La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Una emergencia por una intoxicación masiva se registró en la escuela Rafael Reyes de la Policía Nacional en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Las estudiantes afectadas ya han sido atendidas.Sobre las 2:30 de la tarde de este viernes, varias de las estudiantes empezaron a reportar dolor abdominal; no obstante, con el paso de los minutos, el número de afectadas aumentó generando una rápida reacción por parte de las autoridades.Noticia del día: Se disfrazaron de Hitler y usaron símbolos Nazi: escándalo en escuela de Policía de Tuluá“Hemos atendido hasta este momento cerca de 35 mujeres en el centro de salud del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, todas en condición estable. De estas 35 Estudiantes de la escuela de Policía, logramos ya da regreso a 10", indicó el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo.En la zona de sanidad de la escuela, un número importante de estudiantes también vienen siendo atendidas."Hasta el momento tenemos el reporte de que, según la información que ya tenemos por parte de sanidad, más de 180 uniformados Estudiantes de la escuela han reportado alguna sintomatología gastrointestinal”, dijo el secretario de Salud de Boyacá.Aún se desconoce qué sustancia pudo generar esta intoxicación masiva."Desplazamos un equipo técnico de la Secretaría de Salud que en este momento se encuentra en la escuela trabajando articuladamente con la Policía recogiendo muestras", añadió el secretario Santoyo.Todas las afectadas han sido atendidas en el municipio, pero las autoridades activaron la red hospitalaria de Duitama y Tunja para estar atentos ante la posibilidad de complicación de algún caso.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo y aseguró que la autonomía universitaria no está por encima del orden público. "La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAsimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. "No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó.Las voces tras el anuncio de De la EspriellaDiego Alejandro Torres, representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, respaldó la iniciativa señalando que «la autonomía universitaria no está por encima del orden público ni de la Constitución». Aclaró que los actos delictivos provienen de factores externos a la comunidad académica: “La violencia de la universidad no se origina en la universidad viene desde afuera”.Respecto al papel de las autoridades, remarcó que el ingreso policial debe ser una medida extrema y que “la búsqueda del protocolo es para evitar precisamente eso. El protocolo tiene que buscar la defensa de los ciudadanos y los estudiantes son ciudadanos”.Finalmente, instó a la comunidad estudiantil a involucrarse activamente manifestando que “hay que participar en la creación del protocolo, pero también hay que apoyar a las autoridades universitarias”.Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), hizo un llamado a preservar la esencia del espacio universitario sosteniendo que “la universidad por naturaleza es un escenario para la inteligencia la racionalidad el desarrollo de la ciencia”. Si bien rechazó categóricamente cualquier expresión violenta, advirtió sobre los antecedentes de la intervención policial al afirmar que “cuando la fuerza pública interviene en los campos universitarios... han sido intervenciones desproporcionadas y terminan afectando pues la misma institución”.Por ello, exigió una construcción concertada de las reglas de juego: “Esos protocolos tienen que ser diseñados conjuntamente”, añadiendo que “esperamos se dialogue con las universidades y podamos construir estrategias y métodos que efectivamente minimicen el impacto que puedan generar mucha más violencia”.Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, apoyó firmemente la propuesta del Gobierno de De la Espriella diferenciando los componentes de la autonomía académica e institucional: «nosotros respetamos la autonomía universitaria frente a lo administrativo y lo académico, pero algunos han aprovechado eso como un telón básicamente para permitir que se permee las universidades».El mandatario denunció la infiltración de grupos armados al margen de la ley y enfatizó que “las universidades hay que recuperarlas y los que más necesitan que sean recuperadas son los mismos estudiantes”.Sobre la aplicación de los operativos de seguridad, sugirió dar prioridad a la inteligencia previa indicando que “lo primero que tiene que pasar es que a través de inteligencia y con la colaboración de los rectores y comunidad académica se saque a quienes no son de la universidad”.¿Cómo debe ser el protocolo?En el análisis de la coyuntura, Gabriel Cifuentes precisó que la autonomía universitaria es una garantía consagrada en el artículo 69 de la Constitución y desarrollada por la Ley 30 de 1992, la cual otorga competencias de gestión académica, administrativa y financiera.No obstante, aclaró que esta no constituye un derecho absoluto y tiene límites marcados por la protección de los derechos fundamentales y las exigencias del orden público. Cifuentes enfatizó que no existe una prohibición legal que impida la entrada de la fuerza pública ante situaciones delictivas o de terrorismo, pero subrayó que es urgente fijar protocolos transparentes con guías de operación claras para evitar tanto la inacción institucional como eventuales abusos de autoridad en los campus.Por su parte, el analista Pedro Viveros argumentó que en los últimos años las universidades públicas atravesaron por un periodo de desorden e inestabilidad administrativa, donde la autonomía fue distorsionada y utilizada como refugio o botín político por diversos sectores.Añadió que es oportuno el propósito de establecer orden planteado por De la Espriella, pero sostuvo que el protocolo resulta indispensable para delimitar la actuación de la Policía y prevenir cualquier exceso de fuerza.NOTICIAS CARACOL
