La Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado 87.027 millones de pesos por incurrir en irregularidades en la ejecución de contrato y no cumplir con la instalación de 7.277 centros digitales en zonas apartadas de Colombia. Así lo estipuló un fallo de la Contraloría General.>>> Vea más: Caso Centros Poblados: procuradora anuncia tutela para recuperar $70.000 millones perdidosLa Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría sostuvo que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo que hizo que varios sitios apartados del país se quedaran sin acceso a internet.La entidad ordenó el pago por $87.027 millones por parte de Centros Poblados por irregularidades en el contrato 1043 de 2020, el cual se celebró entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones del gobierno de Iván Duque y Centros Poblados. “Se materializó en el incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”, dijo la Contraloría.El ente de control señaló que “hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”.Por tal motivo, la Contraloría determinó “fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados”.¿Qué pasó con los 70.000 millones de Centros Poblados?La Contraloría especificó que “esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”.Además de la responsabilidad de Centros Poblados, el ente de control manifestó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora y por eso declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora.La Contraloría “falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto”.¿Y los funcionarios del Mintic en el caso Centros Poblados?La Contraloría falló sin responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios del Fondo Único de Mintic (Funtic) luego de la valoración integral de las pruebas y los argumentos de la defensa.En el caso de Adriana Meza, quien fue representante legal delegada del Funtic, “quedó acreditado que solo hasta el 20 de mayo de 2021 se le puso en su conocimiento de la situación de incumplimiento del contratista, de ahí que no contaba con fundamentos de hecho que le permitieran adelantar las acciones estipuladas en el contrato de aporte para conminar a la Unión Temporal al cumplimiento de sus obligaciones o solicitar la suspensión del giro de los recursos o la devolución del dinero por concepto de anticipo”, explicó la entidad.Sobre Sandra Orjuela, que fue subdirectora de gestión contractual de Mintic, dijo el órgano de control, “se probó que adelantó todos los procedimientos que le eran exigibles funcional y legalmente para la aprobación de las garantías bancarias sumado a que, tal y como quedó acreditado ante la Jurisdicción Penal, la misma fue inducida en error por parte de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020”.Por último, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, que fue supervisor del contrato, según la entidad, “quedó probado que no intervenía ni directa, ni indirectamente en la aprobación de las órdenes de pago, puesto que dicha obligación recaía única y exclusivamente sobre la interventoría”.¿Qué sucedió con Karen Abudinen en el caso Centros Poblados?El pasado 24 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación determinó archivar la investigación contra Karen Abudinen, quien fue ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el gobierno del expresidente Iván Duque y que llegó a ser mencionada en el caso de corrupción de Centros Poblados.Según el órgano de control, no se comprobó ninguna conducta irregular, es decir, durante la investigación disciplinaria no se hallaron pruebas suficientes que demostraran que Karen Abudinen cometió una falta disciplinaria en relación con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, correspondiente a la Unión Temporal Centros Poblados.El segundo aspecto que determinó la Procuraduría fue el de inexistencia de responsabilidad directa por parte de la exfuncionaria. Los análisis, dijo la entidad, “no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias”.Por último, la entidad explicó que “el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado” y que la conducta atribuida a Karen Abudinen “no encajaba en los supuestos que justificarían una sanción disciplinaria”.>>> Le puede interesar: ¿Cuál es la situación de implicados en caso Centros Poblados? Karen Abudinen, absuelta
