La figura de la anticresis, un modelo de negocio jurídico regulado por el artículo 2458 del Código Civil colombiano, ha ganado una popularidad creciente en diversas regiones del país, especialmente en departamentos como Boyacá y Nariño. Conocida también como "empeño" de vivienda, esta modalidad permite que un ciudadano entregue una suma considerable de dinero a cambio del usufructo de un bien inmueble por un tiempo determinado, con la promesa de que el capital será devuelto al finalizar el contrato. No obstante, esta alternativa financiera se ha transformado en una fuente constante de denuncias por su mal uso.Séptimo Día conoció que en el departamento de Boyacá, las autoridades y la comunidad han puesto su atención sobre Nidia Amparo Rincón Ortiz, una mujer que, según registros judiciales, acumula más de 100 procesos en su contra en por lo menos nueve juzgados de Duitama. Los señalamientos apuntan a presuntas irregularidades y engaños sistemáticos bajo el contrato de anticresis.Rogelio Barrera Plazas, un técnico de 71 años, entregó 30 millones de pesos, los ahorros de toda su vida, por un apartamento. El contrato, autenticado en notaría en julio de 2019, establecía que el inmueble estaba libre de deudas o afectaciones legales. Sin embargo, en diciembre de 2022 la situación cambió drásticamente."Cualquier día, llega personal del juzgado tercero civil que a embargar el apartamento. Entonces, a mí me cogen de sorpresa porque, ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de anticresis?", relató.Ante el reclamo, Barrera afirmó que la mujer le dijo que "tranquilo Rogelio que que yo le pongo un abogado que le ayude", pero la ayuda nunca llegó.Otras denuncias contra la señaladaLa investigación evidenció que Nidia Amparo Rincón Ortiz presuntamente utilizó el mismo inmueble para realizar contratos simultáneos con diferentes personas. Diana Janet Labrador, otra de las afectadas, entregó 11 millones de pesos por el mismo apartamento donde ya residía Rogelio. Labrador no tenía conocimiento de que ya existía un contrato previo ni de que el bien tenía una medida cautelar por hipoteca desde febrero de 2021. Una tercera mujer, que optó por el anonimato, también reportó haber firmado un contrato por el mismo lugar.Otros ciudadanos en Duitama describieron situaciones similares. Jason Robles Fonseca, de 40 años, denunció la pérdida de 30 millones de pesos entregados para una vivienda que nunca le fue terminada ni entregada."Tengo perdidos 30 millones de pesos que eran mis ahorros parte de mis cesantías".Por su parte, Astrid Yolanda Escamilla entregó 20 millones de pesos antes de descubrir que la propiedad estaba embargada. "Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado y ella antes pasa y lo mira uno y se ríe", denunció.En la lista de denunciantes también aparecen Elsa Janet Dueñas y María Estela Guarín, quienes en 2020 entregaron 20 millones de pesos cada una por un apartamento que nunca les fue entregado y que, según descubrieron después, había sido ofrecido a ambas con apenas un mes de diferencia.Esto contestó la señaladaSéptimo Día buscó a Nidia Amparo Rincón para preguntarle por los señalamientos. La mujer calificó las acusaciones como “una mentira”. Frente a la existencia de más de 100 procesos judiciales en su contra en los juzgados de Duitama, sostuvo que “todos esos procesos no están activos. Sí, estuvieron, pero ya se arreglaron” y agregó que otros casos se encuentran actualmente en etapa de transacción.Sobre el caso de Rogelio Barrera, admitió que hipotecar un bien ya comprometido en anticresis fue una falta: "Hay que solucionarle a él...". Asimismo, afirmó que para solucionar el caso de otros afectados, ha propuesto la entrega de lotes de terreno. Aunque reconoce que no poseen licencias de construcción: "Nadie le está diciendo que ahí puede construir... son para que los vendan".Luego, expresó un mensaje de arrepentimiento al declarar: "Yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé". Por su parte, su abogado defensor, Edwin Fernández Acosta, reconoció que Rincón "se equivocó" y calificó los hechos como "errores contractuales" que están intentando solucionar.Denuncias similares por contratos de anticresis en PastoEn Pasto, Nariño, otra mujer identificada como Esmeralda Liliana Villota enfrenta al menos 28 denuncias ante la Fiscalía por delitos como estafa en menor cuantía, falsedad en documento público y abuso de confianza.