Farallones de Cali, en riesgo por minería ilegal y asentamientos humanos

Un total de 252 hectáreas de los Farallones de Cali se encuentran afectados por la minería ilegal, la proliferación de asentamientos humanos y la expansión de la agricultura y ganadería, según un informe presentado por la Personería Municipal.
“El uso de predios en el área protegida ha ido en aumento por la minería ilegal, la cual se ha ido tecnificando. Al final del año pasado se encontraron 64 socavones y once campamentos, cada uno para albergar fácilmente a unas 500 personas”, dijo Diego González, personero delegado para asuntos ambientales.
A esta grave situación se suma el impacto de metales pesados, como mercurio, en la cuenca del río Cali, por lo que la Personería encendió las alarmas. “Si continúa la actividad minera, el riesgo de impacto es supremamente alta”, afirmó el funcionario.
Asimismo, anotó que la presencia de grupos armados al margen de la ley también genera preocupación. “Se comprobó que el frente 30 de las FARC y la columna Miller Perdomo ejercen dominio en la parte alta, donde también se practica la minería”, indicó.

El organismo hizo un llamado a la Secretaría de Vivienda y a la Oficina de Catastro Municipal para que realicen un censo de los predios existentes en el área protegida.
De esta manera, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Superintendencia de Notariado y Registro, junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, podrán ejecutar las acciones necesarias para minimizar los impactos de los asentamientos y recuperar los bienes de particulares que deben estar en manos del Estado.
La Personería también pidió la implementación de controles por parte de la Fuerza Pública en sitios estratégicos de acceso al parque como Peñas Blancas, Villa Carmelo y Pance para impedir la llegada insumos y materiales destinados a la actividad minera o construcción de asentamientos humanos.
“Esto a su vez implica desplazamiento de fauna y flora, alteración de cobertura boscosa, vertimiento de aguas residuales sobre los cauces. Esto es muy grave por el carácter de preservación en las áreas protegidas donde no es compatible el uso de vivienda”, anotó el personero delegado.
Para contrarrestar esta situación, la entidad también propuso una alianza estratégica con la Policía y Parques Nacionales a través de la instalación de dos puestos de control fijos y otros móviles con un presupuesto de mil millones de pesos.
Finalmente, informó que se iniciarán procesos de educación y sensibilización ambiental en la zona protegida.