EPM y las aseguradoras alcanzaron, en las últimas horas, un acuerdo para cubrir los 4,3 billones de pesos, correspondientes a la sanción por responsabilidad fiscal que la Contraloría les impusoa 26 personas en el caso del proyecto de Hidroituango.
Una reunión hecha en Madrid, España, entre los representantes de Mapfre y miembros de EPM, fue la primera puntada para que se llegara a un arreglo en el que dicha aseguradora desembolsaría el 90% del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, es decir, 3,9 billones de pesos y el valor restante, que corresponde a 400 mil millones de pesos, lo asumiría Sura como reaseguradora.
“Un eventual acuerdo deberá ser sometido a aprobación ante los órganos internos competentes de EPM y, de concretarse, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la empresa”, indicó Empresas Públicas de Medellínen un comunicado.
De ser así, Hidroituango se salvaría y tendría los recursos para concluir obras, como lo informó EPM.
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“Este valor como suma total y definitiva para resolver la controversia generada a partir de la contingencia del proyecto. Las condiciones y el cronograma para el pago de los recursos están en proceso de definición entre las partes”, comunicó la empresa.
“El fallo de la Contraloría prácticamente le daba una estocada al proyecto Hidroituango, hoy nuevamente se devuelve la confianza institucional, EPM recupera la solidez financiera y, sobre todo, la credibilidad ante la banca”, dijo el exgerente de EPM Mauricio Restrepo.
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En un trino, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero,se refirió al acuerdo y señaló que los contratistas pagarían el deducible de 800 mil millones de pesos y que continuarán las demandas para conseguir los recursos no cubiertos por las aseguradoras.
El acuerdo ya recibió el aval de la Contraloría General, ahora falta su firma y los compromisos de pago, detalles que se discutirán esta misma semana.
Por otro lado, de lograrse el pacto, este traería beneficios no solo para el proyecto, sino también para las personas que aparecen como responsables fiscales por el detrimento, según la Contraloría.
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El viernes, 10 de diciembre, sería la fecha en la que se cerraría el acuerdo con una firma entre EPM y las aseguradoras.
Dándose este pago total, se levantaría la responsabilidad fiscal que le impuso el ente de control a las 26 personas naturales y jurídicas por el detrimento patrimonial en Hidroituango, entre ellas están las mismas aseguradoras, los contratistas responsables de la obra y el precandidato presidencial Sergio Fajardo, entre otros.
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Este pago también permite quelas empresas a cargo de la obra sigan habilitadas para terminar su contrato.
Es así como este panorama tiene dos consecuencias: una económica y otra política. La primera, es que los contratistas pueden continuar con la obra y la primera turbina de generación de energía entraría a operar en julio de 2022.
La política sería que el riesgo de inhabilidad que tiene hoy el precandidato presidencial Sergio Fajardo se eliminaría, permitiéndole continuar tranquilo con su aspiración política.
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