Durante la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se celebra en Cartagena, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo una dura advertencia: si se marchita el sector de petróleo y gas, Colombia necesitaría reformas tributarias mucho más agresivas.>>> Vea más: Ecopetrol importará gas: recomienda “dejar de usarlo en los momentos críticos”El funcionario manifestó que se necesita sí o sí importar gas en Colombia ante la situación del faltante que va a tener el país desde diciembre de este año.Rodríguez se refirió a las regalías que dejan en Colombia los recursos naturales: "Las regalías, que provienen de la explotación de recursos naturales en nuestros territorios, tienen el potencial de transformar profundamente nuestras comunidades a través de la inversión de recursos en aras de un mejor futuro. Sin embargo, a menudo vemos que estos dineros no se invierten de manera eficiente ni eficaz, lo que limita su capacidad para fomentar un desarrollo verdadero y sostenible".El contralor agregó que, “a medida que se agoten los recursos que generan regalías, tendrá que presentarse reformas tributarias más agresivas y esto es lo que en un futuro inmediato el país debe evitarse. Por eso, cuando me entero de casos de cese de exploración, pues, realmente, lo que observo es una fuente menos de recursos y que se reducen los tiempos disponibles”.Contralor, preocupado por el presupuesto 2025El contralor Rodríguez indicó que le preocupa el desfinanciamiento del presupuesto de la nación para el 2025 y dijo que, de no ser aprobada la ley, el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe adoptar el presupuesto por decreto 511 billones.El contralor también señaló que, por dejar de exportar a Israel, Colombia dejaría de recibir más de 650 mil millones de pesos en regalías e impuestos."Debido a esta medida se dejan de percibir más de $650 mil millones en regalías, impuestos y contribuciones anuales, de los cuales, $100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar, esto sin contar lo que implica en términos de seguridad jurídica y confianza inversionista que repercute en el desarrollo del país y el obtener recursos importantes incluso para la inversión social", puntualizó el contralor.>>> Le puede interesar: ¿Peligra suministro de gas en Colombia? Ecopetrol pide que se genere energía con diésel
La Contraloría General de la República advirtió que hay riesgo de que más de 10 millones de colombianos se queden sin servicio de luz y puede haber “un inminente riesgo de racionamiento”.¿Por qué hay riesgo de racionamiento?“Se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, indicó el ente de control.Según la Contraloría, “la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”.Así mismo, señaló que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.Otros servicios se verían afectados, según ContraloríaLa entidad recalcó que el “no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional, ingresos no recaudados por la opción tarifaria y el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”.“Se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría General de la Nación a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan", agrega.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a un informe conjunto presentado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, en el que se señala que “los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas”.“Los cálculos realizados estiman que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031. Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones”, precisa el texto.“Tienen razón”: PetroEl presidente Petro reaccionó a este informe en el que, señaló, “dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tienen razón”.“Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas. Esta es una de las grandes hipocresías nacionales”, añadió.“La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República”, propuesta que, según el mandatario, había hecho “alguna vez”.“El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la Emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia, un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ha vivido 75 años bajo la violencia”, explicó el mandatario.
La Contraloría y el Gobierno colombiano han entregado investigaciones sobre la pérdida de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) con notables diferencias. Se ha lanzado un llamado de atención frente a un posible caso de corrupción que podría dejar millonarios detrimentos.>>> Le recomendamos: Pérdidas millonarias por cuenta de bloqueos fue tema clave en Congreso de Analdex¿Cuánto dinero del Sistema General de Regalías se ha perdido?Planeación Nacional visitó obras inconclusas en todo el país, determinando que más de 12,1 billones de pesos del Sistema General de Regalías estarían comprometidos. Esto correspondería a 2.094 proyectos que hay en construcción, de los cuales el 71,5% de las obras tienen el plazo de ejecución.Alexander López, director de Planeación Nacional, especificó que estos 12 billones de pesos debían transformar los territorios en Colombia, resolviendo las problemáticas de agua potable, saneamiento básico, construcción de escuelas, puestos de salud y conexión de territorios.Las denuncias de Planeación también muestran que hay 277 proyectos por un valor de un billón de pesos que figuran como terminados, pero que siguen en ejecución. Además, otros 2.133 proyectos por valor de 3,5 billones que no figuran con acta de terminación.En días pasados, el presidente Gustavo Petro había denunciado el robo de 9.1 billones de pesos en proyectos aprobados por el sistema de regalías y los OCAD Paz, pero la Contraloría dice que se tienen procesos de responsabilidad fiscal por 2.4 billones, una cifra mucho menor a la expuesta por el mandatario.Otros de los hallazgos del DNP tienen que ver con que la mayoría de los recursos se invirtieron en 20 municipios y que más de 6,6 billones de pesos están concentrados en solo 11 contratistas.>>> Puede interesarle: Rifirrafe entre el presidente Petro y el alcalde Galán por el Hospital San Juan de Dios
