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La reclamación se da por un contrato suscrito entre la multinacional suiza y la nación en 1989 para la explotación de la mina Calenturitas, en el Cesar.
Hace 10 días, Glencore y el Estado colombiano presentaron sus alegatos finales ante el Centro Internacional de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI).
La multinacional busca una indemnización de más de 2 billones de pesos porque, supuestamente, el Estado incumplió los acuerdos internacionales suscritos para la protección de la inversión internacional.
El asunto en disputa viene desde 1989 cuando la filial colombiana de la multinacional suscribió el contrato.
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Todo iba bien hasta que en el 2010 Glencore promovió una modificación en lo acordado en el apartado del pago de regalías.
Frente al cambio, la Contraloría General determinó que había un detrimento patrimonial para la nación de 60.000 millones de pesos, y desde la Agencia Nacional de Minería (ANM) se promovió una acción de nulidad para tumbar esa modificación contractual.
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Glencore reaccionó de forma intempestiva y llevó el caso ante la CIADI, considerando que la sanción fiscal de 2015 y las acciones de Colombia en este caso han sido contraproducentes para la economía de la multinacional.
Para el director de la Agencia de Defensa Judicial de la Nación, Luis Guillermo Vélez, este proceso es una “reclamación bastante frívola, sin sustento y también diríamos que bastante inoportuna”.
Sin embargo, Vélez aceptó que es un proceso que ya se encuentra en sus últimos momentos: “Es el pleito más avanzado de todos los que tenemos en este momento, es un pleito que tendrá una decisión final en unos tres, cuatro o cinco meses”.
El de Glencore no es el único proceso multimillonario que enfrenta Colombia ante los tribunales de arbitramento.
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Actualmente, el país tiene nueve pleitos que le costarían aproximadamente 5.500 millones de dólares (16 billones de pesos colombianos), entre los cuales están: el litigio con Gas Natural Fenosa por Electricaribe; dos procesos contra Telefónica y Claro por un lío de cableoperadores; varias disputas por la delimitación del páramo de Santurbán; y un pleito por la intervención del Banco Granahorrar hace casi dos décadas.
Para Vélez: “Colombia es en cierta medida víctima de lo que se ha vuelto realmente una epidemia internacional, donde los inversionistas, usando los tratados, muchas veces abusan de sus derechos para extraer algún tipo de compensación.”
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