ellos pues a la hora de la verdad ellos no tienen con uno"Ante esta difícil situación, el Estado colombiano debió intervenir para evitar que la pareja terminara viviendo en las calles, una realidad que afecta a miles de adultos mayores en el país.El dolor de la separación institucionalLa entrada al sistema de protección trajo consigo un nuevo desafío emocional. Inicialmente, al no existir protocolos que permitieran el ingreso conjunto inmediato, la pareja fue separada por primera vez en 46 años. María Felisa recuerda el impacto psicológico de ese momento: "No, yo me puse a llorar porque, ¿cómo es posible que me van a llevar a mí sola por allá y me separaron de Benjamín?".Durante dos meses, los adultos mayores vivieron en centros distintos, enfrentando la incertidumbre y la tristeza de la soledad. No fue sino hasta su traslado a la Comunidad de Cuidado Bello Horizonte, gestionada por la Secretaría de Integración Social en Bogotá, que lograron reencontrarse. José Benjamín describe el alivio de volver a estar juntos: "Pues sentimos alegría porque duramos dos meses distanciados, entonces que nunca nos había tocado y llegamos a este lugar y estamos junticos, pues estamos felices".Abandono y justicia: el marco legal en ColombiaEl caso de esta pareja hace parte de una problemática nacional creciente. Según datos oficiales, en el año 2024 se registraron más de 1.000 denuncias que involucraban a 2.000 ancianos abandonados en el país. En Bogotá, el costo de atender a un adulto mayor en estas comunidades de cuidado asciende a los $7 millones mensuales por persona, recursos que provienen del erario público cuando las familias no responden.La legislación colombiana, a través de la Ley 1850 de 2017, tipifica el abandono como un delito que puede acarrear penas de 4 a 8 años de prisión y multas económicas de hasta cinco salarios mínimos. Esta ley no solo castiga el desamparo físico, sino que también busca proteger a los adultos mayores de la violencia económica y el maltrato intrafamiliar. Expertos señalan que "es un delito dejar a una persona mayor pariente en una situación de abandono", una advertencia que cobra relevancia ante el envejecimiento acelerado de la población.Actualmente, José Benjamín y María Felisa residen en Bello Horizonte, donde reciben alimentación y atención interdisciplinaria costeada por el Estado. Aunque han recuperado la estabilidad, su historia permanece como un testimonio del riesgo que enfrentan los adultos mayores ante la falta de redes de apoyo sólidas y la fragilidad de los vínculos familiares frente al interés económico.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
Colombia enfrenta una crisis silenciosa pero creciente: el abandono de los adultos mayores. Según cifras recientes, solo en Bogotá existen más de 22.000 personas en condición de desamparo, una cifra que satura los servicios y plantea interrogantes éticos sobre la responsabilidad familiar. Séptimo Día investigó.Roberto Angulo, secretario de Integración Social, señala una realidad preocupante en el país: "No deberíamos tener nosotros personas en abandono con lazos familiares de familias que sí tienen capacidad de pago, no solamente en cumplimiento de la ley, sino en el marco del afecto".Esta problemática no solo responde a la falta de recursos económicos, sino a fracturas emocionales profundas. El Estado colombiano, a través de diversas comunidades de cuidado, asume el costo de la atención interdisciplinaria, que puede alcanzar los 7 millones de pesos mensuales por persona. María Cristina Tobón, subdirectora para la Vejez, explica la labor institucional ante la ausencia de redes de apoyo: "Atendemos personas en abandono donde sus redes de familia no pueden hacerse cargo de las personas y aquí es donde entramos como Estado a apoyar en esa labor".El error que fracturó una familiaDentro de este panorama de indiferencia resalta la historia de Marina Niño. A sus 70 años, vive en el hogar geriátrico Santa María, en la localidad de Suba, donde pasa sus días tejiendo y recordando cómo terminó apartada de sus hijos hace tres décadas. El origen de su tragedia se remonta a finales de los años 80, cuando una crisis personal y económica la llevó a tomar decisiones desesperadas. Tras descubrir la infidelidad de su esposo, Marina relata su difícil situación: "Los encontré la misma cama de mi casa y yo no quise volver más con él. Me puse a trabajar en Abastos ayudando a cargar las bolsitas a las señoras del mercado con una barriguita y me regalaban comida por ahí, cualquier pesito".Con un hijo recién nacido y una niña de dos años, Marina aceptó una propuesta para transportar mercancía a Panamá, creyendo que obtendría el dinero suficiente para un apartamento. Sin embargo, la realidad fue distinta. "Droga", responde cuando se le pregunta qué contenían los pantalones que llevó en ese primer viaje. Asegura que nunca recibió el pago prometido y que, un año después, ante la necesidad, aceptó llevar una maleta con cocaína hacia México, donde fue capturada.La condena de ocho años en MéxicoLa captura en el aeropuerto mexicano marcó el inicio de una condena doble: la judicial y la afectiva. Marina pasó ocho años tras las rejas en un país extranjero, aislada completamente de su realidad en Colombia. "Me cogieron presa en el aeropuerto. Me dieron nervios porque llevaba la maleta... Esa cárcel se volvió terrible. Sin visita, sin nada. Fue muy terrible para mí"Durante casi