Ángela Patiño, regente de farmacia, entregó 44 millones de pesos tras años de ahorro con la esperanza de tener una cuota inicial para su casa propia. Relató que "como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, yo dije: 'No, pues voy a tratar de ahorrar para poder anticresar, luego así tener la cuota inicial'".La mujer terminó viviendo en un apartamento que Villota había alquilado a la familia de Janeth Melo. Cuando la verdadera administradora reclamó el pago del arriendo, Villota respondió: "La señora con toda la frescura dijo: 'No solo a ustedes les debo, a muchas personas. Yo le voy a pagar a usted, doña Janeth. A usted le voy a devolver su dinero'". Hoy, Ángela enfrenta una orden de restitución judicial.El vacío legal de la anticresisLa anticresis es una figura legal regulada por el artículo 2458 del Código Civil colombiano, que permite a un acreedor gozar de los frutos de un bien raíz que se le entrega para pagar una deuda. No obstante, expertos como el abogado Jorge Orlando León y legisladores como el senador Jairo Alberto Castellanos advierten que la falta de actualización de esta norma, que data de hace un siglo, facilita este tipo de abusos. Castellanos señaló: “Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar, porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien viene siendo perjudicada". Por ahora, las víctimas en ambas regiones del país esperan justicia y la recuperación de sus ahorros.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La anticresis es una figura legal poco conocida en gran parte de Colombia, pero su mal uso en algunas regiones se está convirtiendo en el drama de cientos de familias. Esta modalidad, también llamada “empeño”, consiste en un acuerdo mediante el cual una persona entrega una suma de dinero a otra a cambio del usufructo de un bien inmueble por un tiempo determinado.Al finalizar el plazo pactado, el inmueble debe ser restituido a su propietario y el dinero devuelto íntegramente a quien lo entregó. Sin embargo, Séptimo Día conoció casos en los que esta práctica, creada como una alternativa legal, habría sido utilizada para cometer presuntos engaños que dejaron a decenas de ciudadanos sin sus ahorros.¿Qué es y cómo funciona un contrato de anticresis?El contrato de anticresis está regulado por el artículo 2458 del Código Civil colombiano. Según el abogado especialista en derecho civil, Jorge Orlando León, esta figura permite que quien recibe el inmueble se “beneficie”, mientras que la otra parte obtiene una cantidad de dinero con el compromiso de restitución. Además, en regiones como Nariño, es un método tradicionalmente escuchado desde hace décadas para facilitar el acceso a vivienda o capital.El drama de las familias en PastoEn la capital de Nariño, las denuncias se centran en Esmeralda Liliana Villota Guerrero, quien acumula 28 procesos en la Fiscalía por delitos como estafa en menor cuantía, falsedad en documento público y abuso de confianza. Una de las víctimas es Ángela Patiño, una regente de farmacia que entregó 44 millones de pesos tras años de trabajo y un préstamo bancario. Ella relató su motivación inicial: "Como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, pues yo dije: 'Voy a tratar de ahorrar para poder anticresar, luego así tener la cuota inicial'".El engaño se descubrió cuando la verdadera administradora del apartamento, Janeth, le exigió el desalojo por falta de pago del arriendo por parte de Villota. Según las investigaciones, Villota arrendaba inmuebles a terceros y luego los ofrecía en anticresis como si fueran propios.Al ser confrontada por las víctimas, Ángela afirmó que “la señora con toda la frescura dijo: no solo a ustedes les debo, a muchas personas. Yo le voy a pagar a usted, doña Janeth. A usted le voy a devolver su dinero'". No obstante, el dinero no ha sido devuelto y las víctimas enfrentan órdenes de restitución judicial.Casos similares en Pasto incluyen a Camilo, un estudiante de enfermería que entregó 20 millones de pesos, y a Catherine Ordoñez, quien perdió 16 millones bajo la misma modalidad. Catherine describió a la señalada como "una estafadora que no mira sus acciones y como le causa daño a la gente". Otra joven afectada, entregó 20 millones de pesos tras ver un anuncio en redes sociales y terminó recibiendo avisos de desalojo por deudas de arriendo que ella desconocía.Irregularidades en DuitamaEn el departamento de Boyacá, los señalamientos recaen sobre Nidia Amparo Rincón Ortiz, quien enfrenta más de 100 procesos judiciales en diversos juzgados. Uno de los casos más críticos es el de Rogelio Barrera, un técnico de 71 años que entregó 30 millones de pesos. El drama de Rogelio comenzó cuando personal judicial llegó a su vivienda: "Cualquier día, llega personal del juzgado tercero civil que a embargar el apartamento. Entonces, a mí me cogen de sorpresa porque, ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de anticresis?".La investigación reveló que Rincón presuntamente hipotecó el inmueble después de haber firmado el contrato con Rogelio y, además, lo anticresó a otras