Se les señala de estar detrás de una red de cooperativas en la que madres comunitarias, pensionados y otras humildes personas perdieron sus ahorros.
“Firmaban pagarés en blanco y estos pagarés en blanco eran los que terminaban engordando ese crédito, esa cartera, que en el caso de José Herrera era para Elite, que a su vez se volvían títulos que ofrecían a los inversionistas”, aseguró Polo Herrera, demandante en el proceso.
Tras investigar el caso, la Superintendencia de Sociedades ordenó intervenir los bienes del exrepresentante a la Cámara.
La decisión fue tomada por Nicolás Polanía Tello, superintendente delegado para procedimientos de insolvencia y comunicada a la agente interventora, María Mercedes Perry.
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El exparlamentario ha sido cuestionado, además, por sus presuntas relaciones con paramilitares del Magdalena.
Uno de los bienes intervenidos es un apartamento ubicado en el lujoso condominio Murano Beach, ubicado en un exclusivo sector de Cartagena.
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También fueron intervenidas las oficinas de una cooperativa en montería, tambien controlada por la pareja, así como un lote en Barranquilla.
Según Carlos Sánchez Cortés, abogado defensor de Herrera, el excongresista se ha limitado a proponer un plan de desmonte para devolver al menos una parte del dinero a las víctimas.
En adelante, como ha ocurrido exitosamente en otros casos, la búsqueda de bienes trascenderá al exterior.
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