una década, el contacto con sus hijos fue inexistente. "Nunca", afirma con contundencia al ser consultada sobre si pudo hablar con ellos durante su reclusión.Al cumplir su condena y regresar al país, Marina esperaba un reencuentro, pero se encontró con resentimiento alimentado, según su testimonio, por la mujer que originalmente la envió a México. Segúncuenta, esta persona les contó a los niños una versión que los indispuso contra ella. "Ella ya les había llenado la cabeza de ellos. Y cuando yo fui a decirle la verdad, ya ellos no me quisieron creer. Me dijo: 'Usted está acomodando eso, mamá. Eso no fue así'"."Ellos no me quieren": el ruego por una última oportunidadHoy, Marina habita en una de las comunidades de cuidado del distrito en Bogotá. Su dolor no es físico ni financiero, pues cuenta con alojamiento y alimentación; su agonía es emocional. "Ellos no me quieren, ellos no me quieren", repite entre lágrimas al referirse a sus hijos. La mujer admite que cometió un error grave, pero enfatiza que su intención actual no es obtener beneficios económicos de ellos: "Quisiera tenerlos acá para poder hablar y pedir perdón".El caso de Marina refleja una de las caras más crudas del abandono. A pesar de los intentos de mediación, el rechazo persiste. Uno de sus hijos, contactado telefónicamente, se abstuvo de dar declaraciones públicas, aunque reconoció haber vivido momentos de profundo dolor debido a las acciones pasadas de su madre.El debate legal y la responsabilidad del EstadoEl abandono de adultos mayores en Colombia no es solo una falta ética, sino un delito tipificado. La Ley 1850 de 2017 establece penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes desamparen a sus parientes mayores. Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, señala la importancia de mantener los vínculos: "Si necesitan ayuda, estamos dispuestos a dárselo, pero sin romper el vínculo familiar, porque la corresponsabilidad sigue siendo conjunta".Aun así, existen 500 personas en lista de espera en Bogotá para acceder a un cupo en hogares, aguardando, en muchos casos, el fallecimiento de otro residente para ser atendidos. La situación de Marina Niño, quien llegó a estas instancias tras deambular por las calles y vivir la pandemia de 2020 en total vulnerabilidad, es el espejo de miles que hoy solo esperan una palabra de sus familiares. Marina concluye su relato con una petición directa a quienes la escuchan, esperando que llegue a oídos de sus hijos: "Que ellos no crean lo que han dicho y lo que han hablado. Que me perdonarán".
Lorena Rodríguez, una administradora de empresas nacida en Garagoa, Boyacá, enfrentó durante casi una década una batalla. Lo que comenzó como una alta autoexigencia y perfeccionismo derivó en trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, para finalmente consolidarse en un trastorno mixto ansioso depresivo que la llevó al límite de su resistencia física y emocional. Los Informantes conoció su historia.La mujer describe su estado previo a la cirugía como una agonía constante. "Dios o la fuerza suprema que esté ahí, ya vivir así no es vivir, es modo supervivencia. No quiero. Si tú tienes la potestad, porque yo no tengo la potestad, ya llévame. Y si hay alguna otra herramienta, ponla en mi camino, por favor. Pero ya no aguanto más así. Ya estoy cansada. Estoy agonizando. Mi alma está agonizando realmente", relata Lorena sobre sus momentos de mayor desesperación, en los que llegó a intentar quitarse la vida ingiriendo todos sus antidepresivos.A pesar de ser una profesional competitiva y exitosa, su cerebro había perdido la capacidad de procesar el bienestar. "Yo llegaba de tener un día de trabajo, pero me derrumbaba en la casa. Entonces, no siempre ser productivo es sinónimo de bienestar emocional", explica, señalando que "su cerebro no tiene la capacidad de ver el éxito y de gozarlo".¿Qué es la depresión resistente?La condición de Lorena se clasifica como depresión resistente, una patología que afecta a entre 500.000 y 800.000 personas en Colombia. En estos casos, los tratamientos convencionales como la psicoterapia y los psicofármacos no logran regular la actividad cerebral. El neurocirujano William Contreras, encargado del caso, explica que la depresión no es solo un desequilibrio químico, sino un problema de circuitos eléctricos.El especialista utiliza una analogía automovilística para describir el funcionamiento de los neurotransmisores y la electricidad en el cerebro: "Yo mando una información por un Ferrari, tengo unas carreteras y mando el Ferrari. El Ferrari necesita gasolina en cada ciudad o cada estación. Esos son los neurotransmisores y eso es lo que nosotros modificamos con los medicamentos. