Hay polémica por la ley que sancionó el presidente Iván Duque mediante la cual se autoriza al Ministerio de Ciencias y Tecnologías para que brinde el aval a institutos para entregar títulos de maestrías y doctorados. Desde la academia se lanzaron fuertes críticas.“El Gobierno nacional reglamentará las condiciones y procedimiento para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación otorgue el reconocimiento a los institutos y centros de investigación para la oferta de programas de maestría y doctorado”, establece la norma.Otras noticias: ¿Por qué la contratación pública termina en escándalos como el de MinTic?Sin embargo, académicos dicen que la ley sobre maestrías y doctorados va en contravía de las acciones hechas para mejorar la educación superior en Colombia y se sale de las normas internacionales.“Es como si las clínicas, por ejemplo, graduaran de especialistas a los médicos que hacen unas prácticas allí. Solo las universidades tienen la infraestructura para tal fin, tienen unos estatutos, tienen unos profesores”, manifestó Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional.Universidades públicas y privadas también sostienen que la ley es un desacierto.“Los centros, los institutos pueden ofrecer doctorados asociados a una universidad, por ejemplo, en Alemania, los institutos Max Planck no ofrecen programas de formación se asocian a universidades para que la universidad se encargue de la parte de formación”, señaló Silvia Restrepo, vicerrectora de investigación y creación de la Universidad de los Andes.Vea, además: “En Colombia hay 260 casos diarios de violencia infantil”: Aldeas Infantiles SOSDesde el Congreso, el senador Carlos Andrés Trujillo, autor de la ley sobre maestrías y doctorados, la defiende.“Esto democratiza el acceso a la educación en nuestro país, que muchos colombianos por los altos costos de las mismas no han podido acceder”, indicó Trujillo.Los autores de la norma dicen que contó con el aval del Ministerio de Educación y aseguraron que no se pondrá en riesgo la rigurosidad en los procesos de formación.
En segundo debate, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que busca ponerles topes a los cobros que hacen las universidades por la inscripción, matrícula, derechos de grado, expedición de certificados y constancias, y realización de exámenes de habilitación.El proyecto, al que solo le faltan dos debates en el Senado de la República, establece cuál es el pago máximo que tendrán universidades públicas y privadas."Para las universidades privadas queda contemplado que ninguno de estos cobros puede superar el 10 por ciento del valor de la matrícula. Con esto no solo se busca disminuir la deserción, sino permitir el acceso progresivo de estudiantes", explicó Wilmer Leal, representante de la Alianza Verde.En el caso de las universidades públicas, no podrán superar el 50 por ciento del aumento del IPC en los cobros de estos trámites."Esto significaría que seguiría siendo costoso ya que hay universidades que cobran 20 millones de pesos, 26 millones de pesos por sus matrículas. Significaría que por estos derechos podrían cobrar dos millones a dos millones 600”, manifestó el secretario de la Asociación de Representantes Estudiantiles, José Cárdenas.Desde la Asociación Colombiana de Universidades aseguran que el proyecto es inconveniente. Estos cobros “hacen parte de los ingresos propios con que funcionamos las universidades públicas en Colombia. En consecuencia, hacer este tipo de modificación, sin haber escuchado a las universidades, puede generar una afectación”, expresó su director, Óscar Domínguez.Con la aprobación del proyecto también quedan definidos los plazos mínimos del pago de la matrícula de las universidades, que no pueden ser antes de 20 días desde la entrega del recibo de pago a los estudiantes.
