La promesa era tentadora: estudiar una de las carreras con mayor demanda en el mundo, sin pagar un solo peso por adelantado, y bajo el respaldo de una academia proveniente de Silicon Valley. Para cientos de colombianos, esta oferta representaba una oportunidad acceder a salarios competitivos en el sector tecnológico. Sin embargo, según uno de estos jóvenes en la ciudad de Cali, lo que inició como un proyecto de superación profesional terminó en un proceso judicial que pone en riesgo el patrimonio logrado por sus familiares durante décadas. Séptimo Día investigó esta y otras denuncias relacionadas.El sueño de estudiar por un mejor futuroAntes de conocer la convocatoria, Jorge Calambas se desempeñaba en labores informales dentro del sector de la construcción. Su situación económica le impedía acceder a una formación universitaria tradicional, por lo que esta oferta pareció ser una buena solución."Yo no tenía trabajo formal, sino de forma informal. Como yo no tenía dinero, fue lo que principalmente lo que más me convenció", relata el afectado al recordar el momento en que decidió apostar por estudiar desarrollo de software.La idea de que solo debería pagar el costo del programa una vez consiguiera un empleo con un salario superior a ciertos mínimos legales le brindó la confianza necesaria para firmar los documentos exigidos.Una herencia familiar bajo amenaza judicialDe acuerdo con la denuncia de Jorge Calambas, el desenlace de esta formación no fue el ascenso laboral esperado, sino una serie de acciones legales que escalaron hasta afectar a sus familiares más cercanos. Según su testimonio, el proceso de cobro no se limitó a él, sino que se extendió a los bienes de sus deudores solidarios."Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Y además de eso, mi mamá tiene una finca que fue la herencia de mis abuelos", denuncia el joven con evidente preocupación por el futuro de su hogar. Para esta familia, el predio representa también el motor de su economía. "Es lo poco que ellos le dejaron y también es un sustento que nosotros tenemos. Y es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos, mis papás para sacar adelante esa finca se la quieren arrebatar de la nada", relata.El impacto emocional de ver la herencia en riesgo de embargo ha marcado un antes y un después en su vida. Séptimo Día conoció que no se trata de un hecho aislado. En la rama judicial colombiana se han identificado más de 500 procesos relacionados con este modelo de financiación educativa. El punto central de la controversia radica en el uso de pagarés en blanco que son ejecutados en los juzgados sin que, presuntamente, se presente el contrato original que condicionaba el pago al éxito laboral del estudiante.Expertos legales han cuestionado la situación. Aroldo Quiroz Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como una irregularidad el hecho de que se intenten hacer efectivos estos títulos valores de forma independiente al contrato de estudios. "No creo que eso es grave, gravísimo, porque ahí hay un engaño y hay un engaño inclusive a la justicia porque están señalándole a la justicia de que ellos simplemente suscribieron un pagaré como si fuera un mutuo", explicó el exmagistrado.Por su parte, los estudiantes aseguran que, al momento de la inscripción, la firma del pagaré se presentaba como un trámite de garantía. "Se entendía que para asegurar ellos de que uno sí iba a pagar cuando tuviera el empleo", afirma uno de los denunciantes sobre el momento de la firma.Lo que dicen sobre la calidad académicaA la angustia financiera se suma la frustración por la formación recibida. Mientras la publicidad prometía mentores internacionales y una tasa de empleabilidad superior al 90%, muchos exalumnos aseguran que el modelo de aprendizaje consistía básicamente en resolver retos de internet de manera autónoma."Retos con links de internet y uno investigaba cómo ejecutar esos retos. Ese tema de los mentores internacionales nunca existió", señala uno de los participantes del programa. Incluso, expertos en educación informática que analizaron la plataforma indicaron que los contenidos eran "genéricos" y "básicos", similares a los que se pueden encontrar de forma gratuita en la red.Para quienes lograron terminar el curso, el certificado no fue la carta de presentación esperada ante las empresas. Según los testimonios recolectados, algunos empleadores miraban con desconfianza la formación recibida. "El diploma es como simbólico porque no tiene validez", asegura otro de los afectados.La defensa de la entidad señaladaFrente a las denuncias, los representantes de la entidad encargada de la liquidación de la fundación que operaba la academia mantienen una postura firme. Tatiana Uribe, representante legal de Astorga Management, niega rotundamente que exista un engaño hacia los estudiantes y defiende la preparación brindada por el programa."Holberton School no engaña. Holberton School está acreditada y es muy exitosa en varios países", sostuvo Uribe durante la investigación. Según la vocera, la academia cumplía con la entrega de herramientas para que los participantes adquirieran los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Respecto a los procesos de cobro y embargos, la funcionaria atribuye la situación a la responsabilidad legal que cada estudiante adquirió al momento de la matrícula. "Pues es que lo que pasa es que los participantes suscribieron un contrato y cuando uno suscribe un contrato, pues uno se obliga", puntualizó.Mientras la justicia determina si hubo incumplimientos contractuales o publicidad engañosa, el joven caleño y su familia permanecen a la espera de una resolución que no comprometa el patrimonio que sus abuelos construyeron. Para él, lo que buscaba ser una puerta para conseguir mejores oportunidades laborales se convirtió en una carga financiera que hoy parece no tener fin.