personas. Diana Janet Labrador es una de esas personas, quien entregó 11 millones de pesos por el mismo apartamento donde vivía Rogelio. “Ella optó por nunca volver a responder mis mensajes ni llamadas. Es una estafadora, no es una persona correcta”, denunció.Por su parte, Jason Robles Fonseca, de 40 años, denunció la pérdida de 30 millones de pesos entregados para una vivienda que nunca le fue terminada ni entregada. Jason afirmó: "Tengo perdidos 30 millones de pesos que eran mis ahorros parte de mis cesantías".Astrid Yolanda Escamilla, de 52 años, también entregó 20 millones de pesos antes de enterarse de que el apartamento ofrecido estaba embargado. Sobre su situación con Rincón, Astrid declaró: "Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado y ella antes pasa y lo mira uno y se ríe".¿Qué dicen las señaladas?El 24 de enero de 2026, el equipo de Séptimo Día entrevistó a Nidia Amparo Rincón sobre las múltiples denuncias y procesos en su contra. Ella calificó las acusaciones como una mentira, asegurando que los procesos no están activos: "No, sí estuvieron, pero ya se arreglaron".Sobre el caso de Rogelio Barrera, admitió que hipotecar un bien ya comprometido en anticresis fue una falta: "Hay que solucionarle a él...". Asimismo, afirmó que para solucionar el caso de otros afectados, ha propuesto la entrega de lotes de terreno. Aunque reconoce que no poseen licencias de construcción: "Nadie le está diciendo que ahí puede construir... son para que los vendan".Finalmente, pidió perdón públicamente: "Yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé". A diferencia de los otros casos en Pasto, Esmeralda Liliana Villota no respondió a los llamados ni fue posible localizarla.Expertos y legisladores coinciden en que la antigüedad de la norma facilita estos abusos. El senador Jairo Alberto Castellanos señaló que, aunque la figura existe para un fin lícito, requiere una actualización legislativa urgente debido al alto número de personas perjudicadas. Castellanos se comprometió a revisar el tema desde el Congreso: "Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar, porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien viene siendo perjudicada".Por ahora, las víctimas en ambas regiones esperan que avancen los procesos penales por presuntos delitos como estafa agravada y captación ilegal de dinero. Mientras las investigaciones siguen su curso, la incertidumbre y la angustia continúan marcando sus vidas. Para muchos, como Ángela Patiño, la pérdida va más allá de lo económico: “Para algunos serán solo 44 millones; para mí son muchos años de trabajo. Habérselos entregado a una señora malintencionada es muy duro, la verdad”.Diana Janet Labrador comparte el mismo anhelo: “Que me devuelva el dinero para poder ir a hablar con los bancos, negociar con ellos y terminar esta pesadilla”.Para estas familias, esta figura legal creada como alternativa de vivienda terminó, según los denunciantes, convertida en un mecanismo que puso en riesgo su patrimonio y la tranquilidad de decenas de hogares.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
En Duitama, Boyacá, un hombre de 71 años libra una batalla contra un sistema legal que parece haberle dado la espalda. Don Rogelio Barrera Plazas, un técnico electromecánico que dedicó décadas de su vida al trabajo pesado, se encuentra hoy en el centro de una tragedia habitacional derivada del mal uso de la anticresis, una figura jurídica contemplada en el Artículo 2458 del Código Civil colombiano que data de finales del siglo XIX. Lo que comenzó como la búsqueda de un techo digno para su vejez se transformó en un laberinto judicial que amenaza con dejarlo en la indigencia. Séptimo Día investigó su caso.El sacrificio de una vida en manos de tercerosEl sueño de estabilidad de don Rogelio se desmoronó. Al no contar con una pensión, el técnico decidió que la mejor forma de asegurar su futuro era a través del "empeño" de una propiedad, nombre coloquial con el que se conoce a la anticresis en varias regiones de Colombia. Bajo esta modalidad, una persona entrega una suma de dinero a un propietario a cambio de ocupar y disfrutar de un inmueble durante un tiempo determinado, tras el cual el dinero debe ser devuelto íntegramente.En julio de 2019, Rogelio encontró una oferta en redes sociales para un apartamento en el edificio Emmanuel. La propietaria, identificada como Nidia Amparo Rincón Ortiz, le solicitó $30 millones de pesos por el contrato. Como no contaba con la suma total, Rogelio relató cómo fue la negociación: "Le puedo dar $20 ahora y me da una esperita de unos 8 días para entregarle los otros $10". Tras completar el pago, el contrato se firmó y autenticó en una notaría, otorgándole una aparente seguridad jurídica, pero tres