El juez cuarto penal municipal de Sincelejo otorgó libertad provisional por vencimiento de términos a 8 de los 10 patrulleros implicados en la masacre de Chochó, en Sucre, en la que asesinaron a Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez. El crimen fue perpetrado el 25 de julio de 2022.
“Esta libertad se da de acuerdo a la situación jurídica que se presenta cuando se conectan a la audiencia preparatoria, (en) la cual siempre se caía el internet, nunca había internet, nunca lo conectaban, siempre con la excusa de que estaban trabajando frente a La Picota y todas esas situaciones”, reclamó Aníbal Garay, abogado representante de víctimas.
Tras conocer la decisión, Carlos Arévalo Arévalo, papá de José Carlos Arévalo, manifestó: “Para nosotros como víctimas ellos generan un peligro para la comunidad porque imagínate que entre 5 o 10 años ellos piensen que ya todo se ha olvidado y vengan aquí y la comunidad los reconozca”.
Añadió que, al enterarse de la noticia, con las demás familias se pusieron a analizar que, si desde el momento en que fue condenado el coronel Benjamín Núñez "se hubiesen iniciado las audiencias respectivas a los 10 policías implicados en el caso también, quizá no se hubiese dado esto que se está dando”.
Los patrulleros a los que les dieron libertad por vencimiento de términos son Diana Marcela Puerta Rodríguez, Leyla Ávila Pestana, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Jesús María Bolaños Castro, Yamit Henao Araque, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza y Bernardo Pontón Mercado.
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En la masacre de Chochó, el coronel Benjamín Núñez, quien fungía como comandante operativo de Sucre, pretendía hacer pasar a los tres jóvenes asesinados como los responsables de la muerte de un policía en Sampués.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, las víctimas fueron obligadas a tirarse al piso para luego ser golpeadas y torturadas por otros policías con objetos contundentes y cortopunzantes.
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Posteriormente, fueron subidas con vida al platón de una camioneta, donde el coronel Benjamín Núñez hizo “uso de su arma de dotación y disparó en varias oportunidades”, aseguró el fiscal Eduardo José Duarte en su momento.
Núñez firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que se aceptaba su responsabilidad en el asesinato y retención ilegal de las víctimas y se comprometía a pedir perdón a sus familias, así como a aportar información relevante en otros casos que investiga la entidad sobre miembros de la fuerza pública, proceso que ya se llevó a cabo. A cambio, recibió una condena de 29 años de cárcel.
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