Las historias de Darío Alfaro y Leonor Trujillo coinciden por un suceso doloroso que, según sus testimonios, les marcó la vida para siempre: la masacre de Gutiérrez, cometida por las extintas FARC.Darío es uno de los soldados que logró sobrevivir a la masacre de Gutiérrez, Cundinamarca, ocurrida en 1999 y en la que fueron asesinados 38 de sus compañeros por el frente 53 de las extintas FARC, entre ellos Jorge Enrique Trujillo, el hijo de Leonor.“Me veo al espejo y veo que perdí la inocencia, perdí la tranquilidad y se pierde esa felicidad interior que uno lleva”, dice Darío.“Duré seis meses perdida de mi cabeza, con la ropa de mi hijo buscándolo”, recuerda Leonor.Darío recuerda que solo llevaba ocho meses en las filas del Ejército cuando vio de frente la muerte.“Tras que no teníamos la experiencia y más o menos que eran como 500 (guerrilleros), éramos cinco (militares) y mi sargento seis, y nos dijo que no nos dejáramos coger vivos porque nos iban a torturar”, afirma Darío, quien tenía 18 años, al igual que Jorge Enrique, el único hijo que tuvo Leonor.Hay heridas cargadas de un dolor que están por encima del tiempo y aunque hayan pasado 21 años, siguen ahí.“El tiempo para mí no ha pasado, la toma de Gutiérrez fue ayer, antier, la muerte de mi hijo está aquí”, asevera Leonor, señalando su cabeza.Aunque a veces pasen desapercibidas, las consecuencias del conflicto en la salud mental de las víctimas, según los expertos, hacen parte de un trabajo que debe ser constante, para encontrar una verdadera reparación.“Se disminuye la creencia en la dignidad y se pierde la confianza, hay malestar generalizado, hay una confusión y una culpabilidad por lo que sucedió; puede existir pérdida de apetito, insomnio, una rabia, dolor, pérdida del autoestima”, manifiesta Aída Solano, psicóloga de la Unidad de Víctimas.En un informe que fue presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la organización Mil víctimas realizó 23 pruebas psicométricas a las víctimas de la masacre de Gutiérrez, donde se evidencio que el 79 por ciento de los encuestados tiene algún tipo de afectación en tres o más áreas de su vida, después de este suceso traumático.“Las víctimas no solo se remuneran de manera económica, sino que lo que se necesita es que todo los estamentos del estado colombiano, como la Unidad de Víctimas, la JEP, instituciones de orden castrense, estén articuladas y sean conscientes de que las víctimas necesitan un programa de reparación especial”, indica Sebastián Moreno, abogado de Mil víctimas.De acuerdo con la Unidad de Víctimas, a 2019, 30.453 víctimas habían recibido atención psicosocial, pero aún hay mujeres como Leonor, que no han sido escuchadas por las instituciones y como ella, las madres de los soldados de Gutiérrez también esperan que la JEP las atienda y una deuda de 21 años pueda ser saldada.
En febrero de 2024, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó la emergencia carcelaria en Colombia, en sus propias palabras, para garantizar la seguridad de los guardianes del Inpec ante amenazas.>>> También le puede interesar: "No podemos abrir más cárceles cuando no sostenemos las que tenemos": Esperanza Bustamante“Que declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria de tal modo que tengamos herramientas adicionales, no solo para mantener la disciplina carcelaria, sino para proteger la seguridad de las cárceles, la seguridad de los guardianes del Inpec y la seguridad de todo el sistema penitenciario”, manifestó el ministro Osuna el 10 de febrero de 2024.La emergencia se firmó dos días después por el entonces director del Inpec, Daniel Gutiérrez, y se expresó que se necesitaba "superar la crisis por actos de violencia contra funcionarios públicos".Hoy, tres meses después, las amenazas, los atentados y asesinatos se siguen presentando.Javier Sarmiento, procurador para la Defensa de Derechos Humanos, manifestó que “van tres meses desde que decretaron una emergencia carcelaria por temas de seguridad en las cárceles y no conozco yo, por lo menos, como autoridad, acciones o un plan que lo hayan desplegado. ¿Qué hay que hacer? Entre otras ventajas de decretar una emergencia carcelaria es que pueden hacer contratación directa, adquisición de vehículos, renta de vehículos, contratación de empresas de seguridad para escoltas al personal”.El ministro de Justicia Osuna respondió y dijo que la emergencia carcelaria en este tiempo ha facilitado la inversión en infraestructura, ha implementado nuevas medidas anticorrupción, medidas de bienestar al personal del Inpec y medidas de seguridad ante esta crisis.“Ha habido 919 operativos de registro y control, lo que ha permitido incautar más de 5.000 teléfonos celulares y casi 5.000 armas blancas, pero, sobre todo, ha permitido identificar las 38 personas privadas de la libertad sobre las que tenemos indicios de que son quienes están promoviendo la extorsión desde las cárceles”, aseguró Osuna.De acuerdo con la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP Nacional, a la fecha hay 27 funcionarios del Inpec que están amenazados de muerte y al parecer no tienen un esquema de seguridad.>>>También puede leer: Director de cárcel de Palogordo sin seguridad: "Todo el tiempo nos están amenazando”
