Consejo de Estado falló a favor de quienes se dedican a este oficio y denuncian que sus clientes sacan todo tipo de excusas para no cancelar el servicio.
“Hay clientes muy abusivos que terminan amenazando a las compañeras (…) están con ellas y no son capaces de pagarles”, advierte una de las trabajadoras.
Debido a estas quejas, el alto tribunal señaló que es una obligación pagar por estos servicios y no hacerlo resulta un acto de discriminación.
El fallo, además, negó demanda de un cliente que terminó en la cárcel por incurrir en esta situación.
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