Según informó la Fiscalía General de la Nación, se conoció la existencia de la empresa Comercializadora Internacional, ubicada en Medellín, la cual, según las investigaciones, estaría utilizando a los habitantes de calle, taxistas, panaderos y hasta muertos para realizar millonarias transacciones que superan los 1,3 billones de pesos.
La investigación, que se llevó a cabo por más de tres años a cargo de la Dirección especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, arrojó que los proveedores terminaron siendo ‘empresas de papel’.
La sorpresa fue mayor cuando los miembros a cargo de las pesquisas se dieron cuenta el modo en el que esta comercializadora de oro realizaba los manejos financieros, pues en casos específicos, mediante promesas de empleo o pagos realizados, supuestamente, para transacciones del Registro Único Tributario (RUT), actuaban como si fueran proveedores de oro de las diferentes minas del Urabá antioqueño.
La Fiscalía también señala que más del 80% de las personas involucradas en este ilícito, no tenían relación alguna con la actividad minera o comercialización de oro.
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Por su parte la DIAN también reportó sobre operaciones comerciales de manera directa con personas que, para la fecha, se encontraban fallecidas o que simplemente no existían.
Según la información e la Fiscalía, eran más de 12.500 personas las involucradas que operaban en el ilícito, teniendo conocimiento del mismo.
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Un juez de Control de Garantías de Medellín ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra las cuatro personas señaladas por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Foto: Archivo.
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