De acuerdo con el ente acusador, la investigación contra Rafael Martínez obedece a supuestos actos de corrupción que le costaron al distrito $11 mil millones.
El burgomaestre dio su versión de los hechos a Noticias Caracol.
Mientras que la Fiscalía lo acusa de celebración indebida de contrato y peculado por apropiación en favor de terceros, delitos que habrían derivado en el retraso en las obras de cuatro puestos de salud, Martínez asegura que las obras están terminadas y cuentan con todo el respaldo legal.
"Ahí están los centros terminados y la licencia, como lo indica la ley es un requisito de ejecución. Es más, esto está en juicio y me tienen que vencer en el juicio. El propósito de todo esto era sacarnos de la alcaldía porque no soy un peligro para la sociedad" dijo el dirigente.
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Los contratos bajo la lupa de las autoridades fiscales son el 004 y 007 de 2014, antes de la elección de Rafael Martínez. Pero, en los cuales, según el ente acusador, el actual alcalde adelantó pagos a los contratistas de la obra sin haber terminado el proceso de licitación, lo él niega.
Rafael Martínez también se refirió a la intervención al despacho, ordenada por el alcalde encargado de Santa Marta, Andrés Rúgeles, quien también funge como funcionario de la Presidencia de la República.
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"Las cámaras que hoy menciona el doctor Rúgeles son de seguridad y que ellos las taparon para que no se viera el proceso. Entre otras cosas, un secretario de Transparencia, que actúa de manera oscura, debieron pedir o buscar la información de manera legal", sostuvo.
Martínez enfrenta 17 investigaciones de la Procuraduría, por una de las cuales ya estuvo suspendido.
En tanto se soluciona la situación política de la ciudad, los samarios viven en incertidumbre con un plan de desarrollo paralizado y más de 180 barrios sin agua potable.
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