En Colombia, un país con una larga tradición de madres cabeza de familia, un hombre que decide ser padre en solitario de manera voluntaria sigue siendo una excepción. John Cifuentes Muñoz, un administrador de empresas de 51 años, es el protagonista de una historia que desafía las estructuras familiares convencionales. Tras vivir 16 años en el exterior, regresó al país para enfrentar situaciones familiares que transformaron su visión de la vida y lo llevaron a buscar el camino de la ciencia y la ley para cumplir su anhelo de ser papá. Los Informantes habló con él.El origen de su deseo de ser padre: del cuidado al amor incondicionalLa decisión de John no fue un impulso repentino. Su motivación nació de una experiencia de dolor y transformación personal vinculada a su padre, don Edilberto Cifuentes. En 2006, su padre fue secuestrado por una célula del EPL, permaneciendo siete meses en cautiverio bajo condiciones inhumanas. Este evento marcó el inicio de un deterioro en su salud que terminó años después con un diagnóstico de Alzheimer avanzado.Al regresar a Colombia para cuidar de él, John experimentó un cambio en sus prioridades. Según relata, el proceso de cuidar a su padre en su etapa más vulnerable le permitió descubrir una faceta emocional que antes desconocía. “En ese momento descubro el sentido del amor incondicional, como lo dice Brian Wise, el amor verdadero”, explicó John al recordar los días dedicados exclusivamente a acompañar a su padre. Fue esa conexión, sumada a una frase de un médico que notó la similitud en sus miradas, lo que detonó su decisión: “Definitivamente quiero ser papá. Y tomé la decisión de que quería ser padre soltero y dije, voy a empezar un proceso de subrogación”.El proceso técnico: ciencia y altos costos en ColombiaAl no tener una pareja y descartar la espera de un vínculo sentimental, John optó por la paternidad subrogada. Este procedimiento en Colombia tiene particularidades técnicas y legales que lo hacen complejo. Según el doctor Jorge Ramírez, especialista en fertilidad que acompañó el caso, para llevar a cabo este proceso se requiere la participación de dos mujeres con roles distintos y separados por ley para evitar conflictos éticos y legales futuros.“En Colombia para hacer un proceso de subrogación se necesitan dos mujeres, una que tenga el rol de donante de óvulos y la otra que es gestante, que es quien lleva ese bebé por 9 meses en su vientre”, contó Jhon. Él tuvo que seleccionar a una donante de óvulos anónima basándose en un cuestionario de características físicas, buscando que el niño tuviera rasgos similares a los suyos o a su tipo ideal de familia.El factor económico es otra barrera significativa. John revela que el proceso no es accesible para todos debido a los requerimientos de laboratorio y valores médicos. “En esta parte del proceso, el costo más importante es crear embriones. Crear embriones en Colombia puede estar hoy costando más o menos $50 millones de pesos”, afirmó. Cifuentes necesitó realizar cuatro intentos antes de que un embrión lograra implantarse con éxito en el vientre de la mujer gestante, una persona con quien sí mantuvo contacto y que ya había pasado por procesos similares anteriormente.El nacimiento de Carlo y el rol de "papá y mamá"El 8 de marzo, una fecha simbólica por ser el Día Internacional de la Mujer, nació Carlo. Para John, la llegada de su hijo representó el inicio de una etapa de aprendizaje intensivo. A pesar de contar con el apoyo de su madre y hermana, él se propuso ser el cuidador principal, asumiendo todas las tareas que tradicionalmente se dividen en una pareja o se asignan a la madre.Su compromiso con la crianza total quedó plasmado en una frase que repitió durante todo su proceso: “Quiero ser papá, pero quiero quiero quiero ser papá y mamá”. Esta visión lo llevó a prepararse para enfrentar los miedos lógicos de un padre primerizo que no tiene un relevo