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que hay avenidas que están con atasco, mucho tráfico".Según Contreras, en pacientes con depresión, áreas como el área subgenual están hiperactivas, funcionando como un "cortocircuito" de tristeza, culpa y desesperanza que impide que la información fluya.La intervención: electrodos en el centro del cerebroLa solución propuesta fue la estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés), una tecnología ya probada en pacientes con Parkinson pero innovadora en el tratamiento de la salud mental. El procedimiento consistió en implantar cuatro electrodos diminutos en las áreas más profundas del cerebro para reorganizar los circuitos eléctricos. La cirugía se realizó con la paciente consciente, utilizando anestesia local, lo que permitió una interacción en tiempo real entre los médicos y Lorena mientras se modulaban los impulsos eléctricos."Tú diriges una orquesta y hay unos instrumentos que están desafinados, la corriente los afina. ¿Qué hace el neurotransmisor? El neurotransmisor le sube el volumen, pero está desafinado. Entonces, la orquesta no va a cantar a un unísono. Necesita es con electricidad regular esos instrumentos", señala el doctor Contreras.Durante la cirugía, Lorena experimentó un cambio inmediato al activarse los electrodos. "Sentía que el doctor estaba por allá metiendo. Escuché cómo sonaba mi cerebro, en un momento como que estaban modulando una partecita y yo dije, 'Se me fue el nudo.' Yo siempre tenía un nudo en la garganta. Estaban subiendo el impulso. Yo no sé qué hicieron. Yo no sé en dónde tocó el doctor y yo dije, 'Se me fue el nudo que tengo en la garganta.' Sentí un alivio", recuerda Lorena sobre lo que sintió.Los resultados de la innovadora cirugíaUn año después de la intervención, Lorena vive con un generador de impulsos o batería alojado debajo de su clavícula, conectado a los electrodos cerebrales.Este dispositivo funciona como un regulador externo que ella misma puede gestionar según sus necesidades emocionales. "El doctor lo ajusta y lo único que yo puedo hacer es o encender o apagar la estimulación o cambiarlo de programa porque dejan ciertos programas prediseñados dependiendo mis necesidades", explica.Si Lorena siente que la desesperanza comienza a dispararse tras un evento externo, puede activar un programa específico para controlarla. Sin embargo, aclara que la tecnología no elimina las emociones humanas naturales: "La tristeza en mí sigue existiendo, la nostalgia, pero de manera normal, no de manera ya patológica".Un nuevo comienzo en España para LorenaLa evolución de la paciente ha sido drástica. De estar "paralizada" por la ansiedad y la depresión, Lorena ha recuperado su funcionalidad al punto de mudarse a Madrid, España, donde actualmente trabaja.Ella estima su mejoría en un 80% y destaca pequeños gestos cotidianos como grandes victorias: "Siento que el hecho de estar aquí sentada, de haberme maquillado, de haberme peinado, de sentir felicidad al verte, al contarte esta historia, al dar luz. Eso para mí ya es ganancia".Esta cirugía representa una esperanza para miles de pacientes en Colombia que no encuentran alivio en la medicina tradicional. Para Lorena, los electrodos se han convertido en un soporte vital que ella describe con afecto: "Te tengo aquí. Eres como un corazoncito más. Me estás ayudando bastante".
El viernes 8 de mayo de 2026, la política colombiana se detuvo ante la noticia de la muerte de Germán Vargas Lleras en la ciudad de Bogotá. El exvicepresidente, quien también se desempeñó como ministro del Interior y de Vivienda, falleció a los 64 años tras enfrentar un complejo cuadro de salud que incluyó un tratamiento por un tumor cerebral iniciado en 2024. Según los reportes clínicos de la Fundación Santa Fe, el líder del partido Cambio Radical pasó sus últimas semanas bajo cuidado médico domiciliario, falleciendo rodeado de su círculo más íntimo, incluyendo a su hija Clemencia y su nieto Agustín.Sin embargo, antes de este desenlace definitivo, la trayectoria de Vargas Lleras estuvo definida por una asombrosa capacidad de resistencia ante eventos que pusieron en riesgo su vida en múltiples oportunidades. Sus allegados y analistas políticos solían decir que el exfuncionario parecía tener las "siete vidas del gato", una metáfora que cobraba sentido al revisar los episodios críticos de los que salió ileso o con secuelas que no frenaron su carrera política.Los accidentes que lo dejaron a borde de la muerteUno de los momentos menos recordados ocurrió durante un descanso en su intensa actividad pública. Tras un extenso periodo de campaña, Vargas Lleras decidió viajar con su familia, un evento que terminó en una emergencia médica crítica en la isla de San Martín.En una entrevista con el programa Los Informantes en el 2016, Vargas Lleras relató la gravedad del suceso: "me atrapó una corriente y me estrelló contra el piso del mar y se presentó algo que se llama medicamente lefort se le zafa la cara del cráneo". El impacto fue de tal magnitud que no había servicios médicos suficientes en el lugar, obligando a su familia a trasladarlo de urgencia a Bogotá para una intervención quirúrgica compleja y dolorosa."La operación se hizo por la boca entonces tampoco podía comer, muy dolorosa", recordó el político en su momento, destacando que el proceso afectó incluso su visión durante un largo periodo de recuperación.La explosión en el Congreso: el "libro bomba"A finales de 2002, mientras se encontraba en el ejercicio de sus funciones legislativas, Vargas Lleras enfrentó una situación que dejó huellas físicas permanentes en su cuerpo. Un paquete llegó a su oficina como un memorando común, pero contenía un dispositivo explosivo que logró burlar los estrictos filtros de seguridad.Sobre este incidente, el exvicepresidente detalló: "lo abrí, explotó la bomba, un episodio rarísimo porque esa bomba pasó, entró al Congreso, todos las filtros de seguridad, pero una cosa milagrosa, pocas veces ha relatado el episodio, esta explotó la mitad". El artefacto detonó mientras lo abría, pero un fallo técnico en el dispositivo evitó una tragedia total. Según sus palabras, "las