El asesinato del actor Jonathan Joss, recordado por interpretar la voz del personaje John Redcorn en la serie 'King of the Hill', sigue generando conmoción y preguntas sin respuesta. Mientras la comunidad LGBTQ+y su esposo exigen justicia, las autoridades aún no han clasificado el crimen como un acto motivado por odio, pese a que nuevas declaraciones abren la puerta a esa posibilidad.
El 1 de junio, Joss fue asesinado a tiros cerca de su antigua residencia en San Antonio. Según el testimonio de su esposo, Tristan Kern de Gonzales, ambos habían regresado al lugar para revisar el correo cuando fueron interceptados por su vecino, Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años.
El hombre habría comenzado a gritarles insultos homofóbicos antes de disparar un rifle, hiriendo mortalmente al actor. “Jonathan me empujó para salvarme. Fue asesinado por alguien que no podía soportar la vista de dos hombres amándose”, afirmó Kern en una publicación de Facebook.
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La historia de violencia contra la pareja no comenzó ese día. De acuerdo con el esposo del actor, durante años sufrieron amenazas, hostigamiento homofóbico y un incendio que destruyó su casa. La policía ha confirmado que en los últimos dos años se recibieron cerca de 70 llamadas relacionadas con disturbios en torno a esta pareja.
Inicialmente, el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, descartó que se tratara de un crimen de odio. Sin embargo, esta semana admitió que ese comunicado fue “muy prematuro” y que “no se debió haber hecho”.
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Explicó además que en Texas los crímenes de odio no se procesan como cargos independientes, sino que se consideran agravantes que pueden influir en la sentencia, pero no aumentan la pena máxima si ya se enfrenta una condena como la cadena perpetua.
La sentencia que se le impuso a Sigfredo Álvarez
Actualmente, Álvarez enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Aunque fue arrestado poco después del tiroteo y confesó haber disparado al actor, quedó en libertad tras pagar una fianza de $200,000.
El juez ordenó arresto domiciliario completo, le prohibió el uso y posesión de armas y dictó una orden de no contacto, sin especificar a quién va dirigida. Su próxima audiencia fue programada para agosto.
El fiscal del condado de Bexar, Joe Gonzales, reconoció que incluso si se tratara de un crimen de odio, no cambiaría la pena máxima que Álvarez ya enfrenta. “En este caso, no hay ventaja legal en presentar un cargo adicional como crimen de odio porque no incrementa el castigo”, dijo.
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Pero para el esposo del actor, esta lógica jurídica no basta. En su declaración pública, denunció el abandono institucional: “Pasó años pidiendo ayuda, denunciando amenazas, suplicando protección. La policía lo ignoró. Ahora quieren actuar como si les importaran las vidas queer y las vidas indígenas. Esto no es justicia. Es un espectáculo”.
Mientras las autoridades continúan con la investigación, la presión pública sigue creciendo para que se reconozca la dimensión homofóbica del asesinato y se garantice una justicia que no solo condene al agresor, sino que también escuche a quienes, como Jonathan y Tristan, llevan años viviendo bajo amenaza.
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CAMILA RAMOS
NOTICIAS CARACOL
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