inmediato en casa. “Tengo que poder hacerlo. Tengo que poder bañar al bebé. Tengo que poder alimentarlo, tengo que poder hacer todo lo que el bebé necesita de mí y perdí el miedo”, recuerda sobre sus primeros días fuera de la clínica.El vacío legal: una batalla contra la burocraciaA pesar de la felicidad por el nacimiento, John se encontró con un sistema legal colombiano que no está preparado para la paternidad soltera por elección a través de subrogación. Al no existir un marco legal claro que regule el alquiler de vientres, los trámites administrativos se convirtieron en un obstáculo. El primer gran inconveniente surgió con el Registro Civil de Nacimiento.“No permitieron que me registraran a mí como padre soltero, sino que utilizan como punto de partida el registro de nacido vivo de la clínica en donde sale que la mamá es la gestante”, explica John. Como resultado, en el documento oficial el niño quedó registrado con el apellido de la gestante y ella figura como su madre legal, a pesar de existir contratos y declaraciones extrajudiciales donde ella renuncia a cualquier derecho biológico o legal sobre el menor. Para corregir esto, John ha tenido que iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad que aún sigue su curso.Otro frente de batalla fue la licencia de paternidad. Inicialmente, el sistema de salud no reconocía su derecho a los cuatro meses de licencia que normalmente se le otorgan a una madre, argumentando que él es hombre. John tuvo que recurrir a una tutela en segunda instancia para que una jueza de familia ordenara a la EPS el pago y reconocimiento del tiempo necesario para cuidar a su hijo. “Hay un recién nacido que necesita que el papá esté ahí porque es que no hay mamá”, fue el argumento central que permitió que se le otorgara este derecho fundamental.Un futuro que busca crecerHoy, Carlo tiene más de un año y John se siente plenamente realizado en su rol. La experiencia ha sido tan satisfactoria para John Cifuentes que ya tiene planes para expandir su familia bajo el mismo método. “Este es el momento más feliz de mi vida. Yo no puedo pedir más”, asegura, mientras se prepara para iniciar un nuevo proceso de subrogación con el objetivo de darle un hermano a Carlo y continuar consolidando su hogar.
Jose Pino no es un experto en informática convencional. No tiene títulos universitarios ni terminó el bachillerato, pero su conocimiento técnico lo ha llevado a trabajar con las empresas más grandes de tecnología del mundo. Nació en Tumaco, Nariño, un puerto donde más del 80% de la población vive en la pobreza y los servicios básicos son precarios, Pino logró transformar su realidad a través de una pantalla. Hoy es reconocido como un hacker ético, un investigador que busca fallas en los sistemas para evitar que delincuentes roben información o dinero. Los Informantes habló con él.Una infancia entre motores y el apodo de 'Internet'Desde muy pequeño, Jose mostró una capacidad inusual para entender el funcionamiento de las máquinas. A los 9 años, mientras otros niños jugaban, él pasaba su tiempo en un taller desarmando y armando motores de motocicletas. Esta curiosidad se trasladó rápidamente al mundo digital. Durante la primaria, sus compañeros le pusieron un apodo que marcaría su destino: 'Internet'. El motivo era simple: Jose gastaba el dinero que sus padres le daban para las onces en pagar horas de conexión en cafés internet.Su primer contacto real con una computadora fue a través de su tío Lister, quien grababa música en discos para venderlos. Jose aprovechaba cualquier descuido para explorar el equipo. Su tío recuerda esos momentos con humor: “Yo llegaba y grababa y listo... cuando volvía al rato... me movía dos, tres teclas que yo no sabía cuáles eran para ponerlo normal”. El propio Jose admite la curiosa situación: “Yo me le metía a la habitación y le prendía la computadora y comenzaba a molestar con los programas que él tenía