años después todo cambió.El despertar de una pesadilla: "Me cogen de sorpresa"La estabilidad de don Rogelio quedó en un limbo el 18 de diciembre de 2022. Sin previo aviso, funcionarios del juzgado tercero civil se presentaron en su puerta con una orden de embargo. El apartamento que habitaba y por el cual había entregado los ahorros de toda su vida estaba en proceso de remate debido a una hipoteca que Nidia Rincón había adquirido a sus espaldas.El desconcierto del adulto mayor fue total: "¿Cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de anticresis?", cuestionó Rogelio en aquel momento. Al buscar explicaciones de la propietaria de la vivienda, la respuesta fue una promesa de ayuda legal que nunca llegó. "Yo la busqué ahí mismo y fui. Le dije '¿Cómo me va a hacer eso?'. Que tranquilo me dijo, 'tranquilo, tranquilo Rogelio que yo le pongo un abogado que le ayude'". Sin embargo, el abogado nunca apareció y el dinero tampoco.Hoy, la situación de don Rogelio es muy complicada, ya que los $30 millones de pesos invertidos representan su único patrimonio. "Yo tengo mi dinero aquí metido en el apartamento y mientras no me entreguen el dinero difícilmente me voy. ¿Por qué? Porque yo soy un viejo ya de 72 años, ya nadie me da trabajo", señaló con dolor, dejando claro que desocupar el inmueble significa quedar en la calle absoluta.Modalidad de engaño que estaría afectando a decenas en BoyacáEl caso de don Rogelio no es un hecho aislado, sino que sería parte de un patrón de comportamiento de Nidia Amparo Rincón Ortiz. En Duitama, otras víctimas han denunciado situaciones similares donde el mismo inmueble era ofrecido a múltiples personas simultáneamente o se ocultaban gravámenes sobre las propiedades.Diana Janeth Labrador, otra de las afectadas, le entregó $11 millones de pesos a Rincón por el mismo apartamento donde ya vivía Rogelio, sin saber que el inmueble ya tenía una medida cautelar por hipoteca desde febrero de 2021. Séptimo Día conoció que en el Palacio de Justicia en la ciudad de Duitama cursan más de 100 procesos contra Nidia Amparo Rincón Ortiz por diferentes motivos en por lo menos nueve juzgados.Otra mujer que denuncia a Nidia Rincón es Astrid Yolanda Escamilla, quien asegura que también cayó en este presunto engaño. Astrid solicitó un préstamo bancario de $20 millones para una anticresis con Rincón, solo para descubrir días después que el apartamento estaba embargado. La frustración de las víctimas es evidente al ver la actitud de la señalada: "A mí me debe $20 millones y hay mucha gente que le debe muchísimo más. Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado, ella antes pasa y lo mira uno y se ríe", relató Escamilla.La defensa de la implicada y el vacío legislativoAl ser confrontada por Séptimo Día, Nidia Amparo Rincón Ortiz calificó inicialmente las denuncias como una mentira, aunque posteriormente admitió que su proceder no fue el correcto. Al ser cuestionada sobre por qué firmó contratos de anticresis sobre un mismo apartamento con varias personas, respondió: "Bien no está". A pesar de los procesos penales que enfrenta, la mujer ofreció disculpas: "Yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé".Este fenómeno ha puesto en la mira la vigencia de la anticresis en el Código Civil. Expertos señalan que, aunque es una figura legal, su falta de actualización y la ausencia de registros estrictos permiten que personas inescrupulosas la utilicen para captar dinero de ciudadanos de escasos recursos o adultos mayores sin las garantías suficientes. El senador Jairo Alberto Castellanos reconoció la urgencia de una revisión normativa: "Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien siendo perjudicada".Para don Rogelio, las promesas de cambios legislativos llegan tarde. Su lucha es diaria, viviedno un espacio que legalmente ya no le pertenece a quien se lo arrendó, pero que él defiende. Su único objetivo es recuperar lo que le pertenece para terminar con lo que él mismo define como una agonía constante: "Que me devuelva el dinero para yo poder ir a hablar en los bancos, negociar con ellos y ya terminar esta pesadilla".