La audiencia de conciliación entre la Cancillería de Colombia y la firma Thomas Greg & Sons
por el contrato para la elaboración de los pasaportes, que se llevó a cabo este martes 19 de diciembre, terminó sin un acuerdo.
Aunque la empresa Thomas Greg & Sons puso sobre la mesa la opción de que se le adjudicara el contrato, la Cancillería se negó. Así las cosas, la situación pasa a pleito judicial.
Fernanda García, la procuradora delegada para esta audiencia, detalló que “la parte convocante hizo su ofrecimiento de conciliación, a su vez la Cancillería a través de los miembros del comité de conciliación y los apoderados con expresa facultad para conciliar manifestaron una intención inicial de conciliar. No obstante, cuando vamos a desarrollar ya estas circunstancias en las que se iba a desarrollar ese acuerdo, pues no hubo un punto al que pudieran llegar satisfactoriamente”.
Por ahora lo que sigue es que “la Procuraduría va a expedir la certificación correspondiente para el apoderado de la parte convocante y del acta con las intervenciones de cada uno de los apoderados. Ya con esa certificación la parte convocante está en todo el derecho a acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer valer el medio de control que considere”, añadió.
Y es que la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de no adjudicar el contrato para elaborar pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons ya ha cobrado dos cabezas: la de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la agencia de defensa jurídica del Estado, y ahora la de Germán Calderón España, abogado apoderado de la Cancillería para este proceso.
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Tanto Zamora como Calderón proponían al Gobierno conciliar con la firma para evitar que eventualmente el Estado perdiera una millonaria demanda.
“Al conciliar lo que se hace es adjudicar el contrato por dos años más, porque ya está adjudicado por un año por vía de la urgencia manifiesta, y no se generaría el contratista de la unión temporal pasaportes 2023 (…) es la fórmula más sabia, más adecuada, más prudente y más acorde con el honorario público que es el que se salvaguardada con esta clase de decisiones”, eran los argumentos de Germán Calderón.
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La estrategia jurídica que el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva han empleado en este proceso ha sido cuestionada por los dos exfuncionarios, que alegan salir de sus cargos por manifestar sus desacuerdos.
Por parte de la Contraloría se advirtió que la urgencia manifiesta declarada por Leyva para solucionar la producción de pasaportes, tras declarar desierta la licitación, no se ajusta a la norma de contratación estatal y por eso remitirán estos hechos a la Procuraduría General de la Nación.
A pesar de estas alertas, el canciller ha resaltado que tanto Zamora como Calderón fallaron en sus labores.
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