Ese movimiento político puede aducir incumplimiento en lo acordado de La Habana. También se ‘pone a salvo’ de ser puesto en evidencia en las urnas.
El 6 de noviembre de 2013 se firmó el acuerdo de participación política de las FARC, se constituía una ruta que llevaría a los excombatientes a adquirir el derecho de hacer política sin armas. Una negociación que no fue fácil y en la que, según fuentes del Gobierno, se le insistió a las FARC que era prematuro participar en la contienda de 2018.
Durante tres años fue el centro de un álgido debate que tuvo su pico en octubre de 2016, cuando el plebiscito dividió al país entre el sí y el no. Ante el apretado triunfo del no, se renegoció este acuerdo, entonces el tema volvió sobre la mesa, pero las FARC insistieron en que tenían derecho a participar.
Así quedó consignado lo que dice el acuerdo:
“En un escenario del fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y así encauzar por los canales de la democracia de las diferencias y los conflictos contribuyendo de manera decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación”.
Ocho días después de estar en contacto directo con los ciudadanos, recibir agresiones y con más de 50 de sus combatientes asesinados anuncian su retiro aduciendo falta de garantías.
El retiro de las FARC tiene dos implicaciones.
La primera es la implementación del acuerdo de paz pues ese movimiento asegura que no hay garantías para cumplir el punto 2 del Acuerdo de La Habana, considerado el centro del proceso.
Por otro lado, al retirarse, este movimiento se ‘pone a salvo’ de dejarse contar en las urnas y de paso cuestiona la inmadurez de la democracia para recibirlos.
Updated: febrero 09, 2018 08:17 p. m.