A través de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) se refirió al acuerdo anunciado por el Gobierno nacional para reducir los costos de las tarifas de energía en los estratos 1, 2 y 3. La empresa señaló que ella y sus filiales se acogen al acuerdo, siempre y cuando se cumpla con algunos hitos que prometió la administración Petro."Las empresas de energía del Grupo EPM: Afinia, CENS, CHEC, EDEQ, ESSA y EPM se acogieron a este acuerdo propuesto por el Gobierno nacional, con la ruta que permitirá a los usuarios más vulnerables atendidos con el servicio público domiciliario de energía eléctrica beneficiarse con la reducción de los Costos de la Opción Tarifaria (COT)", indicó EPM.¿Qué condiciones pone EPM para reducir tarifas de energía?Empresas Públicas de Medellín puso cuatro condiciones para acogerse al acuerdo del Gobierno: "El trámite por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de ley, que permita la apropiación presupuestal de los recursos necesarios para cubrir, como un subsidio de la Nación, el Costo de la Opción Tarifaria (COT) de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Este proyecto será presentado por el Gobierno Nacional el próximo 20 de julio".EPM también señaló que, mientras el trámite avanza, el Gobierno "se comprometió a otorgar recursos de financiamiento a través de líneas de crédito con la banca pública, destinadas a las empresas comercializadoras de energía, entre ellas las del Grupo EPM, que tienen saldos de deuda de la Opción Tarifaria, a tasas de interés compensadas (más bajas que las de mercado) y con períodos de gracia de hasta 12 meses".La compañía hizo énfasis en que la disminución en la tarifa para los usuarios beneficiados con el acuerdo se hará en proporción a los créditos desembolsados por la banca pública. En este sentido, el alivio tarifario para los usuarios se hará en la medida en que se realicen los desembolsos.La última condición que pone EPM es que, "para que los comercializadores procedan a disminuir el Costo de la Opción Tarifaria (COT) en sus facturas, debe expedirse una normativa por parte del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que permita diferenciar el Costo de la Opción Tarifaria (COT) entre usuarios beneficiados (estratos 1, 2 y 3) y los demás usuarios del servicio de energía eléctrica (estratos 4, 5 y 6, comercio, industria y sector oficial)".Vea aquí el comunicado de EPM
Mapfre y la empresa EPM sellaron el contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango, un hecho que permitirá recuperar el 90% del daño patrimonial, es decir, $3,9 billones que pagará la aseguradora para garantizar la terminación de la megaobra.Los efectos del acuerdo entre EPM y las aseguradoras en Hidroituango: ¿quiénes se benefician?“Mapfre, con el respaldo de sus reaseguradores, ha anticipado 350 millones de dólares por daños ya certificados previamente, abonaremos el resto las próximas semanas”, explicó Pablo Andrés Jackson, CEO de la compañía de seguros.Los recursos serán desembolsados el 31 de enero del 2022.“Es la primera vez que un órgano de control, con la colaboración de los gestores fiscales, logra evidentemente recuperar para el país un proyecto de la envergadura de la central hidroeléctrica Hidroituango. Antes teníamos que conformarnos con llorar sobre la leche derramada”, señaló el contralor Felipe Córdoba al celebrar la decisión.Por su parte, el presidente Iván Duque ratificó la salvación del proyecto que garantizará el 17% de la energía del país: “Lo que ocurrió en Hidroituango es un siniestro y los siniestros se tienen que atender a través de los sistemas de aseguramiento, para eso existen los seguros”.Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reiteró su posición sobre la responsabilidad de los contratistas, aunque celebró la recuperación de estos recursos: “El fallo de la Contraloría deja unos responsables fiscales claros. Si hubiera sido un accidente no hubiera habido fallo de la Contraloría, pero el mismo informe de la reaseguradora Mapfre dice que fue falla de los contratistas, de los diseñadores, que está cubierto y que por eso están pagando”.Vea también: Ratifican fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas por HidroituangoSegún lo informó el presidente Duque, con este logro la primera turbina de la central hidroeléctrica estaría operando en junio de 2022.El valor del daño patrimonial estimado por la Contraloría fue de 4,3 billones de pesos, en consecuencia, 400 mil millones de pesos faltantes serán desembolsados por la aseguradora Sura y otras más que tienen compromisos con el proyecto.Se espera, además, que los actuales contratistas continúen con el proyecto para garantizar su terminación en los tiempos estipulados.
Conconcreto, una de las firmas que construye Hidroituango, sentó hoy su posición sobre el fallo de la Contraloría, que la declaró fiscalmente responsable por los líos del proyecto. Su presidente, Juan Luis Aristizábal, explicó los efectos que tendría la ratificación de la sentencia y aseguró que el ente de control no los ha escuchado.“Queremos aportar nuestros testimonios, nuestras pruebas técnicas y peritazgos que permitan controvertir lo que se nos imputa en los cargos”, dice Aristizábal.Hidroituango, en vilo por decisión de empresas constructoras de acogerse a reorganización“Nosotros no somos agentes fiscales. Un agente fiscal es aquella persona natural o jurídica que administra recursos del Estado. En este caso, al consorcio no le dieron anticipo (…) Nos pagan por un servicio o una obra ejecutada, que fue recibida a entera satisfacción por el contratante, que además es el constructor del proyecto. Nosotros somos subcontratistas constructores”, agregó el ejecutivo.“Nuestra posición es que queremos un debido proceso, queremos probar y demostrar que no tuvimos ninguna falla en nuestras obligaciones contractuales. A nosotros solo nos pueden juzgar en las responsabilidades contractuales”, explicó el presidente de Conconcreto.
