El Bajo Cauca antioqueño, una de las regiones más biodiversas de Colombia, se desangra lentamente bajo el peso de una fiebre del oro que no enriquece, sino que destruye. En El Bagre, municipio en la ribera del río Nechí, la extracción ilegal de oro ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad devastadora. Allí, donde el agua debería ser fuente de vida, hoy es un cauce contaminado por mercurio, arrasado por dragas ilegales y testigo de una lucha desigual entre la legalidad y el crimen organizado.
El equipo de Los Informantes viajó hasta El Bagre para documentar la magnitud de la tragedia. A bordo de una lancha, recorrieron el Nechí, un río que alguna vez fue símbolo de riqueza natural y que hoy es una herida abierta. La bióloga Brigitte Baptiste, reconocida por su defensa de la biodiversidad, acompañó la travesía junto a representantes de Mineros S.A., la única empresa legal que opera en la zona.
El panorama es desolador: 96 dragas ilegales, estructuras grandes comparables con edificios de ocho pisos, operan día y noche sin descanso. “Tú ves acá al frente de El Bagre construyendo más dragas o en un tránsito de combustible enorme… y no hay ningún control”, denunció Santiago Cardona, vicepresidente de Mineros S.A.
Estas dragas no solo destruyen el lecho del río, sino que emplean mercurio para separar el oro de los sedimentos, un metal pesado que contamina el agua, envenena la fauna y pone en riesgo la salud de miles de personas.
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La problemática de la extracción ilegal de oro
Mineros S.A., con 14 dragas legales, intenta resistir en un entorno cada vez más hostil. “Soy orgullosamente minero, pero la minería es una actividad legal, sostenible y que genera valor a la sociedad”, afirmó Cardona. Sin embargo, reconoce que la situación es crítica: “Esta minería ilegal, esta extracción ilícita es cuatro o cinco veces más grande que nosotros”.
La desigualdad en las condiciones es abismal. Mientras Mineros S.A. debe cumplir con estrictas regulaciones ambientales y sociales, los ilegales operan sin restricciones, sin seguridad industrial, y en muchos casos, hasta con menores de edad.
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El oro del conflicto
La Procuraduría General de la Nación alertó en diciembre de 2024 que la extracción ilícita de minerales ha crecido un 93% en los últimos cinco años. Entre el 80 y el 85% del oro que se exporta desde Colombia tiene origen ilegal, y el 70% de ese oro está vinculado a grupos armados ilegales. “¿Ese oro termina financiando el conflicto? Sí”, afirmó.
El oro del Bajo Cauca no solo destruye el medio ambiente, también alimenta las arcas del Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales.
Una riqueza que no deja nada
El contraste entre la riqueza que se extrae y la pobreza que queda es impresionante. “¿Qué queda en el territorio de ese dinero? Nada”, lamentó Cardona. Mientras Mineros S.A. reporta una producción de entre 2,5 y 3 toneladas de oro al año, las cifras de exportación alcanzan las 50 o 60 toneladas. La diferencia, evidentemente, proviene de la ilegalidad.
“A veces nos sentimos muy solos, muy solos por el Estado, muy solos con la opinión pública que a veces nos estigmatiza como mineros legales y que definitivamente la ilegalidad nos está ganando”, confesó el vicepresidente.
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Un panorama ambiental desolador
Desde el aire, la magnitud del desastre es aún más evidente. Los Informantes sobrevoló el río Nechí junto a la bióloga Brigitte Baptiste. Lo que vieron fue estremecedor: un territorio arrasado, cicatrices profundas en la tierra, cráteres, lagunas y un río que ha perdido su cauce natural.
“El Bagre es incluso solo un pedacito de lo que es el país de la extracción ilegal de oro especialmente”, explicó Baptiste. "Son unas cicatrices casi que irreversibles y es bien triste, bien frustrante ver esas cicatrices”, contó el vicepresidente.
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La diferencia entre lo legal y lo ilegal
En medio del caos, hay una diferencia visible. De un lado, las hectáreas rehabilitadas por Mineros S.A., verdes y vivas. “Área que tocamos, área que rehabilitamos y además de eso compensamos en capacidad ecosistémica y diversidad. Cada hectárea que tocamos son siete hectáreas que compensamos”, explicó Cardona.
Del otro lado, la tierra arrasada por la extracción ilegal: sin vegetación, sin fauna, sin futuro. “La actividad ilegal no tiene ningún parámetro técnico, tiene un capital infinito para reinvertir en la extracción por encima de las normas, por encima de la gente y eso hace que sean miles de hectáreas las que son consumidas por ese extractivismo ilegal”, denunció Baptiste.
Nechí significa oro natural, río de oro y lo que se ve desde el aire es desolador.
"En cierta forma, lo que estamos atestiguando es el fin del mundo, el fin de un tiempo de extractivismo en el cual las sociedades y las personas como que vivimos de lo que había acumulado el planeta durante millones de años”, contó Baptiste.
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La situación del río Nechí es un ejemplo claro: “¿Qué le pasa a un río como el río Nechí cuando se hace extracción ilegal? Pues lo primero es que las dragas las ubican en el cauce del río y van comiéndose la ribera para extraer el oro… hay una intoxicación de los alimentos con mercurio y una afectación de toda la biodiversidad”, añadió la bióloga.
Consecuencias que ya se sienten
Las consecuencias no son futuras, ya están ocurriendo. Las lluvias intensas de los últimos meses han evidenciado la fragilidad del ecosistema. Las inundaciones río abajo, hasta la desembocadura en el Cauca, afectan a miles de personas.
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La ausencia institucional es evidente. No hay control sobre el tránsito de insumos, no hay vigilancia sobre las dragas, no hay protección para las comunidades. La extracción ilegal de oro avanza sin freno, mientras la legalidad retrocede.
“Mineros S.A. puede dejar de existir porque si no atendemos esa situación de ilegalidad como Estado, no va a haber una empresa legal que pueda soportar eso”, advirtió Cardona.
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