El 27 de agosto de 2024, el Congreso de la República recibió un nuevo proyecto de ley que revivió el debate sobre la expropiación exprés. La iniciativa, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, elimina la fase judicial en la mayoría de los procesos agrarios, lo cual, según Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, es preocupante. El artículo 61 del plan sustituye el decreto ley 902 de 2017, que había establecido garantías judiciales en temas agrarios.
Bedoya explicó su preocupación: "El Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, incorporó el artículo 61, famosísimo porque le quitaba a la mayoría de procesos agrarios en todos estos temas de las discusiones de tierras la fase judicial”.
Bedoya indicó que este ítem elimina la fase judicial establecida en el decreto ley 902 de 2017, el cual había sido parte del acuerdo de paz firmado en 2017, el cual "era crucial para garantizar que los procesos agrarios se resolvieran de manera justa y con el debido respeto a los derechos de los afectados".
Preocupaciones sobre la eliminación de garantías judiciales
Bedoya alerta sobre la falta de garantías judiciales en el nuevo proyecto, comparando la situación con un escenario donde "la Fiscalía General de la Nación, en una investigación, investigara, acusara y decidiera y no lo hicieran los jueces de la República. Entonces, eso es una gran preocupación por lo que pueda generar en materia de seguridad jurídica”.
La falta de intervención judicial en la toma de decisiones por parte de la Agencia Nacional de Tierras podría llevar a decisiones arbitrarias y sin el debido proceso. Esto contrasta con el actual sistema judicial que permite a los jueces revisar y decidir sobre estos casos, garantizando así un proceso justo.
Falta de consenso y proceso legislativo
Bedoya también critica la falta de consenso en la creación del proyecto de ley y la forma en que fue radicado sin una consulta adecuada con los actores relevantes. Asegura que, a pesar de los anuncios del Gobierno sobre buscar consensos, el proyecto fue presentado sin el necesario diálogo con las partes interesadas.
“Eso es muy desafortunado porque el ministro del Interior recién tomó posesión, se reunió con el Consejo Gremial con diferentes instancias de personas que no hacemos parte ni del Gobierno ni de la rama legislativa y anunció que el Gobierno iba a buscar un gran acuerdo”, expresó.
Bedoya señala que el Gobierno prometió buscar consenso con los diferentes actores pero, según él, no cumplió con esta promesa al presentar el proyecto de ley sin un diálogo previo significativo. Esto genera desconfianza y preocupación sobre la transparencia y equidad del proceso legislativo.
Reacciones y críticas
Bedoya también aborda las reacciones de los productores y las contradicciones en el proyecto de ley. Aunque se introdujo la figura del control de legalidad, el empresario sostiene que esta medida no resuelve el problema fundamental de eliminar la fase judicial en los procesos agrarios.
“El artículo 12 y el parágrafo primero de ese artículo (...) dice lo siguiente: Los procesos agrarios especiales de que trata la ley 16094 contra personas naturales, es decir, productores o jurídicas, empresas serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras", indicó.
Aunque el proyecto menciona un control judicial posterior a la decisión de la Agencia Nacional de Tierras, Bedoya considera que este control no es suficiente para garantizar los derechos de los afectados. La intervención judicial debería ser parte del proceso desde el principio, no como un remedio posterior.
Bedoya concluye solicitando una discusión más profunda y transparente del proyecto de ley. Considera que la falta de claridad y la premura en el proceso legislativo son problemáticas y que el Congreso debe asegurar una revisión detallada y abierta del proyecto para evitar decisiones apresuradas que puedan afectar negativamente la justicia agraria en Colombia.
“Y aquí hay una seria contradicción porque dicen que están defendiendo el acuerdo de paz y lo que están haciendo es desacreditando el decreto madre por ponerlo en esos términos del acuerdo de paz”, asevera.
Bedoya critica la contradicción en la política del Gobierno que, según él, pretende defender el acuerdo de paz mientras debilita los mecanismos judiciales establecidos por dicho acuerdo. Este conflicto refleja la necesidad de un debate más transparente y basado en el consenso para asegurar que las reformas beneficien a todos los actores involucrados.
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