bombas explotan o no explotan está explotó la mitad, si la bomba hubiera estallado en su totalidad no estaríamos haciendo esta entrevista".El resultado de este evento fue la pérdida de varios dedos de su mano izquierda. Al describir el estado de su extremidad tras la detonación, Vargas Lleras fue enfático al señalar que "mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron inicialmente no tenía sensibilidad".Apenas tres años después del incidente en el Congreso, el azar volvió a jugar a su favor en el norte de Bogotá. Un potente explosivo fue detonado al paso de su caravana, pero una fracción de segundo y de distancia marcó la diferencia entre la vida y la muerte.Vargas Lleras describió el evento como un hecho extraordinario: "es un milagro, también fue una bomba dirigida el impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo". Aunque los vehículos fueron declarados pérdida total y varios miembros de su esquema de seguridad sufrieron heridas graves, incluyendo la pérdida de un ojo y la audición, el entonces senador salió ileso una vez más.El pulso contra su propia salud y el "voltaje" diarioMás allá de los eventos externos, el estilo de vida de Vargas Lleras representaba un desafío constante para su organismo. Conocido por ser un adicto al trabajo con una agenda que iniciaba de madrugada y terminaba tarde en la noche, el exvicepresidente solía dormir apenas entre tres y cinco horas diarias.A esto se sumaba una dependencia histórica al cigarrillo, hábito que mantuvo por más de 40 años. En sus propias palabras: "en una época donde todo el mundo fumaba, fuman en los ascensores, en los carros, en los aviones, en el colegio donde yo estudié estába autorizado fumar". Esta combinación de factores desembocó en un episodio crítico en diciembre de 2015, cuando un desmayo en público, lo obligó a someterse a una delicada cirugía cerebral y a recibir órdenes médicas estrictas de "frenar en seco".A pesar de las advertencias, se mantenía activo incluso en el hospital, donde se le veía despachando y tomando notas en su inseparable libreta. Esa misma tenacidad lo acompañó hasta sus últimos días en 2026, consolidando su imagen como un hombre que siempre encontró el camino de regreso al servicio público.
Fue recapturado Alexander Díaz Alvarado, conocido como el 'Monstruo de Anapoima', en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, después de que se había fugado de la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca. Fue un hecho que generó máxima preocupación en el país. La Policía confirmó que hacia las 11 de la mañana de este sábado el sujeto fue recapturado.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Díaz Alvarado, quien es conocido como el 'Monstruo de Anapoima', se encuentra pagando una condena de 27 años de prisión luego de ser declarado culpable de múltiples delitos que conmocionaron al país en Anapoima, departamento de Cundinamarca, en noviembre de 2023. El hombre fue capturado por primera vez el 12 de febrero del 2024.El prontuario delictivo de este sujeto evidencia un patrón reiterado de criminalidad y violencia. Además de los delitos por los que fue condenado y por los que estaba actualmente en la cárcel, registra antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado, violencia sexual y violencia contra servidor público. El hombre ya tenía cargos por fuga, ya que esta era la segunda vez que escapaba de prisión. Su rápida recaptura reduce el riesgo inmediato para la ciudadanía, pero la fuga desde un centro de reclusión de máxima seguridad ha generado rechazo y serios cuestionamientos sobre la efectividad del sistema penitenciario de Colombia.¿Cuáles fueron los crímenes por los condenaron que al 'Monstruo de Anapoima'?En 2023 y 2024, Díaz Alvarado fue señalado de robo, asesinar a un hombre y abusar sexualmente de una mujer. "Se llevaron la moto, se llevaron mi celular y el de mi esposo, la plata. Tengo entendido que a los dueños de la casa les robaron un computador, los teléfonos, creo que plata también, se llevaron el televisor", contó la mujer, quien hablar en ese momento para Noticias Caracol.La mujer asegura que pasada las 6 de la mañana salió corriendo por la carretera a pedir ayuda. Luego llegó la Policía de Cundinamarca que de inmediato inició la investigación con la denuncia y recolectando los videos de las cámaras de seguridad donde se veía el asesino huyendo por las vías de Anapoima en la moto del su esposo asesinado. "Esa persona llegó sobre el año 2022 a la región de acá en Tequendama. Esa persona llegó a trabajar allí buscando a realizar labores. Llegó a a este sector donde le comenzaron a dar trabajo", relató en ese momento el intendente de la Policía Wilmar Ferney Reina.El 'Monstruo de Anapoima' huyó a Bogotá y se escondió en la casa de su esposa, donde prendió uno de los computadores robados. El aparato envió una alerta a los familiares de las víctimas y la dirección donde se encontraba. "Esta dirección IP estaba arrojando en la ciudad de Bogotá. Vivía la esposa del señor Alexander Díaz Alvarado", agregó Reina. El hombre huyó después a Melgar donde fue capturado. Poco después recibió su condena por los delitos de homicidio y acceso carnal violento agravado.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La Comisión de Reino Unido planteada para visitar el lugar donde se pretende ubicar a Zulma Guzmán Castro en Colombia, no llegó para la cita programada para este 30 de marzo. Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) este lunes tras no tener novedades en este importante proceso de extradición. Zulma Guzmán se encuentra detenida en el centro carcelario HMP Bronzefield, en Reino Unido.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)Guzmán es señalada por la justicia colombiana por ser una de las responsables por el caso de envenenamiento de unas frambuesas con talio, que causó la muerte de dos menores de edad. Sin embargo, han salido a la luz más detalles que darían cuenta de que habría más casos similares, también vinculados con la colombiana.Al parecer, no hay una fecha reprogramada para realizar la inspección. Originalmente estaba planteado que la comisión británica visitara la cárcel El Buen Pastor y, eventualmente, La Picota. Según detalló la fiscal general Luz Adriana Camargo, la justicia colombiana inicialmente planteó que Guzmán fuera recluida en El Buen Pastor, pero finalmente consideraron más adecuado que la empresaria sea asegurada en el pabellón de funcionarios de La Picota. “La extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con el gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones”, aseguró Camargo en ese entonces.Cuñada de Zulma Guzmán sería otra víctima del talio; empresaria es perfilada como “asesina serial”"Asesina serial"Cabe recordar que Zulma Guzmán Castro ahora sería catalogada en Colombia como una asesina serial, según declaraciones que dio la fiscal general a mediados de marzo de 2026. Y es que un grupo de investigación del ente acusador acumuló evidencias que señalarían que dos mujeres, allegadas a Guzmán, habrían sido envenenadas de la misma forma, lo que demostraría un comportamiento sistemático. Una de las afectadas sería una familiar suya: Elvira Restrepo, una cuñada de la empresaria convicta.Ministro de Justicia pide acelerar la extradición de Zulma Guzmán: ¿qué ha ocurrido con el caso?El caso de Restrepo ocurrió en enero de 2025, cuando la mujer recibió un paquete de chocolates en su casa. Los dulces habrían sido envenenados precisamente con talio, un elemento químico inodoro e insaboro. La mujer se trasladó a la Fundación Santa Fe cuando empezó a presentar complicaciones en su salud. Al día de hoy, la cuñada de Guzmán está en Estados Unidos recibiendo tratamiento para contrarrestar los efectos del químico. Según dijo el doctor Camilo Uribe a Los Informantes, el talio es difícil de eliminar en el cuerpo, ya que este se adhiere al tejido graso.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes 10 de marzo la destitución e inhabilidad por 10 años a la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez. La decisión del fallo en segunda instancia se da en relación con la fuga de la excongresista del Partido Conservador Aida Merlano, quien se encontraba recluída en dicha institución penitenciaria en 2019.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La exrepresantante a la Cámara por el departamento del Atlántico Aida Merlano Rebolledo se fugo de las autoridades el 1 de octubre de 2019, cuando se encontraba en el Centro Médico de La Sabana en Bogotá. La Procuraduría comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de la excongresista. La salida tenía como objetivo que Merlano se realizara un procedimiento estético dental, pero su salida del centro de reclusión se hizo sin autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)."La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien suscribió la remisión médica de la ppl (Población Privada de la Libertad) sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano Forero, por aprobar el traslado de Merlano Rebolledo al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019", agregó la entidad. El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón también fue suspuendido por tres meses por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos durante una cita médica.El Ministerio Público "sostuvo en su decisión que los disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia establecidos en la ley para el cumplimiento de los servidores públicos. Las faltas de la exdirectora y el excomandante de custodia y vigilancia del centro penitenciario fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo; mientras que la de la exsubdirectora fue tipificada como gravísima, a título de culpa gravísima; y la del exdragoneante fue considerada por la Procuraduría como grave con culpa grave", concluyeron en el texto.Lea: ¿Quién es Aída Merlano y por qué su testimonio pone a temblar a políticos del Caribe?La condena de Aida Merlano por fugarseEl pasado mes de diciembre, la excongresista Aida Merlano fue condenada a 42 meses de prisión por su fuga en 2019. Merlano aceptó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. El día de su fuga, la excongresista era custodiada por el Inpec. El hecho se hizo viral debido a que quedó grabado en cámaras de seguridad cómo Merlano se escapaba utilizando un lazo rojo para bajar al primer piso, donde un motociclista la estaba esperando. Posteriormente, huyó hacia Venezuela. Retornó a Colombia luego de ser deportada el 10 de marzo de 2023.“Soy consciente, nunca he pretendido no responder por mis delitos. Antes, por el contrario, resarcir a la justicia y colaborar con la misma”, indicó Merlano en septiembre de 2024, cuando aceptó el preacuerdo. Aida Merlano Rebolledo se encuentra privada de la libertad en una sede militar de Atlántico, cumpliendo una condena por otros hechos.