Los uniformados recibieron medida de aseguramiento en su propio domicilio luego de que el Juez 32 Penal de Medellín, con función de garantías, estableciera que son responsables de comercializar gasolina que era robada de los vehículos oficiales de la Policía.
Al parecer, los patrulleros Sergio Enrique Caro Varela, Franklin Polo Torres, German Augusto Arboleda Roldán y Víctor Exiquio Quinto Waldo, extraían el combustible y lo vendían a conductores de diferentes rutas de transporte público.
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Además de los cuatro uniformados, los particulares Luis Fernando Cuervo Castaño y Jonathan Rafael González Ortega, quienes se presume también participaron en ésta actividad, fueron cobijados con la misma medida de aseguramiento.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, los asegurados cometían el ilícito desde mayo de 2013 en un parqueadero público del barrio Niquitao, zona céntrica de la capital antioqueña. La venta ilegal del combustible superó los 26 millones de pesos.