Las sanciones emitidas por estos organismos son de obligatorio cumplimiento pero el proyecto ordenaría una revisión de estos fallos, lo que los dejaría en suspenso.
Vea, además:
Lista cerrada, cambios en la financiación y otras claves para... Por ejemplo, sanciones como las del exalcalde Samuel Moreno quedarían en suspenso hasta que la revise el Consejo de Estado.
"Tiene una gravedad absoluta, es que eso habilitaría en aplicación del principio favorabilidad quienes tengan sanciones administrativas o sanciones de carácter fiscal para que si aspiran a un cargo de elección popular serían habilitados, tendrían el derecho a la suspensión de la sanción porque su cargo es de carácter de elección popular", señaló el contralor Edgardo Maya Villazón.
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Para el procurador general, Fernando Carrillo, esta norma violaría la autonomía de la justicia.
"Quién ha dicho que quien tiene cuentas pendientes con carácter disciplinario fiscal se puede postular como si no hubiera pasado absolutamente nada; ¿y la potestad disciplinaria y fiscal de nuestras dos entidades? Lo que se dijo una vez por todas que se quiere desmontar sí es el propósito", señaló.
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Ante estos señalamientos el gobierno respondió.
“El gobierno ha actuado de buena fe. Esta es una recomendación de la Misión Electoral y la entendemos como parte de la necesidad de cumplir con lo previsto en la convención americana, que expresa que los derechos políticos solo pueden ser limitados por una autoridad judicial”, señaló Guillermo Rivera, ministro del Interior.
Los organismos de control aseguran que esto es un mal mensaje pues los corruptos, pese a ser sancionados, podrían seguir en sus cargos hasta que surta efectos la sanción.