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Se aplazó la audiencia de imputación de cargos programada contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc, que estaba programada para este 12 de mayo.El criminal debe responder por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado. (Lea también: Revelan nuevos chats que demostrarían cómo alias Calarcá sigue delinquiendo)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Fijaron nueva fecha tras suspensión de audienciaLa juez del caso, que se encuentra en Villavicencio, decidió aplazar la audiencia para el 28 de mayo, a las 9:00 a.m., porque alias Calarcá no se presentó ni tampoco su defensa.El disidente pudo haberse conectado virtualmente a comparecer, como lo hicieron hace algunos miembros del frente 33 del grupo ilegal, que asistieron a la cita desde un lugar selvático y escucharon los cargos imputados en su contra.El Gobierno de Gustavo Petro sostenía diálogos desde 2023 con alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, el mandatario pidió al consejero presidencial de paz, Otty Patiño, revisar esas negociaciones."Le he pedido a Otty Patiño, que no está aquí, que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de la FARC (...) pues no hay paz", afirmó. "¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras", agregó.'Calarcá', por su lado, continuó atentando contra la fuerza pública y civiles en las zonas en las que opera su guerrilla, principalmente en la frontera con Venezuela y en la Amazonía.Una de sus principales fuentes de financiación es la deforestación para dar paso a la ganadería, así como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.La imputación de cargos contra alias Calarcá tiene que ver con lo hallado en los archivos que se encontraron en las USB incautadas en medio de una caravana interceptada por las autoridades en junio del año 2024. En ese entonces, el disidente no fue capturado porque había sido designado como gestor de paz. (Lea también: Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno)La fiscal Luz Adriana Camargo dijo en su momento que lo que había en esos archivos “tiene que ver con hechos de homicidios que habrían encargado y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura”.NOTICIAS CARACOL*Con información de AFP
Fast Moda S.A.S., compañía que administra Lili Pink, marcó distancia con el único capturado que hay hasta el momento por el caso de presunto lavado de activos y contrabando que enfrenta la marca. En un comunicado escrito por Iván Cancino, abogado apoderado de la empresa que ha estado en el ojo del huracán después que la Fiscalía destapó un entramado que pretendía pasar los controles legales por alto.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, a quien se le imputaron los delitos de presunto concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando en audiencias preliminares. El señalado, que es abogado de profesión, no aceptó los cargos.Este 11 de mayo se llevó a cabo la segunda parte de la audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra Martínez ante un juez. Noticias Caracol conoció de fuentes judiciales que este hombre tiene anotaciones por el delito de favorecimiento de contrabando.(Más detalles sobre Martínez aquí: Caso Lili Pink: este es el prontuario delicuencial del único detenido por presunto lavado de activos)Ahora, Fast Moda señala que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo” con ellos. Tampoco tiene relación con la operación empresarial relacionada con la reconocida marca comercial Lili Pink desde 2021.“La relación que existió en el pasado en el marco de ejecución de la cadena de suministro, se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente-proveedor”, dice el comunicado, que indica que esto es algo habitual en el desarrollo de las actividades empresariales y comerciales dentro de la industria del retail. Y enfatiza: “En ningún momento el señor Walter Francisco Martínez Martínez hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink, ni tuvo participación alguna en la toma de decisiones del entorno empresarial”.Con el tercer comunicado que publica la compañía después de conocerse el escándalo que ahora les rodea, Fast Moda desdibujó toda relación con el capturado y dijo que “cualquier situación personal, conducta o investigación” que esté vinculada con Martínez corresponde a su ámbito individual y es completamente ajeno a la empresa. “Deseamos de antemano que se le respete el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresó.Paula RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación informó que no accede a suspender las órdenes de captura contra alias Chiquito Malo y otros 28 miembros del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como había solicitado el Gobierno Nacional. Según el ente acusador, no hay "información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".El Gobierno Nacional pidió la suspensión de las órdenes de captura por medio de una resolución que tiene fecha del 29 de abril de 2026 y está firmada por Otty Patiño, consejero comisionado de Paz de Colombia. La decisión busca adelantar un proceso de paz con esta estructura criminal, y el listado de quienes participarían fue proporcionado por el propio Clan del Golfo. La resolucion, por lo tanto, solicita "recibir y aceptar de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, el listado