En un contexto marcado por la angustia y el temor, en el municipio de Sipí, Chocó, dos explosiones de minas antipersona en menos de una semana han dejado un saldo de seis personas heridas.Las comunidades y las autoridades locales hacen un llamado urgente en medio de este panorama de violencia. La petición es puntal: iniciar de manera inmediata un desminado humanitario para salvaguardar la vida de los habitantes de la región.Mina antipersonal frustra el sueño de un joven de ser futbolista: duro relato de su mamáJairo Antonio, alcalde del municipio de Sipí, dijo en entrevista con Noticias Caracol que "es triste y lamentable lo que está sucediendo en mi territorio. En menos de ocho días se han presentado dos casos donde dos jóvenes han perdido sus extremidades y hoy la comunidad está en vilo, está en confinamiento, con zozobra y miedo porque no pueden ir a ejercer sus labores al campo".¿Quiénes están sembrando las minas en Sipí?El mandatario señaló que “según los reportes del comandante del Ejército, los que hacen presencia son dos grupos que disputa que disputan el territorio, el ELN y AGC (Clan del Golfo)”.Según un informe revelado por la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo, especialmente en el bajo San Juan, han hecho que estos grupos aumenten la instalación de minas antipersona, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, además del confinamiento y desplazamiento en los territorios.Se recrudece conflicto armado entre ELN y Clan del Golfo en Chocó: "Tenemos hambre y miedo"
En el municipio de Sipí en Chocó, dos explosiones de minas antipersonales en menos de una semana han dejado un saldo de seis personas heridas. Las comunidades y las autoridades locales hacen un llamado urgente en medio de este panorama de violencia para iniciar de manera inmediata un desminado humanitario para salvaguardar la vida de los habitantes de la región.Mina antipersonal frustra el sueño de un joven de ser futbolista: duro relato de su mamáLa presencia de minas antipersonal en zonas rurales de Sipí, Chocó, tienen confinadas a varias comunidades y en riesgo la seguridad alimentaria del municipio.Según la Defensoría del Pueblo, en esta zona aumentó la presencia de estos artefactos. El más reciente caso se presentó en la comunidad de Cañaveral, donde un hombre de 38 años que recogía frutas pisó uno de estos artefactos y quedó gravemente herido.“El joven venía de donde tiene su finquita, finca de borojó, en este momento es el sustento de la familia de él”, afirmó Aida Mena, tía de la víctima.Ante la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. Allí permanece en cuidados intensivos.Según las autoridades, este es el segundo caso que se presenta en menos de una semana. El lunes pasado otra explosión dejó cinco heridos. En la zona hay confinamiento de comunidades por la presencia de explosivos.Ante esta situación, el alcalde de Sipí pidió al Gobierno nacional iniciar un desminado humanitario.“Para que se agilicen todos los protocolos y que se pueda hacer un desminado profundo en toda la zona rural, en todo el municipio de Sipí, para que estos hechos no se sigan repitiendo”, señaló Jairo Murillo, alcalde de Sipí.De otra parte, las autoridades han hecho labores en la zona, “han neutralizado 31 artefactos explosivos improvisados y entre ellos 18 minas antipersonales”, informó el coronel Rafael Maestre, comandante décimo de la Quinta Brigada del Ejército.Según un informe revelado por la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo, especialmente en el Bajo San Juan, han hecho que estos grupos aumenten la instalación de minas antipersonal, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y, además, el confinamiento y el desplazamiento en los territorios.Zozobra en Alto Baudó, Chocó, por combates con Clan del Golfo: hay niños abandonados en comunidades
Comunidades en el sur del Chocó han manifestado que continúan los enfrentamientos entre grupos armados en la zona y que por ello, a pesar de que hay libre movilidad por el río San Juan y sus afluentes, han tenido que estar confinados o han sido desplazados.Por paro armado en Chocó, mininterior advierte al ELN que “un proceso de paz lo valida la sociedad”El consejero de Derechos Humanos del Gobierno Mayor Indígena del Chocó, Luis Ángel Gindrama, denunció que “la disputa que hay en el departamento es impresionante por parte de los grupos al margen de la ley”. A su vez, le hizo un llamado al Gobierno nacional y a las demás instituciones para que, de manera inmediata, “emprendan soluciones urgentes para que atiendan esta crisis humanitaria".Además, este líder denunció que las autoridades del departamento tampoco están garantizando la seguridad para proteger a las comunidades debido a que “la intervención del narcotráfico, narcoparamilitarismo, narcoguerrilla en el Chocó es evidente. La minería de explotación forestal es ilegal en el Chocó y hoy Codechocó (máxima autoridad ambiental en el departamento) no funciona, no controla".Entre tanto, las familias de Noanama, San Miguel y Negría continúan confinadas, pero a esta problemática se suma que 1.200 personas de Sipí llegaron a estos territorios desplazadas, lo que agrava más la situación porque viven en condiciones precarias.Felipe Martínez, el representante del Consejo Comunitario General del San Juan, sostuvo que a pesar de que se pudo llegar a cada una de esas comunidades con ayudas humanitarias, aún no se han podido entregar medicamentos a los desplazados y a aquellos que están confinados.El clamor de los chocoanos al Gobierno nacional es que cese la guerra para que retorne la paz a sus territorios, así lo manifestó la representante a la Cámara por el Chocó Astrid Sánchez: “¡No más hostilidades, no más venganza, no más violencia, no más ataques a la población civil, basta ya!”