Todos los derechos humanos "están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad", debido al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA), advirtió este lunes el alto comisionado de la ONU, Volker Türk.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas", aseguró el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado, después de que empleados de ese sector tecnológico hayan urgido a ralentizar el avance de esa tecnología.La IA agéntica, que va más allá de la convencional y puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallos que "podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas", advirtió Türk."Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros", agregó el alto comisionado, quien aseguró que la IA "ya está acelerando el ritmo de las guerras, ampliando su alcance y erosionando las salvaguardias que se interponen entre nosotros y el lanzamiento de armas de destrucción masiva".Las advertencias del jefe de derechos humanos de la ONU se producen después de que personalidades como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.Según Türk, Estados y empresas deben movilizarse con urgencia a través de foros multilaterales para gobernar la IA sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos."Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico", resumió el alto comisionado austríaco. El presidente Donald Trump entró al debate sobre el alcance de la inteligencia artificial y señaló de "fuerzas negativas" a aquellos que pretenden regular la IA. "Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", dijo Trump en declaraciones a medios irlandeses.EFEEditado por María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en el estado de Morelos, en el centro del país azteca, en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Esa institución identificó, en un comunicado, a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en el centro universitario mexicano procedente de la Universidad de Granada, en el sur de España.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAPor su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. "El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido. Blumenkron indicó que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima. "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo", afirmó.En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se porcesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.EFE
El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 14 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.072,27 por dólar, de acuerdo con la certificación publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular y divulgar el indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa tasa vigente para este lunes corresponde a la certificada al cierre de la jornada cambiaria del viernes 11 de septiembre y aplica para los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2026. El viernes 11 de septiembre la tasa representativa del mercado se ubicó en $3.101,00, mientras que para este lunes 14 de septiembre la cifra quedó en $3.072,27. Esto significa una disminución de $28,73 por dólar entre ambas jornadas. En términos porcentuales, la variación fue de aproximadamente-0,93 %, lo que refleja una reducción en la cotización oficial de la moneda estadounidense frente al peso colombiano.Cómo se ha comportado el precio del dólar en septiembre de 2026Septiembre comenzó con una tasa de $3.213,97 por dólar el 1 de septiembre de 2026. Para este 14 de septiembre, la cotización oficial se ubica en $3.072,27, lo que representa una diferencia de $141,70 frente al inicio del mes. La variación acumulada equivale a una caída cercana al 4,41 % durante las dos primeras semanas de septiembre.La trayectoria observada en el mes muestra una secuencia descendente. Después de comenzar en $3.213,97, la TRM pasó a $3.184,00 el 2 de septiembre, luego bajó a niveles de $3.140,55 y $3.141,36 durante la primera semana. Posteriormente continuó descendiendo hasta $3.126,08, $3.116,47, $3.099,48 y $3.101,00 antes de ubicarse en los actuales $3.072,27. Este comportamiento ubica la cotización actual por debajo de los niveles registrados a finales de agosto, cuando la TRM se encontraba alrededor de $3.202,79.Precio del dólar en casas de cambio en ColombiaCiudadCompra (COP)Venta (COP)Spread (COP)Bogotá$3.128$3.221$93Cali$3.150$3.325$175Cartagena$3.050$3.300$250Cúcuta$3.150$3.190$40Medellín$3.057$3.182$125Pereira$3.130$3.230$100Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
En una alocución transmitida en sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, enfatizó que su administración no otorgará consideraciones ni tratamientos especiales a los denominados "delincuentes de cuello blanco" y afirmó que la ley se aplicará con igual rigor sin importar la posición social, política o los contactos de los procesados. El mandatario ordenó revisar y proceder de inmediato, conforme a la ley y sin contemplaciones, al traslado de las personas privadas de la libertad por delitos de corrupción que permanecen en guarniciones militares o estaciones de policía sin cumplir las condiciones legales requeridas. Según De la Espriella, el Estado no puede permitir que el cumplimiento de una condena por saquear los fondos públicos se transforme en una "estadía privilegiada".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl jefe de Estado también rechazó la idea de que los procesados que delinquieron vistiendo "saco y corbata" pertenezcan a una categoría penal superior, subrayando que las actuaciones corruptas generan consecuencias devastadoras sobre miles de ciudadanos. De la Espriella sostuvo que el desvío de recursos públicos sustrae directamente la comida de la niñez, desfinancia la atención en salud, destruye oportunidades educativas y priva a las comunidades de obras de infraestructura y agua potable.En ese sentido, el presidente aseveró que es indispensable erradicar la percepción de que en el país la cárcel depende "del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan". Asimismo, ratificó su compromiso de perseguir "sin cuartel" a los responsables de las irregularidades en el manejo presupuestal y de las cifras fiscales falsas presentadas por la administración saliente, advirtiendo que en su gobierno "el poder no será un salvoconducto para la impunidad".Como medida preventiva frente a la malversación de fondos, el Gobierno avanza en la evaluación de 83 perfiles profesionales para asumir las jefaturas de control interno en las entidades del Estado. La iniciativa busca vigilar la ejecución del presupuesto, detectar riesgos y prevenir actos de corrupción directamente desde el interior de las instituciones públicas.En su alocución de este domingo, el presidente presentó también un balance sobre el estado financiero de Colombia, y denunció un desfalco económico y un endeudamiento irresponsable heredado de la administración anterior. Dio detalles de la implementación del "Presupuesto de la Verdad" para el año 2027, el cual busca priorizar la inversión social y la transparencia frente al déficit fiscal actual. Y, en materia de seguridad, el mandatario destacó la captura de cabecillas criminales y reafirmó su intención de intervenir en universidades públicas para combatir el vandalismo y el terrorismo urbano.NOTICIAS CARACOL
