Violencia contra líderes comenzando 2019 llevó a organizaciones indígenas a anunciar movilización

Entretanto, defensores de DD. HH. piden más acciones internacionales para prevenir asesinatos. Aquí, algunos rostros de sacrificados en el inicio del año.
Sabía que se ponía en riesgo, pero no dio un paso atrás. Con valentía, Maritza Quiroz Leiva dedicó su vida a defender los derechos de su comunidad hasta que sicarios acabaron con su vida el pasado fin de semana en zona rural de Santa Marta.
“Eso es algo que se veía venir, cuántas denuncias, cuántas veces hemos ido a la UNP en Bogotá y no pasa nada”, sostiene una de sus amigas lamentando la partida de la líder.
Como tampoco paso nada con José Rafael Solano, dirigente comunal que ofrendó su vida en el Bajo Cauca Antioqueño, o Diomar Alexis Parada, otro Quijote que lucha por sobrevivir tras ser atacado a bala en Hacarí, Norte de Santander. 
El de Maritza es uno de los rostros de las más recientes víctimas de la ola de crímenes contra líderes sociales en Colombia, entre las que también está Gilberto Valencia, constructor de paz y gestor cultural de Suárez asesinado en la mañana del 1 de enero de 2019 en dicho municipio del norte del Cauca, cuando celebraba la llegada del año nuevo con familiares y amigos.

Se trata de una vorágine de muerte que no cesa, dice Marco Romero, presidente de CODHES, ONG que monitorea este fenómeno.
“Se necesita, en los territorios, crear entornos de protección que desautoricen a los asesinos y pongan en evidencia cuáles son las fuentes de esta violencia estructural”, asegura Romero.
Colombia muestra una vergonzosa estadística de crímenes. Según la Defensoría del Pueblo, 172 líderes fueron asesinados en el país durante 2018 y en los primeros días de enero casi uno por día.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos piden a la comunidad internacional que pase del conteo de muertos a buscar acciones más efectivas.
“Estamos pidiendo a la Corte Penal Internacional mantener una observación más detallada a estos crímenes posteriores al acuerdo de paz, que son de su competencia, y estamos solicitando a la CIDH mantener una observación mucho más profunda en Colombia”, afirma Romero.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),  habla de los casos más críticos en las comunidades del norte del Cauca.
“Ya varios panfletos amenazantes le han puesto precio a la cabeza de gobernadores, de guardias de cabildos, de coordinadores de programas. Se ha vuelto un tema sistemático y generalizado, pero lo más preocupante es que se están ejecutando esas órdenes”, asegura.
Aída Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la ONIC, dice que están pagando el precio por defender sus tierras y rechazar el narcotráfico.
“Esto ha sido objeto justamente de quienes ejercen el tema del narcotráfico, que son gente de afuera, grupos armados y gente que quiere controlar el territorio”, sostiene la líder.
Por eso, los indígenas preparan una gran movilización desde sus territorios hacia Bogotá.  Entretanto, las amigas de Maritza Quiroz despidieron a su lideresa, pero se fueron convencidas de que su mejor homenaje es seguir luchando por los que aún quedan vivos.