.La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas también denunció el confinamiento de ocho comunidades en el resguardo Jurubirá, Chorí, en donde el ELN y Clan del Golfo también se disputan el control por el territorio.Y el panorama parece oscurecer aún más, pues tras el levantamiento del paro armado por parte del ELN en el Chocó, autoridades alertan del incremento del reclutamiento infantil y deserción escolar en esta zona del país. Expertos sugieren implementar políticas públicas que frenen este flagelo.“La disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha generado desplazamiento y confinamientos masivos, reclutamientos de niñas, niños y adolescentes y extorsiones problemáticas medioambientales”, contó el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo.En el transcurso de este año, de acuerdo con datos de la Procuraduría, 58 menores han sido rescatados del reclutamiento.A esto se le suma una dura realidad: según la Secretaría de Educación de Chocó, la deserción escolar, durante el 2022, alcanzó un 54%, lo que representa 6.019 estudiantes en toda la región que dejaron de asistir a sus clases por desplazamiento forzado o reclutamiento.Jorge Marntilla, experto en seguridad y conflicto, asegura que “en este momento no existe una política pública de prevención de reclutamiento forzado, pero, además, esta política debería estar acompañada de fortalecimiento del gobierno propio y fortalecimiento comunitario”.Para los expertos en conflicto de cara a la política de paz total, el Gobierno debe exigir a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario.Chocó exige garantías de seguridad tras levantamiento de paro armado del ELN: "La gente tiene miedo"
Luego de que el ELN levantara el paro armado después de nueve días, líderes sociales le exigen al Gobierno garantías de seguridad para que cientos de desplazados del municipio de Sipí, Chocó, vuelvan a sus territorios. Resolución firmada por presidente Gustavo Petro ordena lenguaje respetuoso con el ELN“Anunciamos que a partir de las 00:00 horas del día 13 de julio de 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan”, dijo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado. Unos 25.000 habitantes de ese departamento quedaron confinados por la violencia.Por el río San Juan, lentamente se reactiva la movilidad desde y hacia el sur del Chocó. “La gente se está desplazando con miedo, otros están encerrados, no salen de su casa por temor también, y esta es una situación que el Gobierno debe ponerle atención”, resaltó Américo Mosquera, habitante de Istmina.La Defensoría del Pueblo insiste en que, sin garantías de seguridad, tampoco hay tranquilidad ni normalidad en las actividades de los territorios.“Las confrontaciones en las cuales queda inmersa la población civil, las amenazas directas sobre la población, por parte de los grupos ilegales y la instalación de trampas explosivas y homicidios selectivos”, sostuvo Luis Murillo Robledo, defensor del pueblo en Chocó.La Iglesia católica invitó al Gobierno nacional y a los grupos ilegales a no agotar la vía del diálogo. “Que no se repitan estas acciones, lo mismo al grupo de las AGC y a la fuerza pública que cumpla realmente su función constitucional”, agregó monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Diócesis de Quibdó.Confinamiento en Chocó por paro armado del ELN es peor que el de la pandemia, según habitantesDesde las organizaciones étnicas y territoriales le exigieron al Gobierno nacional atender de manera diferencial la situación social del Chocó. “Los actores armados que generan violencia han tomado tanta fuerza que hoy dicen cuándo y cómo se moviliza la gente y cuando no. El Gobierno ha estado respondiendo con las mismas acciones que históricamente han hecho”, concluyó Richard Moreno Rodríguez, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano.Se espera que en los próximos días puedan ser entregadas las ayudas humanitarias para las 52 comunidades confinadas y más de 800 desplazados.Por el río San Juan suben y bajan hasta 100 botes diariamente con provisiones del sur del Chocó. Sin embargo, la actividad se vio paralizada desde que se dictaron las restricciones en la movilidad. Los más afectados fueron las familias que viven en las riberas de este importante afluente.Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, realizó un duro cuestionamiento al ELN por estas acciones contra la población civil."Bloquear a una población, pues es completamente la antítesis de mandar mensajes de convivencia. Yo quiero recordarle al ELN que un proceso de paz lo puede negociar el Gobierno con una organización insurgente, pero lo valida es la sociedad y la sociedad frente a estos hechos evidentemente genera un rechazo", dijo Luis Fernando Velasco.