Parte base de la investigación del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, general Elmer Fernández, es el rastreo de las cámaras de seguridad, no solamente en el lugar de los hechos, sino por todo el corredor de la carrera 30.Vea más: "No podemos abrir más cárceles cuando no sostenemos las que tenemos": Esperanza BustamanteLas autoridades no solo están revisando las cámaras del día del asesinato del director, sino de días anteriores para determinar si hubo seguimientos al general o, por el contrario, hubo filtración de información por parte de su círculo cercano en la cárcel, que habría brindado datos sobre rutas, caminos, horarios de entrada y salida de la víctima.La investigación se centra hasta las salidas de la capital de Colombia para determinar si los sicarios salieron de la ciudad.Integrantes de la Policía Judicial continúan el recaudo de material probatorio mediante el cual se avanza para establecer los responsables y determinar qué organizaciones criminales podrían estar involucradas en el crimen.Una de las principales hipótesis son las amenazas que recibió el coronel en retiro y que ocasionó que radicara una denuncia ante la Fiscalía.En esta denuncia, el director decía que temía por su vida, debido a que el 9 de mayo recibió un panfleto por parte de Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro Pluma, privado de la libertad que se encontraba en el piso 4 de La Modelo. Este sujeto es uno de los principales sospechosos.Sin embargo, otra de las aristas de la investigación gira en torno en si alias Pedro Pluma está tras este panfleto, pues no se desestima que otra banda delincuencial haya suplantado a este sujeto con el fin de sacarlo de la cárcel La Modelo y tomar el control territorial en el pabellón donde estaba el preso y era el líder.Otra de las hipótesis son Los Magos, grupo que, según las autoridades, tiene vínculos con La Inmaculada, banda delincuencial a la que pertenece alias Pipe Tuluá, hombre que hace parte del Plan Dominó y que es trasladado y aislado permanentemente debido a su peligrosidad.Este grupo criminal había advertido que el 13 de mayo iniciaba un plan pistola contra funcionarios del Inpec. Por ello, no se descarta que el director Fernández haya sido un objetivo de alto perfil en la estructura delincuencial, que dice estar en desacuerdo con los planes ofensivos del Inpec.Parte importante de la investigación son los testimonios del conductor del coronel, quien narró a investigadores lo sucedido y lo que alcanzó a ver del actuar de los sicarios.También es vital el testimonio del subdirector de La Modelo, el coronel Oscar Tovar, quien iba a bordo del carro y que a la altura de la carrera 30 con calle 63 descendió del mismo para tomar Transmilenio.Investigadores recopilan videos de días anteriores al homicidio para determinar si los sicarios que terminaron con la vida del coronel ingresaron a la ciudad o pertenecen a bandas criminales de Bogotá.Le puede interesar: La denuncia de Elmer Fernández antes de ser asesinado: “Temo por mi vida”
Colombia ha pasado años viviendo en una guerra entre el Estado y las disidencias de las FARC y antiguamente, se ha oído hablar de que tanto la ambición del narcotráfico y el poder de las armas de los grupos guerrilleros han querido atentar contra la vida de dirigentes, gobernadores, alcaldes e incluso contra los presidentes del país. Sin embargo, es un tema que hasta 2021 seguía sucediendo, cuando intentaron asesinar al expresidente Iván Duque, durante sus labores de gobierno.El 25 de junio de ese año, tanto al mandatario como su comitiva, en la que estaban ministros de Interior y Defensa, entre otros, fueron atacados a disparos que impactaron el helicóptero presidencial cuando se dirigían al Catatumbo. “Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo día en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo”, aseguró Iván Duque en su momento.>>> Petro dijo que irá a la ONU a advertir que Colombia no cumple acuerdo de paz con las FARCAndrey Avendaño fue señalado como el responsable del ataque contra Duque, pese a que el líder guerrillero fue uno de los primeros en sentarse en la mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional. “Yo te puedo afirmar con plena certeza que las FARC hoy no están pensando en entregar armas ni pensando en desmovilización”, mencionó Avendaño a Los Informantes.El comandante de las disidencias de las FARC nació en el Catatumbo, tiene 29 años y dijo que entró al grupo paramilitar cuando tenía 11 años. No pudo ir al colegio y afirmó que todo lo que sabe lo aprendió en la guerrilla. Su vida estuvo rodeada de violencia y se mentalizó que para ser escuchados tenían que hacerse escuchar de otra forma, entre esas alzando las armas.