La Contaduría General de la Nación reveló que en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) aparecen deudas por aproximadamente 152 billones de pesos.>>> También puede leer: ¿Qué se está haciendo para evitar el desabastecimiento de petróleo y gas en Colombia?En esta entrega de Signo Pesos, el contador general de la Nación, Mauricio Gómez Villegas, explicó las implicaciones que tiene aparecer en el Boletín de Deudores Morosos y cómo afecta al funcionamiento del Estado.Mauricio Villegas expuso que “el Boletín de Deudores Morosos es un registro de información de personas naturales y jurídicas que mantienen deudas con las entidades estatales. Deudas con un valor superior a cinco SMMLV y que han estado en mora por más de seis meses”.“En este boletín hay aproximadamente 1.168.000 personas. Adeudan en total al Estado en el corte a mayo de este año cerca de 152 billones de pesos”, afirmó Gómez Villegas.>>> También puede leer: Nuevos beneficios para que venezolanos en Colombia puedan acceder a productos financieros
Después de que la Contraloría encendiera las alertas por el bajo nivel de ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad afirmó que en lo corrido del 2024 ha girado pagos por $605 mil millones de pesos.>>> Le recomendamos: Procuraduría le formuló pliego de cargos al viceministro de Cultura por viaje a VenezuelaEjecución del presupuesto de la UNGRD durante el 2024Por medio de un comunicado, la UNGRD aclaró sus movimientos financieros en concepto de pagos girados en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024.Según la unidad, la mayoría de estos pagos se ha dado para aspectos como la gestión del riesgo, al cumplimiento de compromisos pendientes de años anteriores y a gastos de funcionamiento de la entidad."Es importante aclarar que la UNGRD no se rige bajo el principio de anualidad y su ejecución no puede medirse con la misma metodología que a las demás entidades del Estado. Cabe mencionar que la mayoría de los pagos que hace la UNGRD se aplican a la reserva presupuestal y pago con valor líquido cero, lo que hace que no se reflejen directamente en la vigencia del 2024", detalló.Así mismo, aseveró que la actual dirección de la UNGRD, encabezada por Carlos Carrillo, está adelantando diálogos con el Ministerio de Hacienda para modificar el esquema de pagos para que la ejecución pueda ser contabilizada dentro de la anualidad y no se cargue a la reserva presupuestal.Para el año 2024, la UNGRD recibió un total de $780.279.241.893.>>> Puede interesarle: Corrupción en la UNGRD: Procuraduría investiga a más funcionarios¿Qué dijo la Contraloría sobre la ejecución presupuestal de la UNGRD?El 5 de agosto de 2024, la Contraloría advirtió la baja ejecución presupuestal por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para prevenir posibles estragos causados por riesgos naturales, entre ellos, el fenómeno de La Niña.El contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra aseguró que “entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la UNGRD solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres”.Además, destacó que en 2023, el 0,02% de lo contratado por la entidad no fue ejecutado, por lo cual unos $2,13 billones de pesos pasaron como rezago presupuestal al año 2024.
Este 5 de agosto de 2024, la Contraloría advirtió la baja ejecución presupuestal por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para prevenir posibles estragos causados por riesgos naturales, entre ellos, el fenómeno de La Niña.> > > Le puede interesar: Corrupción en la UNGRD: Procuraduría investiga a más funcionariosEl contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra aseguró que “entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la UNGRD solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres”.Además, destacó que en 2023, el 0,02% de lo contratado por la entidad no fue ejecutado, por lo cual unos $2,13 billones de pesos pasaron como rezago presupuestal al año 2024.Preocupación por contratos de la UNGRDPor medio del comunicado, el contralor hizo un llamado de atención a Carlos Carrillo, quien desde hace 5 meses director general de la UNGRD, frente a las obligaciones misionales que tiene en la entidad, especialmente las relacionadas con cumplir de manera adecuada los compromisos, obligaciones, órdenes de proveeduría y contratos que recibió su administración."La inacción y/o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos, está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos", expresó la entidad fiscal, quien trajo a colación casos como los de los carrotanques de La Guajira, la mitigación de riesgos tras la tragedia en Mocoa, y la solución de las afectaciones producidas por derrumbes en el municipio de Piojó.Las investigaciones en curso de la UNGRDDe acuerdo con la