Investigan a gerente de Grupo Energía de Bogotá por contrato con firma salpicada en chuzadas

Autoridades creen que contrato con la empresa BRG sería una fachada para interceptaciones y seguimientos ilegales a empresa Enel. Hay exfuncionarios en la mira.
Laude José Fernández es exdetective del DAS y hoy está preso por el escándalo de las chuzadas a empresarios, sindicatos y abogados.
Lo habría hecho a través de la empresa BRG, de la que era representante legal, en oscuras alianzas con miembros de la Fiscalía que se prestaron, a través de la sala de interceptación del organismo, para chuzar teléfonos por encargo.
Ahora el coletazo de este escándalo llegó hasta el poderoso Grupo Energía de Bogotá, la antigua empresa de energía de la capital del país.
Este miércoles la Contraloría de la ciudad destapó el escándalo.
Según el organismo, el Grupo Energía de Bogotá violó todos los parámetros de contratación pública al entregar a dedo un contrato que inicialmente era por 2 mil millones de pesos pero que, según los documentos que obtuvo el ente de control, ascendieron realmente a más de 3 mil millones con la empresa BRG.
El ente de control fiscal le reprochó a la empresa del Distrito no cuidar los recursos públicos, que en este caso fueron usados para pagar "inteligencia profunda, a personas naturales y jurídicas".
Casualmente en la investigación que la Fiscalía adelanta por las chuzadas había encontrado un correo encriptado de Laude Fernández; eran datos que este enviaba a sus clientes sobre el grupo Enel, empresa española que es socia del Grupo Energía de Bogotá en la prestación del servicio y con la que hoy mantiene profundas diferencias y hasta pleitos en tribunales de arbitramento.
Pero no solo la adjudicación del millonario contrato de "inteligencia corporativa", como dicen los documentos en poder ya de la justicia, generó reproches. También el hecho de que los gastos fueran realizados a través de la figura de gastos reembolsables, es decir, que además se pudo haber incurrido en evasión fiscal.
Por todo lo anterior, fiscalmente, deberán responder por 2.040 millones de pesos, Gloria Astrid Álvarez, actual presidenta del Grupo Energía de Bogotá; su vicepresidenta jurídica, Diana Margarita Vivas y los interventores del contrato, Alejandro Botero y Mónica Jiménez.
Pero más allá del tema fiscal, lo que ahora la Fiscalía va a indagar es qué tiene que ver Laude Fernández, uno de los cerebros de las chuzadas, con lo que le pedía su cliente.
Los investigadores creen que el contrato era realmente una fachada para obtener, a través de comunicaciones ilegales, información sobre altos directivos del grupo Enel, empezando por su presidente, el español Lucio Rubio, quien aparece en el grupo de víctimas de las chuzadas.
Coincidencialmente, las fechas en que a Rubio le dijeron en la Fiscalía que su teléfono estaba chuzado fueron las fechas en que se firmó el contrato y se hicieron los pagos por parte de la empresa Grupo Energía de Bogotá a BRG, la empresa que representaba Laude Fernández.
Ahora serán los fiscales los que determinen si solo se trata de coincidencias o si el país está frente de tal vez uno de los más graves episodios de espionaje corporativo.