>>>Una improbable historia de amor: él un ex-FARC y ella una líder que lucha en contra de la guerrillaEra mando de escuadra de los antiguos grupos paramilitares y lo arrestaron en 2014, cuando tenía 19 años, se acogió al proceso de paz y salió de la cárcel en 2017, gracias a la amnistía. Pese a eso, volvió a retomar las armas en poco tiempo, según él por el “incumplimiento al proceso” y porque se enteró de que había un operativo en su contra para volverlo a capturar. Algo que le cuestionó en volver a confiar en el Estado colombiano.Hasta el momento el avance más significativo del acuerdo de paz entre el gobierno y el Estado Mayor Central ha sido el cese al fuego, y eso que Avendaño indicó que es algo “parcial” ya que, se han suspendido dos veces “sin el consentimiento de sus delegados. Es un proceso que uno dice parece que fuera de mentiras”, afirmó.>>> 15 presuntos disidentes de las FARC fueron abatidos en operación militar en CaucaAdemás, pese a las investigaciones sobre el robo de varios elementos asignados al esquema de seguridad de Avendaño, que ocurrió en la mañana del 26 de abril de 2024, cuando él participaba en la Mesa Nacional de Paz, en la ciudad de Bogotá, se espera que se sigan entablando diálogos de paz. A inicios de enero, se desarrolló el tercer ciclo de las conversaciones del acuerdo de paz, en el que se estableció una prórroga por seis meses del cese del fuego bilateral y que finalizará hasta el 15 de julio, con la espera de que está vez Colombia pueda cantar una tregua en la guerra que por años ha afectado a los habitantes del país.
Tras el fallo del Consejo de Estado que ordena la terminación del contrato de los funcionarios de la DIAN que se encuentran prestando sus servicios bajo provisionalidad, la Organización Sindical de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Sihtac) protestó, este 18 de mayo, sobre la calle 26 con carrera 92, para manifestar su descontento, lo que provocó retraso en la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado. La entidad se pronunció.>>> También puede leer: Así está la situación de movilidad en el El Dorado por manifestaciones contra la DIAN"La administración acompañará a los funcionarios que se verán afectados por esta decisión judicial. Se está trabajando con las cajas de compensación a través de sus programas de empleabilidad para dar acompañamiento a los funcionarios que deban retirarse con el fin de que puedan ubicarse laboralmente con prontitud", dice el comunicado de prensa de la DIAN. Asimismo, la entidad señala que le darán especial prioridad a las madres y a los padres cabeza de familia. "El proceso tendrá en cuenta a las madres y padres cabeza de hogar, discapacitados, retén social y enfermedades ruinosas y catastróficas para el orden de retiro", confirmó la DIAN. En ese mismo comunicado, la Unidad Administrativa Especial dejó expuesto su desacuerdo con la decisión tomada por el Consejo de Estado. Así se lee en el documento: "La administración reitera que, si bien se ve obligada a acatar el fallo, considera que es errado y causa un daño irreparable tanto a la entidad como a los funcionarios afectados, cuyo valioso trabajo de años ha sido un aporte invaluable para Colombia".>>> También puede leer: La DIAN realizará nueva jornada de subastas: lingotes de oro desde $916.000
El atentado con explosivos del pasado viernes, 17 de mayo, en la vía entre Corinto y Miranda, en el departamento del Cauca, cobró en las últimas horas la vida de una segunda persona.>>> También le puede interesar: Masacre en Cauca: asesinaron a adolescente y luego a familiares que fueron a su funeralLa nueva víctima de la explosión fue identificada como Luis Ovidio Rodríguez, de 67 años, quien se desempeñaba como mototaxista. El hombre falleció sobre las 7:42 p.m. del viernes en la Clínica Valle del Lili, de Cali.Con la muerte de Rodríguez ya son dos las víctimas mortales por causa del atentado. El primero en perder la vida fue el niño Esteban Ipujan, de 12 años, quien falleció en el lugar de la explosión. Su mamá, Emma Ipujan, de 47 años, se encuentra gravemente herida en una clínica de Cali.En un principio se habló de la detonación de un carro bomba, pero, según versiones posteriores, se trató de una carga explosiva que fue abandonada en la vía y que se activó, al parecer, al paso de la motocicleta.Aparentemente, el objetivo era cometer un ataque en contra de la fuerza pública."Cada vez más se agudiza la violencia en los territorios, donde constantemente la población está en riesgo, el municipio de Miranda en varias ocasiones ha sido afectado por explosivos, hostigamientos, atentados y presencia de grupos armados, atentando contra la vida e integridad de la comunidad y violando el derecho internacional humanitario, ya que la población ha sufrido lesiones a causa del conflicto", señalaron las comunidades indígenas del norte del Cauca.Tras las primeras investigaciones, el Ejército Nacional responsabiliza a las disidencias de las FARC como las responsables del atentado terrorista.>>>También puede leer: Alcalde de Cali hace advertencia tras aguacero que superó el máximo histórico de lluvias