“Los encontraremos”: papás de menores quemados con pólvora dan datos falsos para evadir indagaciones

Esta situación fue descubierta en la mayoría de casos reportados en Valle del Cauca y, según las autoridades, constituye un delito.

Lo que ocurre es que, para hacer el seguimiento de los casos de personas quemadas, en especial menores de edad, se requiere tener los datos reales de las familias de los afectados. Sin embargo, se ha detectado que, en las historias clínicas, han registrado direcciones y teléfonos falsos.

Según la secretaria de Salud del Valle del Cauca y gobernadora encargada del departamento, María Cristina Lesmes, los padres de los menores quemados con pólvora tratan de evadir a toda costa la responsabilidad que les compete.

“Como los padres de familia saben que los estamos siguiendo a través del Bienestar Familiar, están dando direcciones falsas. Eso es una complicación para nosotros en la prestación del servicio, en el seguimiento a la garantía de los derechos de los niños”, dijo.

Esto, de acuerdo con la funcionaria, los obliga a hacer la búsqueda a través de las EPS, la base de datos nacional y el sistema de información departamental. “Los encontraremos”, afirmó.

El colmo: padres de menores quemados en Valle del Cauca están... Asimismo, explicó que, de nueve casos ocurridos en la noche de fin de año, solo dos proporcionaron datos reales y dijo que esta conducta es un delito.

“Desde luego, porque es falsedad en documento público. El alterar las direcciones en una historia clínica es alterar los datos en un documento público”, sostuvo la gobernadora encargada del Valle del Cauca.

Les hizo un llamado a las instituciones prestadoras de salud para que verifiquen los datos de los pacientes afectados, con el fin de poder hacer el debido seguimiento.

Reconoció que entre los afectados hay preadolescentes y adolescentes que se salen del control de los padres, pero dijo que eso no los exime de responsabilidad.

La consolidación de las cifras de personas quemadas con pólvora señala que 79 casos se registraron entre el 1 de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018. En casi la mitad de ellos, los afectados son menores de edad.