Tres salones comunales cuyo precio superó los 2.000 millones de pesos se convirtieron en elefantes blancos. Los recintos, que carecen de servicios públicos, fueron construidos sin licencia.La denuncia fue hecha por la Personería de Bogotá.
Los afectados son los habitantes de los barrios El Olivo, California y Horizonte Occidente, quienes se quedaron sin espacio para sus juntas de Acción Comunal.
Ante las irregularidades, la Personería inició una indagación preliminar con el fin de determinar los responsables. Por su parte, la Contraloría Distrital inició un proceso por posible detrimento patrimonial.
El descuido, al parecer, se produjo durante la alcaldía de Gustavo Petro. “Las licencias de construcción que habían sido otorgadas en 2012 para cada salón comunal, se vencieron en abril y mayo de 2014, sin que la Administración local exigiera al Consorcio, como lo establece el contrato, realizar las gestiones necesarias para sacar unas nuevas o prorrogar su vigencia”, indicó la Personería de Bogotá.
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De las fallas ni siquiera se dio por notificada la interventoría de las obras, que no cuestionó el inicio de los trabajos por la ausencia de los respectivos permisos.
“Más contradictorio aún resulta que la Alcaldía de Kennedy, encargada de vigilar y castigar en su localidad a quienes construyen sin licencia, permitió que una obra suya se realizara al margen de las normas”, cuestionó el agente del Ministerio Público.
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La obra fue encargada por el Fondo de Desarrollo Local al Consorcio Equipamientos Comunales y tuvo un valor de 1.798 millones de pesos. Pese a que el plazo de las obras fue de 7 meses, se presentó una prórroga de 4 meses y una adición de 375 millones más. La criticada interventoría estuvo a cargo de Consultores de Occidente SAS y por ella los contribuyentes bogotanos pagaron 190 millones de pesos. En total, el proyecto costó 2.363 millones de pesos.