ahí”.El aprendizaje autodidacta y los foros en ruso donde aprendióLa formación de Jose Pino fue totalmente empírica. Sin profesores y con acceso limitado a la red, leía una y otra vez los únicos dos libros sobre tecnología que estaban disponibles en la biblioteca local. Cuando finalmente tuvo su propia computadora, un equipo de segunda mano que su padre le compró con esfuerzo, lo primero que hizo fue desarmarlo pieza por pieza para entender cómo funcionaba.Cuando su familia se mudó a Neiva, Jose encontró una forma de conectarse a internet de manera más estable descifrando la clave de Wi-Fi de un local vecino. Fue en ese momento cuando empezó a frecuentar foros virtuales donde expertos de todo el mundo compartían conocimientos sobre seguridad informática. El problema principal era que la información más avanzada estaba escrita en ruso. Sin herramientas modernas de traducción, Jose desarrolló su propio método: “Copiaba y pegaba el ruso para entender el contexto de lo que se estaba hablando y asimismo aprender”.La difícil decisión de dejar el colegio para trabajarA pesar de su talento, la situación económica en su hogar se complicó tras la separación de sus padres. Faltando solo cuatro meses para graduarse del colegio, Jose decidió retirarse para ayudar a su madre con los gastos básicos. Se encerró en su habitación a buscar errores en los sistemas de grandes multinacionales, esperando que su esfuerzo fuera recompensado.A los 16 años envió su primer reporte de seguridad a una empresa en San Francisco, Estados Unidos. La respuesta no fue dinero al principio, sino una camiseta y calcomanías. Sin embargo, poco después empezaron a llegar los cheques a nombre de su madre por sus descubrimientos en plataformas como Dropbox, PayPal y Yahoo. Su madre, Ruth Acevedo, recuerda que al principio no entendía lo que hacía su hijo: “Yo, ¿estás loco? Loquito, loquito”. Hoy, reconoce con orgullo que ese niño que creció en un entorno difícil logró superarse por sus propios medios.Un impacto masivo en la seguridad digital globalLa relevancia de Jose Pino en la ciberseguridad actual se mide en cifras contundentes. Solo el año pasado, identificó una falla de seguridad que afectaba al 70% de los usuarios de internet en todo el mundo. Él explica la magnitud de su trabajo de forma directa: “Si lo vemos desde el lado del descubrimiento de una vulnerabilidad directamente a un sistema, es un impacto a 3.000 millones de personas”.Además de proteger a usuarios comunes, Pino ha desarrollado herramientas tecnológicas que hoy utilizan policías del mundo para rastrear a cibercriminales. Su enfoque siempre ha sido el de la resolución de problemas complejos, algo que, según él, no siempre requiere de títulos académicos. Con seguridad, afirma: “Resolvemos problemas que los chicos de posdoctorados no resuelven”. Este nivel de experiencia lo ha llevado a ser conferencista en eventos internacionales de gran prestigio, como el Black Hat.Retorno a Tumaco y su visión de futuroA pesar de su éxito internacional y de vivir entre Medellín y Miami, Jose Pino no olvida sus orígenes en el Pacífico colombiano. En una reciente visita a su pueblo natal, donó 200 computadores portátiles a niños de la zona para que tengan las oportunidades que a él le costó tanto conseguir. En Tumaco es recibido con admiración; algunos incluso lo confunden con celebridades por su apariencia y seguridad.Para Pino, el objetivo final de su carrera es utilizar la tecnología para reducir el crimen y asegurar que las naciones tengan control sobre su propia seguridad digital. Su historia demuestra que, con disciplina y curiosidad, es posible cambiar un destino que parecía marcado por la falta de recursos. Como él mismo señala, los retos grandes se ven pequeños cuando recuerda lo que vivió en su infancia. Jose Pino no solo aprendió a programar computadores; aprendió a programar un futuro diferente para él y su familia.
Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
Hombre le propinó 15 puñaladas a una tendera porque le pareció cara la cuenta
La investigación por la muerte de Adriana Manotas Rodríguez, ocurrida después de un procedimiento estético practicado en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, continúa avanzando mientras las autoridades recopilan pruebas para establecer las responsabilidades correspondientes. En un comunicado divulgado este 12 de julio, la Secretaría Distrital de Salud entregó nuevos detalles sobre las actuaciones adelantadas frente al establecimiento donde fue atendida la mujer.De acuerdo con la entidad, durante una visita de inspección, vigilancia y control realizada en noviembre de 2025, se impusieron dos medidas sanitarias de seguridad. Una de ellas recaía sobre el establecimiento y la otra sobre el médico que prestaba sus servicios en ese lugar. Las medidas fueron adoptadas porque, según la Secretaría de Salud, ninguno de los dos cumplía con los requisitos de habilitación exigidos para ofrecer servicios relacionados con procedimientos en salud.Los hechos ocurrieron el viernes 10 de julio, cuando Adriana Manotas Rodríguez ingresó al inmueble para practicarse un procedimiento estético que, según la información conocida hasta el momento, correspondía a una liposucción. Las autoridades han indicado que la mujer presentó complicaciones después de la intervención y posteriormente fue trasladada a una sede de la Cruz Roja, donde falleció. Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía está relacionada con una posible reacción o intoxicación derivada de medicamentos utilizados durante el procedimiento, aunque la causa oficial de la muerte continúa siendo materia de investigaciónLa información preliminar señala que el establecimiento estaba registrado como una peluquería y no contaba con la autorización para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Centro donde murió Adriana Manotas ya tenía dos medidas sanitarias vigentesAl respecto, el Distrito indicó que las medidas impuestas en 2025 seguían vigentes al momento de la muerte de Adriana Manotas. Según explicó la Secretaría de Salud, dichas decisiones administrativas eran de obligatorio cumplimiento y tenían como objetivo impedir que se siguieran desarrollando actividades que representaran un riesgo para los pacientes. "Estas medidas, de obligatorio cumplimiento, tenían como propósito prevenir riesgos para la salud de la ciudadanía y permanecían vigentes. Pese a esto, fueron vulneradas al seguir realizando actividades ilegales en dicho sitio".No obstante, durante la diligencia de allanamiento adelantada el pasado 10 de julio por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las autoridades encontraron evidencia de que en el inmueble presuntamente continuaban realizándose procedimientos invasivos. "Estas medidas, de obligatorio cumplimiento, tenían como propósito prevenir riesgos para la salud de la ciudadanía y permanecían vigentes. Pese a esto, fueron vulneradas al seguir realizando actividades ilegales en dicho sitio".La situación llevó a que la Secretaría impusiera nuevas medidas sanitarias contra el establecimiento, tales como la clausura temporal total del inmueble y el decomiso de cerca de 108 elementos, entre equipos biomédicos, dispositivos médicos, medicamentos y otros insumos que eran utilizados en el lugar. La entidad señaló que estas actuaciones buscan "proteger la salud de la ciudadanía e impedir que continuaran siendo utilizados".La Secretaría Distrital de Salud recordó que mantiene operativos permanentes de inspección en diferentes sectores de Bogotá junto con la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Policía Judicial, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud. Las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea en varios sitios de la ciudad para verificar la prestación de servicios de salud y recaudar material probatorio dentro de las investigaciones en curso".El de Adriana no es un caso aislado. En Bogotá, más de 150 lugares han sido sellados por no contar con permiso y medidas sanitarias. Basta con recordar lo que ocurrió con Yulixa Toloza en mayo pasado. Yulixa estuvo desaparecida durante seis días después de haberse sometido a una cirugía estética y luego apareció muerta al lado de una carretera. En estos lugares, en general, las autoridades han encontrado similitudes: medicamentos vencidos o adulterados en cajas y ampollas, historias clínicas con inconsistencias y equipos biomédicos sin registro Invima para procedimientos estéticos como la lamada lipolaser.Las denuncias sobre este tipo de establecimientos se pueden presentar en la línea telefónica 601 364 9550, con la opción 1 que durante las 24 horas está al servicio de la ciudadanía.