Más de 400, provenientes del Bajo Atrato chocoano, denunciaron que viven en precarias condiciones y han sido víctimas de enfrentamientos entre grupos armados.
Mirian Beilarin es una de las indígenas que llegó a Bogotá este fin de semana. Ella contó cómo, hace un año, su sobrino de 14 años perdió la vida al manipular una mina antipersona; el menor estaba en las filas de un grupo armado ilegal. “Estaba estudiando y lo reclutaron”, dijo la mujer.
Casos como este de reclutamiento forzado, enfrentamientos entre grupos armados por el control del territorio, presencia de minas antipersona en sus regiones y el desplazamiento son, dicen las comunidades indígenas, las razones que los llevaron a ir hasta la capital.
Sin embargo, advierten que el problema no acaba ahí y denuncian precarias condiciones de salud, educación y alimentación.
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Tras la reunión con representantes del Ministerio del Interior, el gobierno propuso crear una mesa interinstitucional e instó a las comunidades a regresar a sus territorios.