La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a más de 500 bienes que habrían conseguido tres extraditables de La Oficina en varias regiones de Colombia con el dinero de sus actividades ilícitas.
De acuerdo con las autoridades, las propiedades avaluadas en más de 34 mil millones de pesos fueron identificadas como parte del patrimonio ilícito presuntamente constituido por Carlos Alberto Salazar Lotero, alias ‘Eliécer’; Frank Hernán Álvarez Espinal, alias ‘Tarzán’; y Rubén Darío Torres León, alias ‘Peli’ o ‘Max Cross’, requeridos en extradición por diferentes cortes de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico.
El ente indicó que entre los bienes ocupados en el trámite de extinción de dominio se encuentran: 40 inmuebles urbanos, 12 predios rurales, tres sociedades, cuatro establecimientos comerciales, 11 vehículos y 473 semovientes, avaluados en 30 mil 864 millones 880 mil pesos.
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Estas propiedades fueron adquiridas en diferentes regiones del país como Yondó y Santuario (Antioquia), Apía, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira (Risaralda), Victoria y Viterbo (Caldas), Ulloa (Valle del Cauca), Piedecuesta (Santander) y Garzón (Huila).
Según la Fiscalía, La Oficina, organización dedicada al tráfico de estupefacientes, “entre 2013 y 2019 fue responsable de transportar grandes cantidades de heroína de Colombia a México, para ser enviada finalmente a los Estados Unidos para su comercialización y distribución”.
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Las autoridades indicaron que Torres León o alias ‘Max Cross’ sería una de las fuentes de suministro de cocaína y heroína de la organización que delinquía en Colombia, “quien, junto con otras personas, al parecer, transportaba las sustancias ilícitas a Estados Unidos, para su distribución en ciudades a lo largo y ancho de la Costa Este”.
Como resultado de estas investigaciones, los bienes que le fueron afectados a esta persona corresponden a dos inmuebles urbanos, dos rurales, seis vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio ubicados en los municipios de Medellín, Heliconia, Itagüí y Santuario (Antioquia), avaluados en 3 mil 350 millones de pesos.
Los tres procesados permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota a la espera de su extradición, indicó la Fiscalía.
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