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La Secretaría de Movilidad de Medellín mantiene la medida de pico y placa esta semana, del 13 al 17 de julio, para reducir la circulación de vehículos durante los horarios de mayor flujo en las vías del Valle de Aburrá. La restricción para carros particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos funciona de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que para los taxis aplica entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.Sin embargo, por tratarse de un día festivo, el lunes 13 de julio no se aplicará pico y placa para carros particulares ni motos por el nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá. Los conductores podrán movilizarse sin la restricción habitual durante esa jornada. Desde el martes 14 de julio volverá a funcionar la programación establecida según el último número de placa para los vehículos particulares y el primer número de placa para las motocicletas.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Pico y placa para carros y motos del 13 al 17 de julioPara los vehículos particulares, la restricción se aplica según el último número de la placa. En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, rige con el primer número de la placa. Así será la rotación entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio de 2026:Lunes 13 de julio: no aplica medida de pico y placa.Martes 14 de julio: placas terminadas en 0 y 3Miércoles 15 de julio: placas terminadas en 4 y 6Jueves 16 de julio: placas terminadas en 5 y 9Viernes 17 de julio: placas terminadas en 2 y 8Estas son las vías exentas del pico y placa en MedellínLa Alcaldía de Medellín recordó que la medida mantiene varias vías exentas, en las que sí se podrá circular pese a la restricción. Entre ellas están:la avenida Regionalla Autopista Sur, en jurisdicción de Medellínla vía Las Palmasla vía 4.1 hacia el Occidente antioqueñola conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmasla calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del SurHasta cuándo estará vigente esta rotaciónLa rotación actual del pico y placa para particulares, motos y taxis en Medellín empezó el lunes 2 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 en los municipios del Valle de Aburrá.Por eso, los conductores que vayan a movilizarse durante la semana del 13 al 17 de julio deberán revisar con anticipación el número de su placa y programar sus desplazamientos para evitar sanciones.¿Qué vehículos sí pueden circular durante pico y placa en Medellín?A pesar de la rigurosidad de la norma, existen excepciones diseñadas para no entorpecer actividades esenciales o promover tecnologías limpias. Los vehículos que están autorizados para circular sin restricción incluyen:Vehículos de emergencia y aquellos destinados a la atención médica.Transporte de alimentos o carga.Vehículos de servicio público y transporte terrestre debidamente autorizado.Automóviles que funcionen con gas natural, así como vehículos eléctricos o híbridos.Vehículos vinculados a la seguridad, medios de comunicación o servicios esenciales.Adicionalmente, existen vías exentas dentro de la ciudad donde se permite la libre circulación, tales como el Sistema Vial del Río (que incluye la Autopista Sur y la Avenida Regional) y otros corredores estratégicos definidos por la administración.¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Medellín?El incumplimiento de esta normativa genera sanciones económicas y administrativas considerables. Para el año 2026, la sanción económica equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Se estima que, dependiendo de la actualización del sistema de cálculo (UVB), el valor de la multa oscila entre los $630.000 y más de $700.000 pesos colombianos.Más allá del pago monetario, el conductor que infrinja la ley puede enfrentarse a la inmovilización del vehículo. Esto conlleva gastos adicionales relacionados con los servicios de grúa y parqueadero. El control de estas restricciones se realiza de forma rigurosa mediante cámaras de fotodetección y la vigilancia constante de los agentes de movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
