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¿Hasta dónde podría llegar la investigación a patrullero que se opuso a desalojo? Esto dijo Policía

De acuerdo con Pablo Antonio Criollo, secretario general de la institución, “ningún comportamiento que esté fuera del marco constitucional se tolera”.

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el general Pablo Antonio Criollo, secretario general de la Policía Nacional, explica, desde el punto de vista legal, el proceso que se adelantará con Ángel Zúñiga, el patrullero de la Policía Metropolitana de Cali que se negó a participar del desalojo de cinco familias asentadas en el sector de La Viga, ubicado en el corregimiento Pance.

¿Qué opinión le merece el gesto de este patrullero y las tantas voces que están pidiendo que no haya una sanción contra él?

Debemos puntualizar que nosotros como Policía Nacional, como miembros de ella, tenemos un marco constitucional legal y reglamentario para actuar. Dentro de ese marco nos indican que tenemos unos deberes y tenemos una obligatoriedad de intervenir cuando se presenten motivos policiales.

Bajo esa circunstancia, el procedimiento que se estaba realizando era de restitución o de recuperación de un espacio público que había sido objeto de un debido proceso, es decir, que se habían garantizado todas las diferentes etapas procesales y se estaba concluyendo ya con un acompañamiento a la Alcaldía para generarse y materializar una orden que se había plasmado en un acto administrativo.

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¿En este momento, cuál es la situación del patrullero Zúñiga? ¿Está en servicio?

Sí, en este momento está en servicio.

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Se está pidiendo incluso desde la Alcaldía de Cali, en palabras de Jorge Iván Ospina, que ante esta muestra de humanidad no debería tener ningún tipo de consecuencias, ¿qué opinan ustedes frente a esa voz que se hace?

En cuanto a ese punto no me pronuncio porque es una competencia que está estipulada por la Ley 1015, que es nuestro régimen disciplinario e investigativo en cabeza de nuestro señor inspector general. Será él a quién corresponda determinar este aspecto.

¿Pero qué consecuencias o hasta dónde podría llegar esa investigación?

Lo único que le puedo puntualizar es que la Policía respeta la presunción de inocencia y da todas las garantías procesales en las que está el derecho a la defensa, al principio, a la contradicción, a la publicidad (…) Dentro de ese marco se actuará.

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¿Pero puede llegar a ser destituido de la organización o esto es un proceso que puede terminar en un llamado de atención para él?

Le reitero, sencillamente la Policía es respetuosa del debido proceso y a él se le permitirá que ejerza su derecho de defensa, que dé sus explicaciones de acuerdo a la parte argumentativa. Desde el punto de vista probatorio, en su momento, el funcionario competente que, como ya lo dije, corresponde a la Inspección General, tomará la decisión que el derecho corresponda.

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¿Son frecuentes estos casos dentro de la Policía? ¿Cómo han visto y analizado ustedes esta situación?

No. Son situaciones aisladas. Obviamente cuando una institución está compuesta por más de 170.000 hombres, pues pueden presentarse comportamientos en diversos contextos y manifestaciones. Cada uno ejerce bajo su propia responsabilidad, con conocimiento de causa.

Pero estamos viviendo un momento importante. Lamentablemente lo que hemos visto en tiempos recientes son episodios de abuso de la Policía, que han derivado en marchas y un rechazo colectivo hacia algunos miembros de la institución. ¿No es este caso una oportunidad para que la Policía Nacional muestre esa cara tan amable que sabemos que tiene, pero que no necesariamente siempre muestra?

Claro que sí, pero bajo esas circunstancias entendemos que nosotros tenemos que cumplir con nuestro marco constitucional y legal, de acuerdo a lo que nos corresponde. En cuanto a que haya personas que actúan fuera de ese marco constitucional y legal, como lo decía, cada uno actúa bajo su propia responsabilidad y cada uno tiene una acción particular sobre la consecuencia de esa conducta que asume.

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En eso la institución es clara: ningún comportamiento que esté fuera del marco constitucional legal o reglamentario se tolera. Automáticamente se procede a generar una investigación y cada uno responderá por estos comportamientos.

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