Detienen a jueza por irregularidades en caso de expropiación de parador de Buga

Foto: Noticiascaracol.com

La Fiscalía General de la Nación capturó a la jueza segunda civil del circuito de Buga, Norelia Acosta Tenorio, por presunto caso de corrupción al momento de decidir sobre la expropiación del Hotel Complejo Turístico Parador de Buga, inmueble indispensable para el adelanto de obras de infraestructura relacionadas con la malla vial del Valle del Cauca y Cauca.

Según Jorge Fernando Perdomo, fiscal General de la Nación encargado, la funcionaria decretó la expropiación amparada en un avalúo muy superior a su precio comercial, situación que significaría un detrimento patrimonial para el Estado por unos $40 mil millones.

"Esta investigación surgió por una denuncia que interpuso el INCO en el 2011, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por las presuntas decisiones irregulares que se habrían dado en un proceso judicial de la expropiación de un inmueble denominado Hotel Complejo Turístico Parador de Buga", indicó Perdomo.

"El avalúo inicial que se realizó en este caso fue de $2 mil millones, finalmente se realizó otro avalúo por $17 mil millones, pero lo que estaría obligado a pagar el INCO en este momento con la indexación sería de $40 mil millones", agregó Perdomo.

En estas presuntas decisiones irregulares de la jueza Acosta Tenorio, la Fiscalía logró encontrar que se dieron actos de corrupción donde estaría involucrado el también capturado Carlos Andrés Grajales Gamba, hijo de los propietarios del inmueble y residente del predio.

"Los delitos que se le va a imputar a la jueza son prevaricato por acción, cohecho propio, concusión. Al particular se le imputarán los delitos de prevaricato por acción en calidad de determinador y otros delitos", concluyó el Fiscal General de la Nación encargado.

Estas capturas tienen lugar cinco meses después que surgió una polémica por un fallo que emitió la jueza Acosta Tenorio y ordenaba a la ANI a pagar mucho más por la compra del predio expropiado.

En ese entonces, un representante de la familia Grajales, que hasta el 24 de diciembre de 2010 fue dueña del parador de Buga, aseguró que el Estado ofreció dos mil millones de pesos en ese época, pero con desconocimiento del avalúo del predial que registraba un valor de $6.583.000.000.