Desde hace semanas el Pacífico nariñense vive una densa situación de orden público y seguridad que los ha llevado a declarar una crisis humanitaria en la zona, la cual ha confinado y desplazado a miles de personas. Violación de derechos e incumplimientos por parte del gobierno, dentro de los llamados de atención más importantes que hace la comunidad.En noticias relacionadas: En Ricaurte, Nariño, murió mujer por una mina antipersona: claman ayuda humanitaria inmediataLas poblaciones de Ricaurte, en Nariño; Bajo San Juan, en Buenaventura; Novita y Sipi, en Chocó, han sufrido en carne propia el fenómeno del desplazamiento derivado del conflicto armado y la violencia sin control en la zona. Según la Defensoría del Pueblo, solo en Chocó, el 79% de los habitantes se encuentran confinados por el accionar de los grupos criminales.Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, expuso que solo en ese departamento alcaldes, personeros, corregidores, juntas de acción comunal y docentes han sido víctimas del desplazamiento."En los últimos días, se ha reconfigurado el conflicto armado, llevando así a sus comunidades a desplazarse y confinarse. También el paro armado que mantuvo restringida la libre movilidad en nuestros territorios", aseguró Elizabeth Moreno, líder de la comunidad de San Juan, en la zona rural de Buenaventura.Quienes están dentro de los territorios relatan la dura temporada que atraviesan en medio del miedo y el fuego cruzado de una situación de violencia que en cualquier momento podría desbordarse. Ante esto, Moreno dice que hoy los familiares de los individuos que han sido retenidos en contra de su voluntad claman por su pronto regreso a casa.Las cifras de estas regiones del sur del país son increíblemente alarmantes, con hasta 5.000 desplazados por zona. Esta crisis humanitaria llevó a la Iglesia católica a alzar su voz frente a la situación, debido a que consideran que el Gobierno no ha cumplido ni protegido a los pobladores.Para Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno debe contemplar soluciones urgentes para garantizar la seguridad de las comunidades.En su concepto, la presencia militar debe velar por proteger a la población, sin embargo, esto debe complementarse con acciones que permitan aplacar las problemáticas de seguridad, "no dejarle el alivio a la población, el desescalamiento de la violencia, como una situación exclusiva de las mesas de negociación porque eso sí sería un grave error".Desde el Gobierno Nacional se pronunció un rechazo a los hechos de violencia que pone en riesgo el bienestar de las comunidades, añadiendo que está avanzando el trabajo en las mesas de paz instauradas en la zona.Le recomendamos: Soldado fue asesinado en medio de ataque contra comandante de batallón en el Cauca
Por un posible paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) unas 1.500 personas están confinadas en seis comunidades de Sipí y Nóvita, municipios del Chocó. La Iglesia católica le envió un mensaje a los grupos armados para que den muestras de paz y deje por fuera del conflicto a la población civil.“La paz es el camino”: llamado de atención de monseñor Henao a grupos armados en ChocóY es que desde hace tres días unas 1.500 personas de las comunidades de Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en el municipio de Nóvita; y Charco Largo, Barrancón, Dominguito y Charco Hondo, en Sipí, están confinadas por el paro armado indefinido declarado por el ELN.Nadie puede movilizarse, ni por tierra ni por los ríos, por temor a las represalias de los insurgentes. “Por la disputa del territorio entre algunos grupos al margen de la ley que se pelean esa zona”, explica Tulio Hurtado, representante del consejo comunitario de Nóvita.De acuerdo con la Defensoría del pueblo y la Iglesia católica, este paro armado es el quinto este año en la subregión del San Juan, epicentro de la disputa del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).“En Nóvita y Sipí la crisis humanitaria se ha agravado estos días por los enfrentamientos entre los grupos que están aquí en la región”, indicó el padre Albeiro Parra, coordinador de la regional Pacífico.“El llamado es a que se avance en los procesos de búsqueda de la paz con los distintos actores del territorio, porque la paz es el camino, es la salida para poner fin a esas confrontaciones y para que también cese la problemática humanitaria que se vive. Y la necesidad de que ahora se saque a la comunidad de las confrontaciones que hay en el territorio”, indicó en Noticias Caracol monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia católica en la mesa de diálogos con el ELN.Cogieron a tiros una casa en Quibdó porque ocupantes no pagaron una extorsiónLa gobernadora encargada del Chocó, Farlin Perea, anunció ayudas para la zona. “Kits de alimentación y de aseo para las personas. Estamos atentos para hacer el acompañamiento y que el equipo de la gobernación también se traslade y pueda hacer lo pertinente”, indicó la funcionaria.Desde la coordinación regional del Pacífico, hicieron un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al ELN para que los alivios humanitarios en el Chocó se amplíen a otros municipios.“Los municipios de Istmina, de Sipí y de Nóvita, porque esta es una sola región, un solo corredor”, explica el padre Albeiro Parra.Según la Defensoría del Pueblo, los consejos comunitarios de Sipí y Nóvita son víctimas de intimidaciones de las AGC, que incluyen el cobro de extorsiones a los campesinos por el transporte de sus alimentos. También hay incremento en la instalación de trampas explosivas.
