El primer cargo que abrió el Ministerio Público, a título de dolo, por no tomar las medidas preventivas correspondientes a evitar el perjuicio de los inversionistas. Y el segundo, como falta gravísima, al haber retrasado la denuncia sobre la manipulación de la acción de Fabricato y omitir las de la especie BMC.
La Procuraduría afirma que Hernández Correa "conociendo oficialmente en razón del cargo o función como superintendente financiero de Colombia, desde el 18 de julio de 2012, la posible manipulación del precio de la especie Fabricato S.A y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas tipificadas como delito, retardó la denuncia de la primera y omitió denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber".
El procurador Alejandro Ordoñez señala que el superintendente Hernández conocía en su posición el manejo que se le estaba dando a estas acciones.
Otros cinco funcionarios de la Superintendencia Financiera fueron cobijados con la medida, porque, según el Ministerio Público, tuvieron una actitud pasiva, pues a pesar de conocer la manipulación de precios de acciones y las prácticas irregulares en InterBolsa no actuaron con celeridad ni decisión.
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