que contiene la identificación veintinueve (29) personas, el cual fue entregado por el miembro representante del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (...) para iniciar el proceso de desplazamiento hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)", asegura el documento.La respuesta de la Fiscalía sobre órdenes de captura contra el Clan del GolfoComo respuesta a esta solicitud, la Fiscalía indicó que para realizar dicha suspensión se necesita verificar, como mínimo, la plena identificación de las 29 personas, así como su "situación jurídica, existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición vigentes y la información disponible". Además, reiteró que la información remitida por parte del Gobierno Nacional "permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional. Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia".Resaltó que la información acerca de un tránsito a la legalidad por parte de un grupo criminal debe incuir, entre otros aspectos: avances sobre la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al DIH o al DIDH, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, el plan para desarticular las estructuras dedicadas a la comisión de delitos, la transición de economías ilegales a proyectos productivos lícitos y el desmonte de las estructuras financieras que soportan la organización y sus actividades criminales."En ese sentido, la ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad", añadió la Fiscalía. El ente acusador añadió que a partir del 25 de junio de 2026, que es la fecha definida para que empiecen los diálogos, se haría efectiva la "inmunidad de tránsito y permanencia" de las personas del Clan del Golfo en el listado, no antes. Por último, la Fiscalía reiteró que entre las personas incluidas en el listado entregado por el autodenominado EGC se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, requerido en extradición por los Estados Unidos. Dicha solicitud, desde diciembre de 2025, ya cuenta con concepto favorable proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia."Por ello, sin desconocer la discrecionalidad que la ley otorga al Presidente de la República para conceder o negar la extradición de nacionales, la Fiscalía General de la Nación insta a honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos trasnacionales", dijo.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
En una audiencia pública reciente, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se declaró inocente y no aceptó los cargos por violación de topes, que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Ricardo Roa no aceptó los cargosDurante la diligencia, el fiscal especializado contra la corrupción, Elkin Ardila Espinosa, señaló que Roa, en su calidad de administrador de los recursos de la campaña, habría permitido que los gastos electorales superaran los límites legales establecidos por la autoridad electoral. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exceso de gastos fue de:$1.388 millones de pesos durante la primera vuelta.$276 millones de pesos en la segunda vuelta.Las pruebas presentadas por el ente acusador indican que estos gastos excedentes estarían relacionados con diversos conceptos logísticos y operativos, tales como ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, alimentación y piezas publicitarias. Asimismo, se mencionaron créditos para eventos de cierre de campaña y aportes provenientes de un sindicato.Ante la pregunta directa del despacho sobre si aceptaba los cargos por el delito formulado, Roa respondió de manera contundente: "No acepto los cargos". Con esta negativa, se espera que en los próximos días la Fiscalía radique de manera formal un escrito de acusación contra el hoy directivo de Ecopetrol para dar inicio a la siguiente etapa del proceso judicial.El pasado 11 de marzo, Roa también fue imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.El nombre de Ricardo Roa empezó a aparecer en investigaciones electorales desde 2023, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial Petro Presidente 2022. En ese proceso, Roa figuró como gerente y responsable del manejo financiero de la campaña, rol que lo convirtió en una pieza central del expediente. El CNE revisó los reportes entregados en el sistema oficial Cuentas Claras y encontró diferencias entre los gastos declarados y los valores que, según pruebas recopiladas, se habrían ejecutado durante la campaña. En marzo de 2024, Ricardo Roa rindió versión libre ante el CNE. La diligencia duró cerca de 40 minutos y estuvo centrada en dos temas puntuales: el pago a testigos electorales en la segunda vuelta y los aportes económicos realizados por Fecode a Colombia Humana. ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El Consejo de Estado suspendió la totalidad del Decreto 415 de 2026 por el cual el Gobierno ordenaba el traslado del dinero ahorrado por afiliados a fondos privados que pasaron al fondo pensional del Estado, Colpensiones, bajo el amparo de una norma expedida en 2024. La suma total por trasladar del ahorro pensional era 25 billones de pesos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El Decreto 415 de 2026 reglamentaba el traslado de los recursos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al régimen de Prima Media de Colpensiones. En ese sentido, las administradoras de fondos de pensiones debían trasladar inmediatamente los recursos de los afiliados que pasaron a Colpensiones. La mitad debía ser traspasada en un plazo máximo de 20 días, y el otro 50 % en los 10 días siguientes.El alto tribunal ya había tomado una decisión el pasado 28 de abril, en la que ordenaba la suspensión provisional de los efectos contemplados en el artículo 2 de dicha normativa, que fue expedida el día 20 de abril. Esta nueva decisión suspende los otros apartes que no habían sido tocados por la anterior medida cautelar. (Lea también: Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción de la UNGRD, fue dejada en libertad)La decisión fue adoptada por Subsección B de la Sección Segunda, dentro de cuatro procesos acumulados al expediente principal (1023-2026). La demanda contra el decreto y la respectiva medida cautelar fueron tramitadas con urgencia dado a los plazos cortos que tenían las administradoras de fondos pensionales (AFP) para trasladar los recursos.El despacho concluyó que el Decreto 415 de 2026 excedió la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, al ordenar el traslado de recursos provenientes de las cuentas de ahorro individual de los afiliados -que ejercieron la oportunidad de traslado del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024-, cuando esa misma ley, en el artículo 24, los había destinado al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.(Le puede interesar: El duro momento que vivió María Claudia Tarazona con su hijo, a un año de la muerte de Miguel Uribe)Además, indicó que la suspensión parcial de la Ley 2381 que hizo la Corte Constitucional no daba facultades al Ejecutivo para modificar, vía reglamento, el destino de los recursos; esto, bajo el argumento que es un asunto reservado al legislador. La providencia del alto tribunal destacó que el mismo Gobierno nacional había reconocido con anterioridad que los recursos de la cuentas de ahorro individual debían seguir siendo administradas por las AFP hasta que se consolidara el derecho pensional o hasta que entrara en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Paula RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Sandra Ortiz , exconsejera presidencial de las Regiones vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), fue dejada en libertad por decisión del juez 35 de garantías de Bogotá. La orden tendrá efecto inmediato. La ex funcionaria fue señalada como la encargada de llevar 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Cabe recordar que Sandra Ortiz fue capturada el 18 de diciembre de 2024 y posteriormente se le imputaron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público. Su defensa alegaba ante el juzgado que el proceso de Ortiz ya lleva más 400 días en los que no hubo acción judicial contra la señalada. Por su parte, el juez accedió positivamente a la solicitud de la defensa Ortiz y afirmó que han transcurrido 329 días que están a favor de la señalada desde. En ese sentido, ordenó la puesta en libertad inmediata de la otrora funcionaria del Estado.(Lea también: Contraloría advierte a Supersalud que EPS intervenidas no han logrado mejoras: “Deterioro crítico”)El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, se refirió a la decisión del juez y dijo que es "totalmente desafortunado" y que habría diferentes interpretaciones en el conteo de términos. En esa línea, el togado afirmó que la decisión será revisada Hay que recalcar que, a pesar de que Ortiz Nova haya sido puesta en libertad en medio del proceso, todavía tendrá que ir a juicio, en el que se defenderá bajo esta condición cuando llegue el momento. En ese sentido, no hay ninguna acción penal que haya sido suspendida. La audiencia fue suspendida mientras que la Fiscalía General de la Nación analiza si apelar o no la decisión del juez penal. Entre tanto, el caso de Ortiz continuará en etapa de audiencias preparatorias; es decir, seguirá en proceso de definir las pruebas que se utilizarán eventualmente en el juicio.Sandra Liliana Ortiz Nova fue señalada por los directivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, como la emisaria de los millonarios sobornos que llegaron hasta los bolsillos de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle para darle trámite a reformas propuestas por el Ejecutivo en las dos cámaras. Ambos están presos en la cárcel de La Picota. Tras estas afirmaciones, Ortiz renunció a su cargo en el Gobierno nacional en mayo de 2024.(Le puede interesar: "No me quieren": madre de 70 años que estuvo en la cárcel enfrenta el abandono y clama perdón)De acuerdo con los testimonios de los altos funcionarios de la Unidad, las maletas que contenían las millonarias sumas fueron entregadas a Ortiz en la habitación 2312 del Hotel Tequendama Suites, donde se hospedaba en ese entonces. Allí, Ortiz y López contaron el dinero que posteriormente sería entregado. El material probatorio compilado por la Fiscalía permitió reconstruir cómo fue la ruta que siguieron las maletas llenas de fajos de billetes que llegaron a manos de los presidentes de ambas cámaras del Congreso; 3 mil millones para Name y mil millones para Calle. El ente judicial sostuvo, a partir de estas pruebas, que Ortiz hizo parte de una estructura criminal que se apropió de dineros que eran del Estado, aprovechando así la forma de contratación de la UNGRD para atender imprevistos como emergencias y desastres en Colombia de la forma más rápida. Paula RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
