¿Por qué el Fiscal General se opone a preacuerdo con Gustavo Villegas?

La falta de colaboración de Gustavo Villegas que le permita a la justicia establecer nexos de La Oficina con funcionarios públicos generó la molestia de la Fiscalía.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pedirá al Tribunal Superior de Medellín que revierta el acuerdo que un fiscal especializado contra el crimen organizado le otorgó al exfuncionario con aval de un juez.
"Es inaudito que se haya realizado un preacuerdo donde no haya ninguna colaboración con la justicia por parte de esas personas que han suscrito el preacuerdo, y desde Bogotá, a través del señor Fiscal General de la Nación se ha solicitado que se revisen los términos de dicho preacuerdos", señaló la fiscal delegada contra el crimen, Claudia Carrasquilla. 
Fiscalía califica de inaudito preacuerdo firmado por uno de sus... Molestia en la Fisclalía por preacuerdo
La principal oposición de la Fiscalía es la condena de 33 meses de prisión que el exsecretario de Seguridad de Medellín recibió por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia al ocultar la extorsión de 150 mil pesos de la que era víctima un empresario de su familia, dedicado a la distribución de frutas en Antioquia.
El ente acusador reprocha que en la negociación se le haya perdonado el delito de concierto para delinquir que le daría una pena más alta.
La ausencia de la apelación luego que el juez avalara el preacuerdo, dificulta la labor de la Fiscalía que busca dejar sin efecto este preacuerdo mediante alguna figura jurídica, según Carrasquilla. 
Por otra parte, fuentes cercanas a la investigación, aseguraron que técnicamente el fiscal del caso se sostendrá que, para beneficiar a Villegas, se cambió la gravedad del delito para que el exfuncionario aceptara cargos y así ahorrar desgaste y dinero en el proceso judicial.                                             
La Fiscalía no descarta investigar por prevaricato por acción al fiscal que tramitó el acuerdo de colaboración, al considerar que el funcionario judicial actuó contrariando los procesos establecidos por el ente acusador para otorgarle este tipo de beneficios.