Absuelven a salvadoreña acusada de intentar matar a su bebé por sufrir un parto espontáneo

Imelda Cortez duró casi dos años en prisión tras ser juzgada por supuesto aborto. Había quedado embarazada por violaciones de su padrastro.

"Juez de tribunal de sentencia de Usulután absuelve a Imelda Cortez. Libertad", escribió en Twiter Bertha María Deleón, la abogada que comandó la defensa de la joven, que pasó 20 meses encarcelada por el caso.

El juicio tuvo un giro inesperado luego que la Fiscalía solicitó al tribunal "un proceso abreviado" y cambió la tipificación del delito de tentativa de homicidio a "abandono y desamparo de personas" en perjuicio de su hija, por lo que pidió la condena de un año de cárcel y no 20, como había solicitado originalmente.

La Fiscalia explicó en un comunicado que cambió del delito se dio por la nueva "política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres".

Después de que el juez declarase su inocencia, Imelda fue liberada "de inmediato" tras haber pasado un año y ocho meses en prisión preventiva, anunció el portavoz de la Agrupacion Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapeútico Ético y Eugenésico (ACDATE), Jorge Menjívar. 

"Sabemos que Imelda no cometió ningún delito y por eso debe quedar en absolución total, recobrando la libertad que se le ha negado por un delito que no ha cometido", declaró horas antes del veredicto a la AFP Keyla Cáceres, una de sus abogadas.

La letrada recordó que Cortez quedó embarazada producto de las agresiones sexuales que sufrió a lo largo de siete años por su padrastro, quien se encuentra detenido a la espera de juicio.

La acusación

La acusación fiscal afirma que el 17 de abril de 2017 la joven buscó ayuda médica en el hospital nacional de la ciudad de Jiquilisco, departamento de Usulután, por sufrir una hemorragia.

"Al ingresarla, una doctora diagnosticó que la fémina había tenido un parto extrahospitalario, pues además habían llevado la placenta", consignó un comunicado del Centro Judicial.

Cortez lo justificó diciendo "que sintió que le salió algo cuando estaba en el servicio (sanitario)".

El Salvador cuenta con una ley antiaborto muy severa que criminaliza a las mujeres aún en situaciones como el parto extrahospitalario de Cortez, por lo que el sanatorio donde fue atendida informó a la policía.

Agentes policiales y soldados inspeccionaron entonces la fosa séptica en la vivienda de la joven, en la localidad rural de El Paraíso, donde escucharon el llanto de la recién nacida "llena de heces y de polvo blanco".

La bebé fue trasladada al hospital y sobrevivió.

Según el parte judicial, Imelda Cortez negó inicialmente haber dado a luz, y arrojó a la bebé a la fosa séptica, lo que "configura el delito de homicidio agravado tentado".

Desde 2017, Cortez se mantiene bajo detención provisional en el centro penal de San Miguel, en el este del país.

"Se hizo justicia"

Tras la absolución, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) aseguró que "se ha hecho justicia" y celebró que Cortez quedara "absuelta y libre".

Para Fespad, el fallo de este lunes es "un primer paso en la búsqueda de justicia para Imelda".

"El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima primero de la violación, en condición de pobreza, y segundo víctima de un sistema judicial criminalizador, patriarcal e injusto", agregó Fespad en un comunicado.

La defensa de Cortez arremetió contra la ley antiaborto de El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando es producto de una violación o corre peligro la vida de la mujer.

"Imelda representa a las niñas y jóvenes adolescentes que tienen una vulneración de sus derechos humanos en su totalidad. Vemos cómo el Estado, por medio de la penalización absoluta del aborto, condena a mujeres como Imelda, las mete en prisión y otras terminan muertas sin que se conozcan sus nombres", aseguró la abogada Cáceres.

Bajo la consigna "libertad para Imelda", agrupaciones feministas se manifestaron frente al tribunal que ventiló el caso que acaparó la atención de los organismos humanitarios.