Pueblo hastiado y prensa vigilante, dos pilares que movieron la investigación por Odebrecht en Perú

El trabajo de El Comercio fue fundamental para exponer a intocables, respaldar pesquisas de la justicia y movilizar a una ciudadanía hastiada de los corruptos.
En el rompecabezas que tejió Odebrecht durante años, Perú fue una especie de sede alterna de las maniobras fraudulentas de la multinacional. Y, como ocurrió en Colombia, ante las autoridades norteamericanas la compañía mintió sobre las coimas que repartió durante más de 20 años de operaciones.
Aunque en Estados Unidos reconoció haber entregado sobornos por 29 millones de dólares, el grupo especial de fiscales en el Perú ha documentado que se entregaron al menos 80.
“Como en Perú, en Colombia, en general en América Latina, hay una ciudadanía permanentemente indignada con los corruptos y con los políticos, pero que no se movilizaba. Igual la nuestra, no se movilizaba, había un montón de casos escandalosos y no se movilizaba. ¿Y entonces por qué en este caso sí? Porque por fin sienten que la impunidad se acaba y por fin sientes que Alan García -el expresidente que siempre se salía librado de todos los juicios, el intocable-, que Keiko Fujimori -la mujer que prácticamente era dueña del país-, que Ollanta Humala, que a Alejandro Toledo los están procesando, están acusándolos. Entonces, qué pasa en mi país: esto no lo vamos a volver a vivir, vamos a luchar, vamos a marchar”, explica Graciela Villasís, editora de investigación El Comercio.
El diario, que tiene 180 años de historia, tuvo que exponer en sus propias páginas al empresario José Graña Miroquesada, accionista minoritario de El Comercio y familiar de los directores. Su empresa Graña y Montero, que cotiza en la bolsa de Nueva York, fue socia de Odebrecht en negocios millonarios que actualmente están cuestionados.
“Una cruzada por la verdad que confluyó actores muy importantes. Debo destacar principalmente la labor de los fiscales que nos tocó, gente muy honrada, muy honesta y decidida a comprarse todo este lío, a pesar de las amenazas que han tenido, a pesar de los insultos que han recibido, el desprestigio. Meterte con partidos y organizaciones políticas no es poca cosa”, reflexiona Villasís.
Y se anima a decir que, si en Colombia la investigación no avanza de la misma manera, es por “falta de voluntad”.
El penalista Dino Carlos Caro asegura que en Perú se acabó ese temor reverencial a los políticos en Perú. “Una encuesta que ha salido revela eso: para casi todos, estos políticos que están procesados son culpables”, sostiene.
Otra diferencia sustancial entre ambos países es que los presidentes en Perú solo mantienen su fuero hasta cinco años después de salir del gobierno. En Colombia, dicho fuero presidencial jamás se pierde y los exjefes de Estado solo pueden ser juzgados por el Congreso de la República.
En las calles de Lima conviven al mismo tiempo desazón y esperanza: muchos lamentan esta escabrosa radiografía de corrupción, pero se alegran de que, por fin, los sospechosos de siempre hoy estén procesados.
Vea la primera parte de este informe especial:
Así trabajan fiscales que desentrañan trama de Odebrecht en Perú, donde hay más de 800 investigados