En un solo mes se destinaron $33.000 millones para 14 contratos. Por afiches de $800 millones se habría pagado $4.500 millones, asegura veedor.
Rafael Uribe Uribe es una de las localidades más grandes de la capital colombiana, tiene 183 barrios donde residen 600.000 habitantes. Muchos de ellos se declaran preocupados por la reciente crisis administrativa.
Algunas de las quejas se oyen especialmente en el barrio El Rosal, ubicado sobre los cerros del suroriente. Allí, se quedaron esperando que concluya la pavimentación de las calles.
“Faltan unos resumideros. Sobre todo en la entrada del barrio se hace mucho barro”, asegura Felipe Romero, líder comunitario de El Rosal.
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“Nos dijeron que simplemente no había presupuesto”, afirmó.
Los vecinos del Sosiego, contrario al nombre del barrio, viven en la intranquilidad por el descuido de sus parques. Todo esto, propiciado por el aparente desgreño.
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“Tenemos las obras abandonadas”, denuncia Manuel Ignacio Ruíz, presidente de la Junta de Acción comunal.
¿Maratón de contratos?
“En el último mes del año pasado se contrataron $33.000 millones en un solo mes a través de un alcalde encargado”, sostiene Javier Idrobo, quien lleva a cabo veeduría social en el sector.
“En esa contratación se han revisado 14 contratos, 7 ya materializados, principalmente en temas de seguridad y convivencia que pueden presuntamente constituir un aumento en sobrecostos por más de $5.000 millones”, afirma.
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Otra grave denuncia tiene que ver con la impresión de 50.000 imanes publicitarios con los números de los cuadrantes de Policía. Estos, que tienen un valor en el mercado de $8 millones, terminaron costándole a los bogotanos $20 millones.
Darío Guerra, exalcalde cuestionado por las posibles irregularidades, se negó a dar explicaciones argumentando que no puede hablar con medios sin una resolución de la Secretaría de Gobierno pues –asegura- aún es servidor público.
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Quien sí dio la cara fue el director de la fundación Otro rollo social, quien declaró que otro contrato cuestionado, por $70 millones, en realidad beneficiará a más de 8.600 estudiantes.
En medio de las denuncias, los habitantes de Rafael Uribe Uribe esperan una fórmula que dé estabilidad administrativa a la localidad. También piden que aparezca el dinero embolatado para la conclusión de las obras.
Responde el Distrito
De acuerdo con Iván Casas, subsecretario de Gobierno de Bogotá, la Personería ya tomó acciones a petición de la misma Alcaldía. Aseguró, además, que se adelanta una investigación disciplinaria por posibles anomalías en la contratación.
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“Nuestro objetivo es que se garantice la transparencia en todos los procesos de selección de las alcaldías locales”, indicó Casas.
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