Caso de Jaime Garzón fue un crimen de Estado

Iván Lambana, director de Fiscalías Nacionales Especializadas calificó como un crimen de Estado el asesinato de Jaime Garzón.
Dichas investigaciones sobre el caso revelan que general (r) Rito Alejo del Río, el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez y el jefe paramilitar Carlos Castaño, fueron los cerebros del crimen.
Además, se concluyó que se desvió la investigación y que el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, preso desde 2014 y experto en inteligencia, fue fundamental para seguir a Garzón
Según el fiscal, el general del Ejército Rito Alejo del Río, condenado ya a 25 años de prisión por el crimen de un campesino en el Chocó, deberá  dar explicaciones sobre el asesinato del famoso humorista.
Por su parte, el DAS, quien también está involucrado en la investigación, poco tiempo después del asesinato del humorista presentó como un resultado la captura de dos sicarios de la banda La Terraza, llamados Juan Pablo Ortiz y Edilberto Sierra, a quienes señaló de haberlo asesinado.
A estas dos personas, tuvieron que soltar cinco años después porque un juez los declaró inocentes.
Para desviar las investigaciones tuvo un papel clave el general Mauricio Santoyo, famoso por haber sido jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe y también por sus señalados vínculos con los paramilitares de ‘don Berna’. Este fue entregado en Estados Unidos donde paga una pena de 13 años de cárcel.
Según la Fiscalía y testigos, hoy bajo protección, una vez asesinado Garzón el general Santoyo se encargó personalmente de no dejar huellas. De lo primero que lo señalan es de haber secuestrado dos de los sicarios, alias ‘Ángela’ y alias ‘Yilar’, para entregarlos a la organización de alias ‘don Berna’, que posteriormente los asesinaría.
Con estas y más pruebas, la Fiscalía tiene pistas claras para determinar que el asesinato de Jaime Garzón fue un oscuro, tenebroso y bien aceitado complot criminal, en el que fue fundamental el papel de altos miembros de la Policía y el Ejército, así como de directivos del DAS.