Las lluvias y desbordamiento de ríos han golpeado con fuerza a los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las inundaciones han arrasado cultivos, puentes y viviendas, dejando incomunicados algunos territorios. El censo más reciente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) da cuenta de 3.600 familias damnificadas en Casanare y más de 8.000 en Arauca. En Boyacá, hay más de 1.000 familias damnificadas, daños en la infraestructura vial y al menos 20 puentes fueron arrasados.Arauquita (en Arauca) es uno de los municipios más afectados. Según informó su alcalde, el 70 % está inundado y hay más de 4.400 familias y 17.800 personas afectadas. En otros municipios del departamento las inundaciones han anegado hectáreas de tierra y destruido vías. En Tame, cerca de 40 mil personas se quedaron sin agua. "Hoy en consejo departamental de Gestión del Riesgo declaramos la calamidad pública departamental y, de manera inmediata, hemos procedido con la elaboración del plan de acción específico, donde cada uno de los municipios que han resultado afectados en medio de esta ola invernal van a dar a conocer cuáles son esas actividades", aseguró Renson Jesús Martínez, gobernador de Arauca. Asimismo, Nelsy Milena Fuentes, presidenta de Puerto Nidia (Tame) hizo un llamado a los entes territoriales para que "por favor se apersonen de nosotros. Estamos demasiado damnificados, no somos los únicos, hay mas y entendemos los casos, que hay mas veredas damnificadas". En Casanare, San Luis de Palenque es la zona donde hoy narran con desesperanza la realidad que enfrentan. “Da mucha tristeza llegar a nuestras casas y ver todo bajo el agua, eso es algo que yo creo que antes lo mirábamos por televisión y decíamos, 'quizás a nosotros no nos toque', pero hoy nos ha tocado", aseguró una de las afectadas. Las autoridades adelantan un censo para ayudar a los damnificados. "Hemos verificado un aproximado de 30 viviendas que están destruidas totalmente, muchas de ellas también están agrietadas, más o menos unas 60 viviendas agrietadas, y esperamos que el río no siga aumentando su caudal porque ese número puede aumentar", dijo Julián Camacho, coordinador gestión del riesgo municipal.Por su parte, Javier Pava, director de la UNGRD, indicó: "Estamos consolidando en la mañana de hoy el tipo de necesidades para poder definir digamos cuáles son las ayudas y establecer el proceso de desplazamiento de las ayudas al departamento".El agua no da tregua en BoyacáEl departamento de Boyacá atraviesa una emergencia sin precedentes por cuenta de las intensas lluvias del pasado jueves que duraron más de 15 horas y por ahora mantienen al departamento con calamidad pública. Algunas vías, acueductos, cultivos, pastos y puentes quedaron bajo el agua en al menos 27 municipios del departamento."En lo que me recuerde no había no me había una situación así. Yo tengo 73 años y sí había invernadas duras, pero que uno recuerde una situación de estas no se había no había uno escuchado eso", dijo una de las afectadas. La atención de organismos de socorro y autoridades rápidamente se activó para llegar a más de 1.000 familias damnificadas. Mientras tanto, más de 12 máquinas amarillas están en diferentes puntos del departamento para recuperar la movilidad de los municipios más afectados.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
La cifra oficial de víctimas tras los dos terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela ha ascendido a 4.490 personas, dejando al país sumido en un profundo duelo y ante el desafío titánico de la reconstrucción. En medio de un paisaje que los testigos describen como "apocalíptico", donde la tierra se rasgó de forma violenta, la solidaridad y la fe se han convertido en los únicos pilares para los sobrevivientes en zonas como La Guaira.El milagro de los reencuentrosEn el sector Urimar del barrio La Lucha, en La Guaira, la desesperación se transformó en alivio para una familia que pasó siete días sin saber el paradero de sus seres queridos. El emotivo reencuentro, captado por las cámaras, dejó reflexiones profundas sobre la fragilidad de la existencia.Melvin, uno de los sobrevivientes, expresó conmovido que esta tragedia debe servir para valorar lo que realmente importa: “Un reencuentro para dejar atrás el odio, el rencor, las malas vibras y aquellas cosas que de alguna manera bueno también afectan en cuanto a la familia y hoy Dios nos permitió nuevamente dejarnos aquí con algún propósito”.Para ellos, verse de nuevo tras la incertidumbre es un "destello de luz" que les invita a seguir adelante con fortaleza a pesar de tener "el corazón arrugadito".Segundos que separan la vida de la muerteLa historia de Luis Gómez, propietario del edificio Luzmar, es un testimonio de cómo la tecnología y el instinto pueden salvar vidas. Luis logró evacuar su inmueble de cuatro pisos apenas segundos antes de que se desplomara. Según relata, una alarma de Google en su celular le dio el tiempo necesario para reaccionar: “escucho un sonido que es distinto a cualquier sonido que hace mi móvil mi mi celular y resulta que es la alarma de de terremoto... ese celular dice que es una alerta de Google... yo tardo unos 5 segundos con el celular en la mano viéndolo y es ahí