El presidente Gustavo Petro aseguró "el camino de la paz" no es volver "el cuerpo humano una mercancía", en respuesta a la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos.>>> José Félix Lafaurie se levantaría de mesa con ELN si hay "un secuestro más de un ganadero""El secuestro no lleva sino al traqueteo (narcotráfico) (...) El camino de la paz no es volver (...) el cuerpo humano una mercancía, lo esencialmente humano tiene que salir del mercado", expresó el mandatario durante la jornada del Gobierno con los Barrios Populares que adelantó en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico.El ELN anunció el lunes 6 de mayo que daba "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la "eliminación" de ese crimen no es negociable con el Estado.En ese sentido, Petro manifestó que "quienes quieren construir una nueva sociedad lo primero que tienen que sacar es al ser humano del mercado, no puede ser materia mercantil"."Un secuestro no es más que la transacción mercantil del ser humano", recalcó el jefe de Estado.>>> “Comerciar con humanos es injustificable”: Gobierno tras anuncio del ELN sobre secuestrosEl Gobierno y el ELN anunciaron en diciembre de 2023, en el quinto ciclo de negociación, celebrado en Ciudad de México, que esa guerrilla cesaría los secuestros con fines económicos.Se tiene previsto que las delegaciones del Gobierno y el ELN se reúnan en Caracas entre el 20 y el 25 de mayo para firmar un nuevo acuerdo en el marco de la negociación de paz, que retomaron en noviembre de 2022, pero no se sabe qué pasará tras la decisión del ELN de reanudar los secuestros.>>> Países garantes de diálogos con ELN, preocupados porque esa guerrilla retome el secuestro
Dos policías, uno de ellos mayor de la institución, fueron judicializados por presunto acoso sexual contra por lo menos siete de sus subalternas en Cundinamarca, en hechos ocurridos entre los años 2023 y 2024.>>> Profesor es señalado del abuso de una estudiante en Carmen de ViboralDe acuerdo con un informe revelado por la Fiscalía General de la Nación, uno de los uniformados es el mayor Jhonier Cardona Ramírez, a quien cinco agentes señalaron de haberles “realizado tocamientos abusivos, además de propuestas indecentes, aprovechándose de su cargo como comandante del distrito de Ubaté, Cundinamarca”.“Los indicios dan cuenta de que, al parecer, el uniformado se ofrecía a llevar a las funcionarias en un vehículo de la institución hasta sus viviendas y en el camino las sometía a las agresiones sexuales”, indicó el ente investigador.El otro hecho fue denunciado en la estación de Policía de Fúquene, también en Cundinamarca, en el que se vio involucrado el subintendente Luis Darío Niño Alfonso cuando ejercía como comandante.Dos uniformadas denunciaron que el agente no solo las acosó sexualmente, sino que, además, las habría amenazado con “trasladarlas a otras unidades ubicadas en zonas alejadas del país”.Una fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó a ambos el delito de acoso sexual, cargos que no aceptaron.>>> Futbolista de origen colombiano habría participado en abuso de una joven en Chile
Édgar Alexander Acevedo, un migrante colombiano que llegó hace seis meses a Nueva York con un montón de sueños por cumplir, murió en esa ciudad de los Estados Unidos tras ser atacado con arma cortopunzante en medio de un robo.>>> Mujer murió frente a sus sobrinas luego de caer 40 metros al vacío en una tirolesaEl 17 de febrero de 2024, en el Bronx, Édgar Alexander y un amigo caminaban de regreso a un refugio y fueron interceptados, según las autoridades, por dos sujetos que, a punta de cuchillo, los despojaron de sus pertenencias.Tras el ataque de los criminales, Édgar Alexander acudió a la Policía para denunciar lo ocurrido y pedir ayuda en compañía de su amigo, pero sufrió un paro cardiaco.La víctima fue trasladada a un hospital. Con el paso de los días, su salud se fue deteriorando al punto que los médicos debieron amputarle la pierna izquierda y finalmente falleció. Jorge Acevedo, su hermano, logró una visa humanitaria y viajó desde Colombia para despedirse de él.Jorge llegó a los Estados Unidos el viernes 3 de mayo de 2024 y alcanzó a ver con vida a Édgar Alexander.