*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La anticresis, una figura legal poco conocida pero muy usada en regiones como Nariño y Boyacá, se ha convertido en el centro de una serie de denuncias por presuntas estafas que han dejado a decenas de familias colombianas en la calle y sin los ahorros de toda su vida. Bajo esta modalidad, también conocida como "empeño", una persona entrega una suma de dinero a otra a cambio del usufructo de un bien inmueble por un tiempo determinado, tras el cual el dinero debe ser devuelto. Sin embargo, investigaciones de Séptimo Día en Pasto y Duitama revelan un patrón de engaños donde los inmuebles ofrecidos no pertenecían a quienes cobraban por ellos o estaban embargados.El drama en PastoEn la capital de Nariño, el nombre de Esmeralda Liliana Villota Guerrero se repite en al menos 28 denuncias ante la Fiscalía por delitos como estafa en menor cuantía, falsedad en documento público y abuso de confianza. Una de las afectadas es Ángela Patiño, una regente de farmacia que entregó 44 millones de pesos tras años de esfuerzo. "Como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, mi propia casa, pues yo dije, 'no, pues voy a tratar de ahorrar para poder anticrezar, luego así tener la cuota inicial'", relata la mujer, quien terminó viviendo en un apartamento que Villota simplemente había arrendado a terceros.La situación de Ángela se tornó crítica cuando la verdadera administradora del inmueble, Janeth, le exigió la desocupación por falta de pago del arriendo por parte de Villota. Al confrontarla, la respuesta fue desalentadora: "La señora con toda la frescura dijo, 'no solo a ustedes les debo, a muchas personas. Yo le voy a pagar a usted, doña Janeth. A usted le voy a devolver su dinero'". Hoy, Ángela enfrenta una orden de restitución judicial y la pérdida de su capital: "Es muy duro, la verdad, habérselos entregado a una señora malintencionada que no se sabe lo que hizo, se los comió así fácil".Historias similares se replican en la zona. Camilo, un estudiante de enfermería, entregó 20 millones de pesos por una habitación y luego descubrió que el dueño real no tenía conocimiento del negocio. "Este apartamento no es de esa señora... este apartamento es mío", le dijo el propietario al tocar su puerta. Otra víctima, Catherine Ordoñez, perdió 16 millones bajo la misma modalidad. "Obviamente una estafadora que no mira sus acciones y como le causa daño a la gente", afirma la joven de 22 años, quien también debió desalojar el lugar.Otros procesos y otra señalada en DuitamaEn Boyacá, los señalamientos recaen sobre Nidia Amparo Rincón Ortiz, quien acumula más de 100 procesos judiciales en su contra. Rogelio Barrera, un técnico de 71 años, entregó 30 millones de pesos por un apartamento que Rincón hipotecó posteriormente sin su consentimiento. "Cualquier día, llega personal del juzgado tercero civil que a embargar el apartamento. Entonces, a mí me cogen de sorpresa porque, ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de anticresis?", recuerda.La investigación evidenció que Rincón presuntamente anticrezó el mismo inmueble a varias personas simultáneamente. Diana Janet Labrador entregó 11 millones por el apartamento donde ya vivía Rogelio, mientras que otra mujer, que prefirió el anonimato, contó en Séptimo Día que también firmó contrato por el mismo lugar. Astrid Yolanda Escamilla, otra denunciante, alcanzó a entregar 20 millones antes de descubrir que la propiedad estaba embargada. "Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado y ella antes pasa y lo mira uno y se ríe", denuncia Astrid.¿Qué dicen las señaladas?Al ser abordada, Nidia Amparo Rincón Ortiz calificó las acusaciones como "una mentira" y aseguró que los múltiples procesos judiciales en su contra no están activos: "No, sí estuvieron, pero ya se arreglaron". Sobre el caso de Rogelio Barrera, admitió que hipotecar un bien ya comprometido en anticresis fue una falta: "Hay que solucionarle a él...". Como alternativa de pago para otros afectados, ha ofrecido lotes de terreno, aunque sin claridad sobre sus licencias: "Nadie le está diciendo que ahí puede construir... son para que los vendan". Finalmente, pidió perdón a quienes la han demandado por estafa de menor cuantía: "Yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé".De otro lado, el intento de obtener una respuesta de Esmeralda Liliana Villota en Pasto ha sido infructuoso, sus números de contacto permanecen inactivos. El vacío legal de la anticresisAunque la anticresis es una figura legal regulada por el artículo 2458 del Código Civil colombiano, expertos señalan que su falta de actualización legislativa facilita estos abusos. El abogado Jorge Orlando León explica que el contrato permite a una parte explotar un inmueble a cambio de dinero y con el compromiso de restitución. No obstante, el senador Jairo Alberto Castellanos advierte sobre la necesidad de reformas: "Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar, porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien viene siendo perjudicada".Mientras se tramitan las denuncias y el Congreso evalúa cambios en la ley, las víctimas solo esperan justicia y la recuperación de su patrimonio. "Para algunos serán solo 44 millones, para mí son muchos años de trabajo... es muy duro, la verdad", sentencia Ángela Patiño.
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