“Habrá que mirar en cada caso concreto los alcances de la decisión, si se aplican o no”, dijo Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado.
Este miércoles, el máximo tribunal administrativo colombiano le ordenó a la Procuraduría eliminar cualquier anotación en contra del exalcalde de Bogotá.
La decisión está fundamentada en el hecho de que un ente administrativo como la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios de elección popular, lo que abrió la pregunta de si la misma situación aplica a otros mandatarios sancionados.
Teniendo en cuenta que en el fallo influyó el concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado le hizo un llamado al Gobierno y el Congreso para aclarar el tema en la legislación nacional.
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