Gustavo Petro, entre ires y venires

Aunque parezca contradictorio, este fue y no fue el año del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Si bien consiguió quedarse en el Palacio Liévano, fue larga y desgastante su lucha por tumbar la destitución e inhabilidad de 15 años que profirió en su contra el procurador Alejandro Ordóñez por el nuevo esquema de basuras. 

El 13 de enero, en fallo de segunda instancia, el jefe del Ministerio Público confirmó la sanción, lo que provocó una airada e indignada reacción del mandatario local, al punto que no dudó en llamar a sus seguidores a las calles. Consideró Petro que era víctima, no de sus posibles errores, sino de una persecución política. 

Un día después, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió temporalmente el fallo y restituyó al alcalde. Pero allí no paró todo. El 6 de marzo el Consejo Superior de la Judicatura tumbó la decisión del tribunal y, a mediados de ese mismo mes, el Consejo de Estado rechazó las tutelas contra la destitución. 

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cobijó a Petro con medidas cautelares y pidió no sacarlo del puesto, el presidente Juan Manuel Santos firmó la destitución el 19 de marzo y nombró alcalde encargado a Rafael Pardo. 

El 22 de abril, no obstante, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la destitución de Petro y le ordenó a Santos acatar las medidas de la CIDH. El alcalde, en consecuencia, volvió a su cargo.