Contraloría, actualmente se adelantan 17 actuaciones de control fiscal que abarcan procesos de contratación de la UNGRD, esto relacionado con temas como ollas comunitarias, maquinaria amarilla, carrotanques y programa “Hambre Cero”, entre otros."En este momento la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción tiene a su cargo un total de 17 actuaciones con un monto de apertura, hasta el momento, de más de $96.303 millones. Se han emitido medidas cautelares en dos de los ocho procesos, que tienen montos de apertura por $29.013 millones en total", explicaron.Además de ello, la entidad está estudiando más de 40 contratos suscritos por la UNGRD en todo el país, analizando órdenes de proveeduría, evidencia de ejecución, informes de supervisión, interventoría y/o comité de veeduría comunitaria.> > > Más sobre la UNGRD: Caso UNGRD: Corte Suprema realiza inspección a Secretaría de Comisión Séptima de Congreso
Este lunes, 5 de agosto de 2024, la Contraloría General de la República reveló unos explosivos hallazgos en los que se vio involucrada la Nueva EPS, la prestadora de salud más grande de Colombia.>>> Vea más: Contraloría halló presuntas irregularidades en pagos a 24 EPS durante 2020, en pandemiaResulta que el ente de control encontró pagos que no guardaban relación de causalidad con servicios de salud en la Nueva EPS, entidad que habría destinado, en el año 2020, al menos 40.000 millones de pesos para honorarios a miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y clases de pilates, entre otras cosas.Además, la Contraloría evidenció que la Nueva EPS pagó servicios de salud por 62 mil millones de pesos de vigencias anteriores -de 2008 a 2015- con la unidad de pago por capacitación de 2020.¿Qué encontró la Contraloría en 24 EPS de Colombia?El ente de control descubrió irregularidades en pagos a 24 EPS durante 2020, en plena pandemia. Según la entidad, hay mayores valores pagados a terceros por $5,3 billones, resultantes de la diferencia entre lo facturado y lo pagado. Este, por ejemplo, es el caso de la Nueva EPS, donde se hallaron giros sin soportes por valor de $2,1 billones.La Contraloría también halló pagos de servicios de salud de vigencias anteriores, por $5,4 billones, con recursos de UPC del 2020, además de dineros que no tienen evidencia de su uso. En 2020, según la entidad, se produjo un excedente de $643 mil millones por concepto de presupuestos máximos.Además de la Nueva EPS, la Contraloría aseguró que la EPS S.O.S. pagó, con recursos excedentes de la UPC del 2020, deudas ya prescritas por 86 mil millones de pesos.Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, indicó que ha "tomado la decisión de declarar estos hechos de alto impacto nacional, por lo tanto, todas las investigaciones se adelantarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República".>>> Le puede interesar: Alcalde de Cali advierte “colapso” de la red de salud pública por deudas de EPS
Este lunes, 5 de agosto de 2024, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que la entidad identificó “hallazgos fiscales (irregularidades que ameritan una investigación para determinar si hay pérdidas de recursos públicos) por $6 billones” de pesos, tras analizar el uso y destino de los recursos de la UPC entregados por 24 EPS en el año 2020.>>> Vea más: Alcalde de Cali advierte “colapso” de la red de salud pública por deudas de EPSEl funcionario indicó que "para evaluar la gestión fiscal, la Contraloría General de la República utilizó la información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las EPS y registrados ante la Superintendencia de Salud".¿Qué hallazgos hizo la Contraloría en 24 EPS?El ente de control encontró pagos de servicios de salud de vigencias anteriores, por $5,4 billones, con recursos de la UPC del 2020. Además de dineros que no tienen evidencia de su uso. En 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones, por concepto de presupuestos máximos.La Contraloría informó que la EPS S.O.S. pagó, con recursos excedentes de la UPC del 2020, deudas ya prescritas por $86 mil millones y, por otra parte, la Nueva EPS pagó servicios de salud por $62 mil millones de vigencias anteriores (2008 a 2015) con la UPC de 2020.La entidad también evidenció que hay mayores valores pagados a terceros por $5,3 billones, resultantes de la diferencia entre lo facturado y lo pagado; como es el caso de la Nueva EPS, donde se encontraron giros sin soportes por valor de $2,1 billones.¿Qué hacía la Nueva EPS con los pagos de UPC?El ente de control encontró pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud. Por ejemplo, la Nueva EPS utilizó $40 mil millones para honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, entre otros.Por último, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que “he tomado la decisión de declarar estos hechos de alto impacto nacional, por lo tanto todas las investigaciones se adelantarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República".>>> Le puede interesar: En Antioquia, dejarán de prestar servicio de salud a 96.000 docentes: ¿por qué?
