El ministro señala que el decreto también aplica para pequeñas y medianas empresas. Aclara que no se ha suspendido el pago de arriendos.
Jonathan Malagón habló en Noticias Caracol sobre los casos de desalojos que se están viendo en algunas partes del país por parte de arrendatarios inconformes con sus inquilinos por el no pago del arriendo. Indica que, entendiendo el impacto económico por la cuarentena ante el COVID-19 , se busque que haya un acuerdo con los arrendatarios.
Aclaró, inclusive, que no importa si se trata de familias colombianas o venezolanas, o si se trata de estratos 1,2,3, o más. El mensaje es que no se puede sacar a las personas a la calle.
Eso sí, la idea es ayudar a quienes hayan visto afectados sus ingresos por el aislamiento. Quienes no han visto mermados sus ingresos, deben estar al día, pues de todas maneras el cobro se sigue haciendo.
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“No es que nosotros hayamos suspendido el pago de arriendos. El congelamiento no quiere decir que estemos dando un incentivo para que los colombianos dejen de pagar su arriendo. Todos que conserven su ingreso, que no se hayan visto afectados económicamente, deben seguir pagando”, precisó el funcionario.
El decreto para estos contratos busca que arrendadores y arrendatarios lleguen a unos acuerdos con tres principios fundamentales: no puede haber desalojo, no puede existir incremento en la tarifa, no puede haber penalidad ni intereses de mora.
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El ministro de Vivienda manifestó qué pasa cuando se habla de un contrato que está por vencerse. Explica que este se renueva por el tiempo que dure la emergencia.
La renovación automática no será efectiva únicamente si hay acuerdo entre ambas partes.
“La disyuntiva real a la que se enfrenta el propietario de un predio es, o negociar con el inquilino que tiene hoy en día, o tener el predio vacío porque el mercado hoy está seco. En ese sentido es mucho mejor negociar”, puntualizó.
Recuerde que, si lo están presionando para desalojar, puede acudir a la Policía, institución que se encargará de protegerlo.
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