''Las FARC deben darle la cara a las víctimas'': Baltasar Garzón

"Según lo que ha transcendido (desde Cuba), ellas (las FARC) se llaman a sí mismas víctimas y no admiten la existencia de las que produjeron durante la guerra, ni ningún tipo de responsabilidad sobre ellas. Esa posición me parece cínica y es inaceptable", aseguró Garzón en entrevista con el diario El Espectador.
En concepto de Garzón, que se hizo mundialmente famoso cuando en 1998 ordenó el arresto en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet "mis reflexiones sobre la situación actual del proceso de paz son ambivalentes: estoy de acuerdo con las conversaciones entre el Estado y la guerrilla y he dicho públicamente que apoyo la decisión del presidente de la República y que alabo su valentía al habérsela jugado por ese camino. Pero también he sostenido que en este proceso deben respetarse los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas".
El silencio de los insurgentes con respecto a sus víctimas "creo que es inconveniente para los propios miembros de las FARC si aspiran a integrarse a la sociedad", señaló el otrora magistrado de la Audiencia Nacional española, de 57 años.
"Tengo la esperanza de que reconsideren esa actitud porque, hasta en el último de los escenarios, hay un núcleo jurídico del que no se puede prescindir porque está perfectamente definido por la Corte Constitucional y por la legislación internacional. Probablemente habrá que hacerlos comprender que llámense como se llamen, no hay otro marco legal diferente al que establece la comunidad internacional que protege a las víctimas", aseguró.
En febrero de 2012, el Tribunal Supremo español condenó a Garzón por ordenar unas escuchas telefónicas ilegales.
"Hay una condena del Tribunal Supremo contra mí que no comparto y que estoy combatiendo aún pero, fíjese lo curioso: se habló de la limitación al derecho de defensa porque ordené la interceptación de las comunicaciones, en prisión, de los jefes máximos de una de las redes de corrupción más grandes que ha existido en la democracia española. Y esa investigación terminó implicando a casi 100 cargos de Partido Popular, algunos de ellos, con alta relevancia. O sea, era una investigación necesaria para combatir la delincuencia y fue exitosa", dijo sobre este particular.
Garzón insistió que su caso, por el que fue sancionado en su país, no puede compararse con el escándalo de espionaje que estalló en Colombia hace cuatro años en el interior del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el que algunos de cuyos detectives interceptaron los teléfonos y les hacían seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas, a activistas y, en general, a los opositores del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Los dos casos "no tienen nada que ver. Empezando porque yo no podía `chuzar' teléfonos o correos ilegalmente ¡Si yo era el juez competente para tomar la medida! Aquí, el DAS no tenía competencia, no era juez y no había investigación legal en curso. Sin embargo, interceptó las comunicaciones y siguió a los magistrados de la Corte Suprema, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, a todos indiscriminadamente".