“Las ganas de poderlo ver, de abrazarlo, de decirle que lo quería mucho, que estábamos con él. (Pude) orar con él, se le vinieron las lágrimas, abrió los ojos, pero él ya no se podía comunicar”, contó Jorge.Jorge Acevedo, en medio del dolor, adelanta todas las gestiones correspondientes para poder repatriar el cuerpo de su hermano, que estaba a días de cumplir 48 años.>>> Cuatro hombres murieron al recibir “descarga eléctrica descomunal” mientras robaban cables
Durante la noche de este martes, 7 de mayo de 2024, fue asesinado en Cúcuta el teniente de la Policía Carlos Contreras, quien se desempeñaba como comandante de la estación Betania.>>> Temas relacionados: Lo mojaron y electrocutaron con taser: policías habrían matado de esta manera a un presoAl parecer, el uniformado fue ultimado en medio de una persecución. Primeras versiones indican que dos delincuentes implicados en un hurto le dispararon en repetidas oportunidades.Según información revelada por La Opinión, el uniformado fue trasladado a un centro asistencial en Los Patios, pero llegó sin signos vitales.Trascendió que los dos sujetos que habrían abierto fuego contra el uniformado Contreras fueron capturados.>>> Siga en noticiascaracol.com: Un policía muerto y un herido tras tiroteo en Laureles, Medellín: intentó frustrar robo
En el parque Fly Emotion, ubicado en Albaredo, en Italia, una excursión familiar terminó en una tragedia, luego de que una mujer cayera de una altura de 40 metros desde una tirolesa. El trágico suceso fue grabado por sus dos sobrinas que ya habían cruzado la atracción.>>>Emergencia en Parque del Café: 7 personas quedaron atrapadas en montaña rusa, a 16 metros de alturaSegún medios internacionales, la víctima fue identificada como Ghizlane Moutahir, de 41 años y de origen marroquí, se encontraba en la atracción y pasó después de sus dos sobrinas, que la esperaban al otro lado muy emocionadas por la experiencia vivida. Todo iba transcurriendo con normalidad hasta que la mujer se detuvo antes de llegar al final de la tirolesa, al parecer, en un ataque de nervios, se soltó el arnés y, tras caer al vació, falleció.El trágico incidente ocurrió el pasado domingo, 5 de mayo de 2024. El objetivo de la familia era vivir una tarde extrema y llena de diversión, acompañada de salto en bungee, canopy, tirolesa y escalada de muro. Lastimosamente, no salió como lo esperaban.La Policía llegó al lugar para hacer las respectivas investigaciones y, según expertos, Ghizlane habría quedado en estado de pánico, lo que generó que empezara a hacer movimientos bruscos y abandonará la postura que debía mantener durante el recorrido. Los peritos aseguraron que su muerte fue instantánea.Por el momento, las autoridades investigan si ella se soltó el arnés o se desabrocho accidentalmente. Los testigos aseguran que la mujer intentó luchar, pero se le resbalaron los pies y eso causó que perdiera el equilibrio y cayera en medio de la montaña.El director del parque, Matteo Sanguineti, hablo de lo ocurrido y lamentó la muerte de la mujer: “Nuestros primeros pensamientos están con la señora y su familia. Todavía no sabemos con certeza qué pasó, estoy conmocionado e incrédulo. La tirolesa se inauguró hace 13 años y en ese tiempo la han utilizado más de 200.000 personas y nunca hemos tenido incidentes”.>>>Emergencia en Parque del Café: 7 personas quedaron atrapadas en montaña rusa, a 16 metros de altura