cuando decido levantarme e irme”.Sin embargo, tras la supervivencia llega el dolor de la pérdida material y emocional. El edificio representaba 50 años de historia familiar, el patrimonio construido por su padre, un inmigrante portugués llegado en los años 60. La incertidumbre sobre el futuro es ahora su mayor carga: “¿Qué pasa cuando toda la ciudad no existe? Cuando por ejemplo mi dentista no existe, el sitio donde compraba charcutería, jamón, queso ya no existe...las clínicas no existen”.La búsqueda incesante y las secuelas psicológicasEn otras zonas del barrio La Lucha, el panorama es más sombrío. Jesús Velasco y otros miembros de la comunidad trabajan día y noche, sin descanso, removiendo escombros con la esperanza de recuperar los cuerpos de sus familiares para poder realizar el duelo. “Nos encontramos en la comunidad esforzándonos día a día desde el día cero sin dormir sin descansar dándole día noche para ver... lograr ver si hay víctima aún o fallecida o aún con vida”, comenta Velasco.A la pérdida física se suma el trauma psicológico que afecta a gran parte de la población. Karina Orasma describe un estado de alerta constante y pesadillas que impiden el descanso: “Si duermes una hora sueñas con terremoto no se concilia sueño y creo que así estamos todos lo único que pensamos es que está temblando si estamos parados pensamos que está temblando de verdad es algo que que todos estamos muy afectados”.Solidaridad: El puente de esperanzaAnte la magnitud del desastre, organizaciones como Cáritas se han movilizado desde ciudades como Barquisimeto para ofrecer asistencia médica primaria, medicamentos, alimentos y apoyo tanto psicológico como espiritual. No obstante, las necesidades siguen siendo críticas. En refugios improvisados como los de la agrupación Ciudad Piar, las familias piden urgentemente la intervención de entes gubernamentales para censar a la población y evaluar los daños estructurales de las torres que aún permanecen en pie. “Queremos que alguien se aboque aquí a ayudarnos con carpas con porque hay muchos niños medicina y que bueno que estamos aquí esperando aparte de la mano de Dios esperando la ayuda del gobierno”, clama una de las residentes.Finalmente, los principales medios de comunicación de Colombia se han unido en una campaña de solidaridad bajo el lema 'Todos por Venezuela', invitando a la ciudadanía a realizar donaciones a través de la Cruz Roja y los Bancos de Alimentos para apoyar a un pueblo que, aunque con el alma quebrada, busca con fe su camino para seguir adelante. *Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
Al menos diez personas murieron y diez más resultaron lesionadas en un accidente múltiple ocurrido este domingo en la autopista federal Guadalajara-Tepic, en el oeste de México, según informaron las autoridades de Jalisco y Nayarit.El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, estado de Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Nayarit y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Choque entre al menos ocho vehículos provoca 10 muertes en MéxicoSegún los primeros reportes, el accidente, -en el que estuvieron involucrados al menos ocho vehículos-, ocurrió después de un choque por alcance entre dos tractocamiones que era atendido por elementos de la Guardia Nacional.Durante las labores de atención, un tercer tractocamión impactó en el sitio, lo que provocó el incendio de tres vehículos particulares y dos tractocamiones que fueron consumidos totalmente, informó el gobierno de Nayarit. Además, dos vehículos particulares y una unidad oficial de la Guardia Nacional resultaron con daños.El personal de rescate confirmó el fallecimiento de diez personas en el lugar del accidente, entre ellas, dos menores de edad. En tanto, los servicios de emergencia atendieron a diez personas lesionadas, incluyendo a dos agentes de la Guardia Nacional que fueron reportados en estado grave y trasladados al Hospital de Magdalena.Protección Civil de Jalisco informó que cuatro ciudadanos estadounidenses sufrieron lesiones leves y fueron llevados a un hospital en Guadalajara. Agregó que otras cuatro personas con lesiones leves fueron trasladadas a otro hospital en el estado de Nayarit.La carretera fue cerrada en ambos sentidos y la circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras personal del Servicio Médico Forense continúa con la investigación, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, detalló la autoridad.Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona y utilizar la carretera libre Guadalajara-Tepic como vía alterna, mientras continúan las labores de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y los peritajes para determinar las causas del accidente.EFE
